El presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Javier Rafols, y la decana de los jueces, María Rosa Martínez, coincidieron ayer en señalar como «prioridad esencial» la implantación de un octavo juzgado de primera instancia e instrucción, especializado en asuntos de familia e incapacidades, dado el alto número de centros asistenciales que hay en la capital. Al respecto, Rafols indicó que ya en el borrador de la orden ministerial del año 2018 que regulaba las nuevas creaciones 2020 aparecía esta dotación.
Por su parte, la decana de los jueces, Rosa Martínez, precisó que, al contrario que en los juzgados de lo Social, Menores o Vigilancia Penitenciaria, «donde la carga es asumible y la respuesta casi es inmediata», para aliviar el trabajo en los siete juzgados de instrucción «crear el número 8 es una necesidad imperiosa e inaplazable».
Por ello, según indicó Ignacio Javier Rafols en la presentación de la memoria de la actividad judicial de 2019, hay que «volver a la carga» y solicitar el juzgado número 8, ya que la situación de los siete juzgados de primera instancia e instrucción «es francamente complicada» y están en niveles de carga de trabajo «que francamente no tienen los sitios más complicados de España», al sobrepasar sobradamente el módulo de entrada, superando de media los mil asuntos, tanto en materia civil como penal. «Si se atiende la demanda podríamos estar mejor y no tener órganos judiciales mixtos», consideró.
En este sentido, con la creación de un nuevo juzgado, se podría aliviar la carga de los juzgados mixtos si es posible y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo admite. «En pleno siglo XXI no se pude estar con órganos judiciales mixtos, salvo en sitios pequeños donde no queda más remedio», indicó.
Para la jueza decana, Rosa Martínez, es un tema que «viene muy de atrás». En 2018 se asumió un 74% más de media de trabajo y en 2019 sigue siendo un 54% superior a cualquier otro juzgado mixto de España» y, si se creara un octavo juzgado, «cinco serían civiles y tres de instrucción», recomendó.
Igualmente, recordó que los jueces trasladan voluntariamente su redimiendo y productividad al CGPJ y que el dato es llamativo: «Lo normal es llegar al 100 por 100 de rendimiento, pero en los juzgados mixtos se está entre el 207por ciento y el 210 por ciento y la juez de violencia de genero llegó a superar el 300 por ciento».
Espacio suficiente. En ese sentido, consideró que para ubicar el juzgado de primera instancia e Instrucción número 8 hay espacio suficiente en el remodelado palacio de justicia. «No sería difícil encontrar despacho para el juez y los funcionarios asignados», expuso. También se refirió a otros tres juzgados que cuentan con grandes limitaciones en su trabajo por distintas circunstancias como son los de primera instancia e instrucción número 1, 2 y 3.
Especialmente preocupa el número 2, al especializarse en las condiciones generales de contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales de financiación, las denominadas cláusulas suelo. «Tenemos la esperanza de que esto vaya tocando a su fin ya que por cada tres asuntos de este tipo que salen entra uno y se prevé un horizonte de un año como mucho para normalizar la situación».
En torno al juzgado número 1 Ignacio Javier Rafols dijo que el problema es un tanto complicado dado que, además es mixto, y lleva el tema mercantil que «en ocasiones da mucho trabajo», mientras que el número tres «es un juzgado que da problemas en el trámite pero con el tiempo es factible que tienda a solucionarlos».
Más volumen de trabajo. El presidente de la Audiencia Provincial confirmó que tras desaparecer las tasas judiciales se ha incrementado sustancialmente el trabajo civil y de las 471 apelaciones de este ámbito tramitadas en el año 2018 se pasado a las 608 de 2019. A su vez, prosiguió la línea descendente en el registro de asuntos penales, ya que de los 98 tramitados en el año 2018 se ha pasado a los actuales 86 del anterior ejercicio. También han descendido el número de recursos de apelación contra autos dictados por los jugados de instrucción, pasando de los 292 de 2018 a los 255 de un año después. Por el contrario, subieron ligeramente las sentencias del juzgado de lo penal y los procedimientos por delitos leves (antiguas faltas), pues han pasado de 102 en el año 2018 a 136 en el año 2019.
Donde se observó una evolución al alza es en el número de procesos penales que ha conocido la Audiencia en primera instancia, que se han incrementado y han pasado en un año de 102 a 136. En el apartado de los juzgados de primera instancia e instrucción con mayor carga figuraron los números 1 y 3. En el caso del número 1, especializado en materia mercantil y que compatibiliza esta actividad con la jurisdicción mixta, ingresaron en el año 2019 en total 1.201 asuntos civiles y 1.073 penales (frente a 920 y 961 un año antes), con unas cifras de resolución de 426 asuntos civiles 909 penales. En el caso del juzgado número 2, en lo civil se vieron 1.402 asuntos civiles y 1.012 penales (874 y 1.026 un año antes), resolviéndose 566 trámites civiles y 172 penales.
Oficina Judicial. Desde la Audiencia Provincial su titular, José Ignacio Rafols, explicó que la Oficina Judicial, con la última reorganización efectuada y el traslado de una parte de sus efectivos al edificio del antiguo Banco de España, «ha mejorado su funcionamiento». No obstante, expuso que es preciso «un incremento importante de personal» como ha ocurrido en otros lugares donde se ha implantado esta dotación.
«Yo creo que en Palencia, dada la existencia de refuerzos y de ampliación de jornada es preciso que haya más gente en la Oficina Judicial. No digo que se tenga que ser un 50 por ciento», opinó. Así, el secretario de la Audiencia , Luis Miguel García dijo que se necesitarían «seis personas más al menos o redistribuir efectivos, ya que la ventaja de la Oficina Judicial es que se puede trasladar gente de otras unidades sobredotadas y con menos carga de trabajo».
La jueza decana, Rosa Martínez, insistió en que pese a mejorar «sigue habiendo pocos funcionarios y de poco sirve dictar sentencias si luego no se ejecutan, junto a los concursos de traslados con plazas no cubiertas, «lo que hará que lleguen interinos que habrá que formar».
Clínica médico-forense, aludió a la necesidad de que la clínica médico forense pueda salir del palacio de Justicia y se traslade a un edificio aparte y confirmó que ya existe alguna negociación en este ámbito con el Ayuntamiento para que se pueda ceder algún inmueble.
De esta forma, expuso que se podría ampliar el espacio, no ya solo para el nuevo juzgado número 8, sino también para descongestionar el palacio de la Audiencia, totalmente remodelado e inaugurado en junio de 2018. Mejorarían así los servicios comunes de la planta baja junto a las áreas dedicadas a los juzgados de las plantas segunda y tercera. «Ahora están un tanto apiñadas y amontonadas y se da una imagen distinta a lo que debe ser una oficina moderna de justicia», dijo.
Entre otras pequeñas necesidades que aún son necesarias en el remodelado palacio de justicia apuntó la «inexistencia de un punto de información», por la falta de personas para su funcionamiento, o los problemas en las dependencias del ático destinadas al jurado popular, las cuales están sin amueblar.