El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió hoy la “diligencia y eficacia” del operativo para la extinción del incendio que se inició este verano en la localidad abulense de Navalacruz, y que quemó más de 22.000 hectáreas de la Sierra de la Paramera, porque “no se podía haber hecho técnicamente mejor con los medios disponibles”.
En respuesta a la pregunta formulada por el procurador socialista, Miguel Hernández, en relación a la posibilidad de que los daños causados por el incendio hubiesen sido menores con “una actuación diferente y un uso mejor de los medios disponibles”, Suárez-Quiñones contestó que no, y mantuvo su confianza en “las decisiones tomadas por la dirección técnica del incendio, cumpliendo con los protocolos y los planes establecidos”.
Hizo por ello una defensa el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la actuación del operativo “para apagar el incendio y evitar al máximo los daños”, que recordó “no causó pérdidas humanas y no se quemó ninguna casa” gracias a la coordinación, desde el puesto de mando avanzado y los puestos de mando provincial, de la Junta, el MITECO, la UME, la Guardia Civil, la Diputación y los ayuntamientos para “dirigir a más de 1.200 personas y 40 medios aéreos”.
Una estructura de coordinación que Suárez-Quiñones afirmó que “ha apagado más de 800 incendios en Castilla y León en lo que va de año” y cuya rápida actuación ha permitido que “el 72 por ciento de ellos se quedaran en conatos”, algo que mejora la media nacional y que “no es fácil en una extensión de 95.000 kilómetros cuadrados como tiene Castilla y León”.
Es por ello que señaló que lo sucedido en Navalacruz tuvo más que ver con que el incendio se produjo “en unas condiciones sin precedentes, con una humedad menor al tres por ciento, vientos sostenidos de 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 70, y temperaturas de 38 grados”. “En esas condiciones, el incendio queda fuera de la ventana de su extinción para este operativo y para cualquiera”, expuso Suárez-Quiñones.
Una situación sobre la que, además, recordó que estaban avisados con una activación de la alarma “para evitar prácticas y actuaciones selvícolas” pero que no evitó este incendio que, en cualquier caso, no tuvo un resultado como los de Turquía, Grecia o Italia este verano, o Portugal y California en años precedentes, por la “buena coordinación de todos los medios y de las administraciones” que, apuntó, “reconoció el propio Pedro Sánchez” durante su visita al lugar del siniestro.
Más presupuesto y mejores condiciones
Opinó de forma contraria el procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Miguel Hernández, que recriminó al consejero su incomparecencia por el momento para hablar en el Parlamento autonómico del incendio y consideró que el operativo se podía haber llevado a cabo “de forma diferente para un daño menor”.
Y es que el de Navalacruz es “el cuarto incendio más importante de la historia de España, con muchos daños ambientales, sociales y económicos”, por lo que desde el PSOE consideran que “los daños hubieran podido ser menores con una mejor y más rápida actuación del plan de emergencias ante incendios forestales”.
“Lo dicen los alcaldes que hoy elogia y que no dejaron que ocuparan los puestos de mando como contempla el plan”, espetó Hernández a Suárez-Quiñones, afeando que en el operativo “los jefes de extinción no escucharon a los alcaldes y su conocimiento del terreno” por lo que, a pesar de que el incendio “quizá era inevitable”, sí se podía “haber quedado en algo mucho menor”.
Principalmente tras “años de recortes en brigadas de extinción de incendios, que cuentan con vehículos obsoletos y con provincias como Ávila que no están bien dotadas para combatir el fuego”. Un fuego que, según Hernández, “se apaga en invierno” pero que Castilla y León no ejecuta porque es “la única comunidad autónoma, junto a Murcia, que no tiene un operativo de extinción de incendios trabajando todo el año”.
“Hay que reflexionar sobre lo mal o muy mal que se están haciendo las cosas desde la Junta”, concluyó el procurador socialista, solicitando por ello al Gobierno autonómico que “dote de más presupuesto las políticas de prevención, regule las condiciones laborales del personal que trabaja en los operativos, reconozca la figura del bombero forestal y modifique el plan de prevención civil ante emergencias”.