Cincuenta mil trabajadores se vieron afectados en 2020 por expedientes de regulación de empleo autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas enCastilla y León. La catarata de ERTE provocada por la pandemia derivada de la covid-19 disparó un 900 por ciento la cifra de empleados castellanos y leoneses inmersos en estos procesos, pasando de los 5.000 de 2019 a los 48.800 del pasado año. Según datos de la Estadística de Regulación de Empleo del Ministerio de Trabajo, el repunte anotado en 2020 es el mayor que se registra desde la crisis de 2008, superando incluso los afectados de 2012, el peor ejercicio de la doble recesión, cuando algo menos de 47.000 empleados se vio en una regulación de empleo. Estos números sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, de ahí las diferencias con el total de afectados por ERTE, que enCastilla y León superaron los 200.000 a lo largo del pasado año.

Unas cifras que esconden dos realidad muy distintas, ya que, mientras las suspensiones de contrato y las reducciones de jornada por el impacto de la pandemia y las restricciones derivadas de la misma crecieron un 1.090 por ciento, pasando de 4.067 trabajadores afectados en 2019 a 48.409 el pasado año, lo cierto es que los despidos colectivos se frenaron en seco gracias a la normativa para frenar la sangría laboral y a la protección de los ERTE, reduciéndose un 56 por ciento respecto al anterior ejercicio, con menos de medio millar de trabajadores afectados.

Y es que la realidad es muy diferente a la de la anterior crisis, puesto que ahora la mayoría de los trabajadores se han visto amparados por la protección de los expedientes de regulación temporal de empleo, que han logrado sostener el mercado laboral. Así lo reconocen desde Comisiones Obreras, que destacan que los ERTE y las ayudas a los autónomos «siguen sujetando, en gran medida, el mercado de trabajo», por lo que instan a la Junta a que «debe comprender y tomar nota para apoyar con presupuestos los programas que mantienen el empleo, con ayudas complementarias y subvenciones a las personas autónomas, donde la inmensa mayoría no tiene asalariados a su cargo».

Los ERTE multiplican por 12 las regulaciones de empleoUna postura que también defienden desde UGT, que reiteran que «gracias a los ERTE y a las medidas de protección social» se ha conseguido evitar que estas cifras sean aún más dramáticas. «A diferencia de la anterior crisis estos mecanismos han logrado evitar que la caída de la actividad se traduzca de forma inmediata en destrucción de empleo», sentencian. Unos ERTE que, por el momento, están prorrogados –por cuarta vez– hasta el 31 de mayo con el objetivo de prolongar el escudo ante despidos masivos y colapsar el mercado laboral.

Por comunidades, Castilla y León se situó como la quinta de España con mayor número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, y solo fue superada por la Comunidad de Madrid (264.041), Cataluña (187.524), Andalucía (127.081) y la Comunidad Valencia (90.329). Por sectores, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados a nivel nacional, junto a hostelería, actividades administrativas y la industria manufacturera; mientras que el menor número se registró en la Administración Pública, las industrias extractivas, el suministro de agua, actividades de organizaciones y las actividades inmobiliarias.