Las fuerzas de seguridad de Birmania han vuelto a utilizar fuego real para dispersar este jueves a los manifestantes que reclaman el fin de la junta militar, evidencia de una represión que se ha saldado con al menos 12 fallecidos, ocho de ellos en la localidad de Myaing, situada en el centro del país.

La Policía recurrió en Myaing a las balas en pleno enfrentamiento con un grupo de manifestantes, contra los que dispararon a escasa distancia, ha asegurado un testigo citado por el portal Myanmar Now. Una de las víctimas recibió un disparo en la cabeza, según las fuentes consultadas por este medio.

"La Policía reprimió a los manifestantes primero con gas lacrimógeno y pelotas de goma y luego disparó fuego real", ha explicado otro testigo a la agencia DPA.

Según el diario local The Irrawaddy, se han registrado también muertes en Rangún, la ciudad más poblada del país, Mandalay y la región de Bago en el centro del país. El fallecido en Rangún es un joven de 25 años cuya mujer estaba emabarazada, de acuerdo a este medio.

"En la primera línea de la protesta había manifestantes con escudos caseros. Dispararon contra ellos directamente", ha explicado un testigo llamado Kyaw Kyaw Win a la agencia DPA al ser preguntado por lo sucedido en Rangún.

"Perdóname, esposa, pero si no salgo hoy y si otros no hacen lo mismo, no tendremos la democracia de vuelta", dijo antes de salir de casa, según 'The Irrawaddy, que asegura que la víctima mortal en Mandalay fue una joven de 19 años.

La ONU cifró el martes en al menos 67 las personas fallecidas durante las protestas desatadas tras el golpe de Estado del 1 de febrero, que supuso la caída del Gobierno liderado por Aung San Suu Kyi.

La Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) ha publicado este jueves un nuevo recuento en el que calculan que más de 2.000 personas han sido detenidas desde el golpe de estado y la gran mayoría de ellos siguen bajo arresto o imputados por algún delito.

Un nuevo cargo contra Aung San Suu Kyi   

El Gobierno militar ha presentado nuevos cargos de corrupción contra la antigua 'líder de facto' del país, Aung San Suu Kyi, el presidente, Win Myint, y otros cargos públicos ligados a la Liga Nacional para la Democracia que continúan bajo arresto desde el 1 de febrero.

La premio Nobel de la Paz ha sido acusada de aceptar un soborno de 600.000 dólares (algo más de 500.000 euros) y 21 libras de oro (nueve kilogramos y medio) entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, según 'The Irrawaddy'.

Por su parte, Myint y su esposa han sido imputados por presuntamente aceptar sobornos de empresarios no identificados.

Si fueran considerados culpables, se expondrían a penas de prisión de hasta 15 años.

Revisión de grupos terroristas  

La junta militar, sin embargo, permanece ajena a las incesantes críticas internacionales y a la movilización interna y se ciñe a su plan de gobernar el país al menos durante un año. Alega que era necesario tomar el poder por el supuesto fraude de las elecciones de noviembre, en las que se impuso la Liga Nacional por la Democracia de Suu Kyi.

Las actuales autoridades han anunciado este jueves que dejarán de considerar como grupo terrorista al Ejército de Arakán, de vertiente separatista y activo en Rajine. Revierte así una decisión adoptada por el anterior Gobierno, que había incluido al grupo en la lista negra tras la intensificación de los ataques contra las Fuerzas Armadas.

La junta, que ha reiterado su voluntad de lograr una paz a nivel nacional, ha alegado que el Ejército de Arakán ya no puede ser considerado terrorista porque ha dejado de perpetrar ataques, según el portal de noticias independiente The Irrawaddy.