«El litigio está servido». Así de contundente se mostró ayer el secretario general de la Diputación, Juan José Villalba, que a petición de la responsable provincial realizó un recorrido de la ya larga vida que tiene el conflicto por la deuda de la calle Jardines de la capital.

De esta manera, tras realizar un repaso de los hechos, desde los inicios del acuerdo entre Diputación  y Ayuntamiento, pasando por los varios aplazamientos y prórrogas, hasta llegar a los ultimátums que ambas partes se han planteado, el momento cumbre llegó cuando el secretario señaló que la Presidencia, el pasado 4 de septiembre, «dispuso que se interpusiera un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que fue planteado el 13 de septiembre y que ha sido admitido a trámite esta semana».

«La Diputación está obligada a defender sus bienes y derechos y no puede transigir judicial ni extrajudicialmente con los derechos de su hacienda ni puede condonar la deuda; lo impide la ley», insistió en la lectura del informe.

Se da así un paso más al conflicto que lleva meses ocupando reuniones, argumentaciones y más de un enfado entre las dos instituciones locales y que, lejos de frenar el tema, parece que avivará la llama. 

En primer lugar porque en el pleno celebrado el 19 de septiembre en el  Consistorio se autorizó al alcalde, Mario Simón, a interponer un recurso potestativo de reposición para intentar parar la judicialización del conflicto entre las instituciones. Algo que no pudo escuchar directamente la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ya que se ausentó del salón de plenos en el momento de hablar de la calle Jardines.

responsabilidad. Sin embargo, la responsable provincial apeló ayer a su responsabilidad en cumplimiento de la legalidad y «en el interés general de todos los que tenemos una vocación pública». Armisén recordó que la actual corporación se encontró un convenio firmado por las dos instituciones, concretamente por el entonces alcalde Heliodoro Gallego, y el presidente de la Diputación, Enrique Martín. «El alcalde aceptó el precio que estableció y reconoció la dación de pago, teniendo en cuenta la Diputación no fijó el precio, sino que fue la comisión de valoración», expuso Armisén.

«Tanto PPcomo PSOEentonces reconocieron la voluntad del acuerdo, por lo que me sorprende que el PSOE pida mi dimisión como concejala, porque no se defienden los intereses de la población. ¿Creen que el entonces alcalde de Palencia y quienes eran concejales aceptaron ese acuerdo porque era perjudicial para los palentinos? Yo no lo creo», argumentó la presidenta. Según se expuso en el informe leído ayer en pleno, «la obligación de pago nace del acuerdo de justiprecio y no del convenio, cuya vigencia no afecta al cumplimiento».

Por último, Ángeles Armisén, insistió en que todas las acciones han sido tomadas en la junta de gobierno. «No he judicializado ni interpuesto nada que no se haya acordado. Si hay posibilidades de llegar a un acuerdo no me van a doler prendas en hacerlo, pero tiene que estar avalado y reconocido por ambos servicios jurídicos», destacó.