Consejo de Cuentas fiscalizará los planes antidespoblación

Rubén Abad
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Examinará los programas presupuestarios de ayuntamientos y diputaciones destinados a este gran problema del medio rural y analizará la evolución de los últimos 15 años en la región

Consejo de Cuentas fiscalizará los planes antidespoblación

El Consejo de Cuentas fiscalizará por vez primera las medidas contra la despoblación aprobadas en las Cortes para lo que examinará los programas presupuestarios destinados a la lucha contra la pérdida de población y los que puedan estar relacionados con esta materia. 
También se analizarán las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados por los ayuntamientos y diputaciones en esta materia, así como el establecimiento de indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos y la eficacia alcanzada. Entre los objetivos específicos de esta «novedosa» fiscalización, destaca el establecimiento de las tendencias poblacionales de la Comunidad en los últimos 15 años, así como su relación con indicadores y magnitudes de actividad económica y de servicios. 
También se analizarán las actuaciones, medidas y políticas promovidas por las administraciones públicas y se verificará la aplicación por las administraciones locales y provinciales, especialmente durante los últimos seis años, de políticas contra la despoblación y su plasmación en reglamentos, ordenanzas y otras disposiciones y acuerdos. En concreto, se estudiará la ejecución de los gastos y programas relacionados con la despoblación. 
La auditoría estudiará también la evolución de la población de la región en relación con el total nacional, tanto desde un punto de vista cuantitativo como en función de «determinadas variables», como estructura territorial, edad, migraciones, empleabilidad de licenciados o pensionistas que permitan un análisis cualitativo. De igual manera, el informe reflejará la evolución de los principales servicios prestados en los municipios, así como la evolución de los principales indicadores de actividad económica tales como la evolución de la participación del PIB regional en relación con la población, el mercado de trabajo, el número de empresas instaladas o el suelo industrial. 
Según han explicado desde el órgano que preside Mario Amilivia, este informe responde a uno de los objetivos del Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo, basado en acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales a través de auditorías que permitan la evaluación de resultados conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia.