El Partido Popular anunció ayer la presentación de sendas proposiciones no de ley (PNL) en el Congreso y las Cortes por parte de sus diputados y procuradores, con las que confía lograr «consenso político» para defender el derecho a la propiedad y evitar la okupación ilegal de viviendas, que dejó el último año en la provincia 40 denuncias de este tipo, integradas en las más de 1.000 que se produjeron en Castilla y León. 

Así lo puso de manifiesto la diputada Milagros Marcos en rueda de  prensa, donde precisó que, a nivel nacional, se registran 40 ocupaciones diarias; así como el dato preocupante de que -desde que se inició el confinamiento- estas prácticas ilegales se han cuadruplicado.

En esta línea, Marcos explicó que la PNLse presenta «para estar al lado de las víctimas» y con la confianza de que tenga el apoyo de todo el arco parlamentario.

«Planteamos que el desalojo de los okupas se produzca en un máximo de 12 horas; que no se permita empadronar en un municipio a quien entre por la fuerza en una vivienda; una petición de pena de tres años de cárcel por este motivo; que todo tipo de propietario pueda exigir el desalojo; y que se amplíe de las personas físicas a las jurídicas. Además, reclamamos que las comunidades de vecinos, cuando se produzcan actividades ilícitas, puedan impulsar el desalojo», concretó la parlamentaria del PP.

en la cortes. Por su parte, la procuradora María José Ortega indicó que la PNL se trasladará también a las Cortes, al tiempo que acusó al PSOE de «podemizarse»,  en alusión a su socio de Gobierno, «al fomentar prácticas poco democráticas que benefician a sus formas de hacer política y no a la ciudadanía, votando en contra del compromiso de la Junta para evitar medidas necesarias que permitan devolver los inmuebles okupados a sus legítimos propietarios».

A su vez, criticó que se rechazara en las Cortes la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia de las Fuerzas de Seguridad del Estado y las autoridades judiciales.

«Cuando el PSOE se encuentra con que se insta al Gobierno de España a que mejore la regulación jurídica de la protección de derechos de los propietarios y aborde las modificaciones legislativas oportunas, se pone en contra y dice que no». Así, María José Ortega reclamó al PSOE que, en las Cortes, «demuestre sensibilidad ante la situación de familias vulnerables que se ven en desventaja por culpa de mafias ante la okupación de viviendas, y defienda los intereses de los castellanos y leoneses», finalizó.