La Consejería de Agricultura y Ganadería ya ha recibido más de 64.500 solicitudes de ayudas de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) durante este campaña, lo que supone el 95 por ciento de las previstas, y ha decidido ampliar el plazo de presentación hasta el día 10 de mayo. El consejero de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presidió ayer la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León en la que también participaron Asaja, la alianza Upa-Coag y UCCL y donde se dio a conocer la campaña de solicitudes únicas de la PAC actuales, que ya alcanza las 64.565, el 95 por ciento de las cerca de 68.000 que se esperan este año, informa Europa Press.
Pese a este buen ritmo de presentación de solicitudes, que en los últimos días ha superado ampliamente la cifra de 2.000 por jornada, con un máximo el pasado jueves de 3.335, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha decidido modificar la Orden que fijaba los plazos ampliando el periodo de presentación, que finalizaba ayer, 30 de abril, hasta el próximo viernes 10 de mayo inclusive. Así se atienden las peticiones realizadas por las organizaciones profesionales agrarias ante las condiciones meteorológicas de los últimos meses que, con la escasez de lluvias, han dificultado la toma de decisiones sobre los planes de siembra de los cultivos de primavera.
A partir del cierre del plazo de presentación, la Consejería de Agricultura y Ganadería pondrá a disposición de los agricultores las incidencias que se detecten en los controles administrativos preliminares de duplicidad de parcelas y solapes en las declaraciones gráficas, para que estos las puedan corregir sin que dé lugar a sanciones administrativas, antes del 31 de mayo. Este proceso se viene realizando en Castilla y León desde ejercicios pasados y tiene una gran importancia en la validación de los datos ya que, a su vez, redunda en una gestión más eficaz y ágil.
Durante el Consejo Agrario, Suárez-Quiñones dio a conocer, además, a los miembros del Consejo Agrario de Castilla y León el número de solicitudes recibidas en la última convocatoria de incorporación de jóvenes y planes de mejora de explotaciones, que se cerró el pasado mes de marzo. Para la misma, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha recibido un total de 2.100 peticiones, de las cuales 975 corresponde a incorporación de jóvenes, lo que supone un 2 por ciento más que las presentadas en la convocatoria anterior, y que plantean una inversión total de 56,5 millones, con una ayuda estimada cercana a los 50 millones.
En cuanto a modernización, se han recibido 1.125 peticiones para llevar a cabo obras por valor de 88 millones. La ayuda, en este caso podrá llegar a los 36 millones. De este modo, en esta convocatoria, la Consejería de Agricultura destinará más de 80 millones de euros en ayudas para incorporación de jóvenes al campo y apoyar las inversiones en explotaciones agrarias.
Críticas de las opas
La Unión de Campesinos de Castilla y León solicitó ayer una modificación en los criterios para determinar la reducción de módulos fiscales para el sector agrario y ganadero. La organización agraria reconoció el «esfuerzo» de la Administración por las reducciones aplicadas, pero las consideró «insuficientes» en determinados sectores productores. Asimismo, UCCL lamentó que se siga empleando el mismo método que en años anteriores, una reducción en función de los partes de incidencias de seguros en vez de basada en las condiciones agronómicas de los cultivos por comarcas agrarias y regiones.
El BOE publicó ayer la Orden por la que se reducen para el período impositivo 2018 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
Por su parte, la Alianza UPA-COAG reclamó al Gobierno que la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva (módulos) del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para actividades agrícolas y ganaderas en el periodo impositivo de 2018, incluya también al sector ovino y caprino. La organización denunció que esta actividad no se incluye en la orden que regula las reducciones, cuando «es uno de los sectores que más ha sufrido la crisis de precios».