Las Cortes instaron hoy a la Junta a que requiera al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que reconsidere la postura de la Confederación Hidráulica del Duero (CHD) de no prohibir la plantación de chopos en terrenos del dominio pública hidráulico cartográfico, tal y como establece el borrador del Plan Hidrológico del Duero, "para no ocasionar graves daños en la economía y el empleo de Castilla y León". En este sentido, la PNL, que salió adelante con 79 votos a favor a pesar del debate subido de tono, solicitó que la plantación de choperas se permitan con una distancia de cinco metros a la banda de vegetación natural próxima al cauce de aguas bajas, al igual que ocurre em las Confederaciones del Ebro y del Miño-Sil.
La responsable de presentar y justificar la proposición no de ley fue la procuradora Mercedes Cófreces, quien recordó que la cuenca del Duero concentra la mayor superficie de plantaciones de chopo en España, en torno a 41.300 hectáreas, superficie que produce las dos terceras partes de la madera para la industria a nivel nacional. Un dato que afeó la socialista Virginia Barcones, que elevó la cifra por encima de 53.000, de las que 49.000 son competencia de la Junta y el resto, de la CHD. Esta medida implicará una afección del 10,4 por ciento (4.279 hectáreas).
Cófreces continuó que Castilla y León cuenta además con unos 75.000 populicultores, mayoritariamente particulares, pero también de titularidad pública: el 48 por ciento de las choperas existentes están en manos de ayuntamientos y entidades locales menores, constituyendo su aprovechamiento la principal fuente de ingresos y el sostén de los necesarios servicios a su población.
El Plan Hidrológico para el periodo 2021-2027, ahora mismo en periodo de información pública, recoge que "no se permitirán las plantaciones de cultivos arbóreos" (plantaciones de variedades monoclonales en marcos regulares) en el cauce de los ríos, algo que sí permiten, explicó la procuradora, las confederaciones del Ebro y del Miño-Sil, si bien es cierto que dentro del Dominio Público Hidráulico cartográfico, pero con una distancia de cinco metros a la banda de vegetación natural próxima al cauce de aguas bajas.
Por último, Cófreces advirtió de pérdidas económicas de más de 20 millones de euros anuales y que pone en riesgo 1.300 empleos cada año, de los cuales 430 están en el medio rural.
La PNL fue respaldada por UPL. Su portavoz, Luis Mariano Santos, esgrimió razones de índole "económica y medio ambiental" en áreas como la de Valencia de Don Juan (León), pero también criticó que este hecho podría favorecer la laminación de avenidas y las capturas de CO2, entre otros, así como frenar una fuente ingresos para la entidades locales: solo en León, más de 150 juntas vecinas de 75 municipios diferentes.
Por último, consideró esta política un "atentado contra la supervivencia de las propias entidades menores y en contra del reto demográfico" y afeó la "incoherencia" con la Confederación del Ebro, que "fomenta la plantación".
También apoyó la PNL Ciudadanos. Alba Bermejo señaló que los planes de la CHD "están en contra de los intereses del medio rural" y acusó al Gobierno de "imponer su agenda ideológica" con una "nueva ocurrencia, arrasar con el cultivo del chopo".
Por último, la socialista Virginia Barcones sostuvo que este debate sobre el 8,5 por ciento del total de superficie de chopos en la Comunidad se traduce en que "al PP solo le interesa hablar del Gobierno, solo para servir en Pablo Casado, aunque naden en la incoherencia". Con una serie de láminas explicó que los chopos plantados junto al cauce de los ríos "causa problemas" que también "van en contra de los propietarios, madereros e industriales" y recordó que el vigente plan hidrológico lo aprobó el PP en 2016 y habla de "la prohibición total y absoluta de cultivos arbóreos en servidumbre". "¿Cuantas alegaciones presentaron a este Plan? Ni una sola. No tenían nada que decir porque anteponen los postulados del PP", sentenció Barcones, para acusar a PP y Cs de que "vengan leídos de casa".
Por último, vaticinó que "se va a armonizar la gestión de las confederaciones del Duero, del Ebro y Miño-Sil en la misma dirección". "Les garantizo que las tres confederaciones tendrán la misma normativa", pronosticó, a lo que la 'popular' Mercedes Cófreces se opuso porque quiere "llevarlo a su terreno y que las otras dos confederaciones también prohíban las plantaciones". En este sentido, la procuradora del PP rechazó la propuesta socialista de sustituir el tercer punto, que hablaba precisamente de "establecer iguales circunstancias en las tres cuencas". "Es falso el argumento que usted ha traído aquí", esgrimió Cófreces, aunque finalmente todos votaron de la mano.