El comité de empresa de Urbaser, formado por delegados de CCOO y UGT, y la dirección acercaron ayer posturas ante el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) en el conflicto laboral que tienen abierto y que desembocará en una huelga del servicio de limpieza y recogida de basura de la ciudad el próximo 1 de octubre si no hay acuerdo.

Aún no hay entendimiento, pero los representantes de los trabajadores expresaron al término de la reunión su «moderado optimismo» ante la «inmensa necesidad de poder llegar a un acuerdo» que dé solución a los «reiterados incumplimientos del pliego de condiciones por parte de la empresa».

En esa reunión estuvo también el Ayuntamiento, y los tres volverán a verse las caras en el Serla el próximo martes, a las 12,30 horas. Cabe recordar que los representantes de los trabajadores acusan a la dirección de la concesionaria de no cubrir «ni bajas ni vacaciones», a lo que está obligada por el pliego del contrato, de forma que «de los 131 operarios de la empresa, hay disponibles poco más de un centenar», lo que está teniendo un impacto negativo en la limpieza de los barrios.

PSOE. Por su parte, el grupo municipal socialista solicitó ayer la reunión urgente del Observatorio Municipal de Servicios Públicos «tras haberse detectado múltiples incumplimientos de Urbaser». Este órgano, dependiente del Consistorio, es el encargado de controlar la gestión de estos servicios, por lo que se ha reclamado su convocatoria inmediata para «valorar las carencias acumuladas durante los últimos meses».

Los concejales socialistas enumeran incumplimientos como «la falta de baldeos a diario; la limpieza de parques, jardines, estanques y fuentes públicas; la falta de mantenimiento de los sumideros en el sistema de alcantarillado; la eliminación de excrementos de animales; el lamentable estado estético que presentan algunos de los contendores soterrados o la suciedad de los juegos infantiles». 

«Estas irregularidades se extienden también a la plantilla con la falta de sustituciones para las bajas o los descansos del personal», señalan desde el PSOE, que recuerdan que «la concesión fue realizada en 2008 por importe de 6 millones de euros y una duración de 13 años». «Debe exigirse a la empresa el máximo rigor en su cumplimiento, máxime cuando a otros colectivos se les fiscaliza hasta la saciedad por unos pocos centenares de euros», sentencian.