Síndrome del Aceite Tóxico (SAT). Ese es el nombre con el que se vino a denominar la enfermedad a la que se enfrentaron en 1981 los afectados por el consumo de aceite de colza adulterado. Un drama al que Palencia no fue ajena, pues en territorio palentino se registraron un total de 686 personas intoxicadas y 157 fallecidos (según el censo oficial) en la etapa inicial de la mayor crisis alimentaria de la historia reciente de España, convirtiendo a la provincia en la cuarta del país con un mayor número de casos, solo por detrás de Madrid, León y Valladolid, y por delante de Segovia.

Tras una larga batalla judicial, a los afectados por el SAT se les intentó compensar con indemnizaciones nunca antes vistas hasta la fecha. En el caso concreto de Palencia, se movilizaron por aquel entonces del orden de 12.000 millones de las antiguas pesetas, unos 72 millones de euros al cambio, a los que hizo frente el Estado. Las cantidades a recibir dependían de si al afectado le causó alguna incapacidad parcial, total o absoluta o, en el último de los casos, la muerte. Así, la media se situó en 18 millones de pesetas (poco más de 108.000 euros al cambio), aunque hay quienes ingresaron bastante menos y otros que superaron esta cifra con creces, hasta los 40 millones de pesetas (240.000 euros).

Señalar, en este punto, que todos los afectados tuvieron que pasar por la consulta de un médico forense, que era el encargado del reconocimiento y de determinar el grado de afección en el organismo. No obstante no se comenzó a cobrar hasta 2005 o 2006. «Una vez que en el juzgado se hacía la pertinente autorización, vía decreto, al mes los intoxicados por el aceite de colza adulterado ya estaban cobrando o recibiendo alguna compensación», señala Alejandro González Gayo, el abogado palentino que representó a más de 400 afectados en la provincia, siete de cada diez enfermos. Los intereses de los 200 restantes fueron defendidos por el gabinete madrileño García-Pablos de Francisco.

Una tragedia a todos los niveles y un calvario para las familias que en la provincia sembró el caos en Palencia capital (casi un centenar de enfermos, según el expresidente del colectivo de afectados, Emilio Baranda) y otros municipios del medio rural como Aguilar de Campoo, Venta de Baños, Guardo, Barruelo de Santullán, Frómista o los pueblos de la comarca de Saldaña «casi al completo». 

A tenor de la documentación de la que dispone el colectivo de afectados, se cree que el primer caso mortal en Palencia se produjo en la localidad de Magaz de Pisuerga, aunque nunca hubo confirmación oficial alguna. «La proliferación de casos en la provincia de fundamenta en la dispersión geográfica, porque el aceite se vendía de forma ambulante y clandestina», sostienen los afectados, que llevan luchando desde entonces.

Y es que la distribución del aceite de colza seguía un patrón lineal de sureste a noroeste de la provincia. Así, había una ruta desde Palencia hacia el oeste (zona de Villarramiel), otro hacia el noreste (entorno de Osorno), y otra que conducía hacia los pueblos de la Montaña Palentina.

ORÍGENES Y SECUELAS

Según la versión oficial, la anilina, una sustancia desnaturalizante, fue la que supuestamente desató el caos en todo el país. A Palencia llegó de forma oficial el 15 de mayo, con los primeros nueve casos confirmados, y cuatro días después, el 19 de mayo, hubo que lamentar la primera víctima mortal, según consta en la hemeroteca de este periódico. Un calvario para los afectados de la provincia que se enfrentaron a un enemigo invisible y desconocido que dejó serias secuelas a los supervivientes en forma, principalmente, de neumonía atípica, similar a la que produce hoy la Covid-19, que también afectaba a los pulmones.

A ello se sumaban dolencias de origen diverso como tromboembolismos, hipertensión pulmonar, neuropatías, calambres, mialgia (dolor muscular), hepatopatías (afección del hígado) y esclerodermia (piel dura), además de serios problemas en algunos órganos como el corazón, los pulmones, los riñones y el tracto gastrointestinal, así como en la boca o los oídos.

A pesar de todas estas dolencias, cuarenta años después de la intoxicación alimentaria no se ha encontrado la solución a la enfermedad. A los pacientes diagnosticados con SAT se les medica «contra las secuelas, no contra la propia patología», según comentan a Diario Palentino los propios afectados, que piden una mayor atención sanitaria y un mejor seguimiento de los casos. «Todavía hay gente con muchas secuelas a pesar del tiempo transcurrido, tanto físicas en forma de fuertes dolores musculares o problemas con la dentadura, por ejemplo, como psicológicos», sentencia el abogado.

PROCESO JUDICIAL

Las primeras querellas contra los aceiteros se presentaron durante el verano de 1983 y acabaron resolviéndose seis años más tarde, en 1989, con una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se condenaba a 13 productores por la comercialización de colza.

Aquel fue, como recuerda González Gayo, un proceso judicial «muy largo y extremadamente complejo, que se dilató en el tiempo durante 15 años». Y es que,  a pesar de todos los datos que se habían recabado durante esos años y los miles de damnificados que dejó el aceite de colza en todo el país, «no había nada claro el día del juicio», reconoce.

«Finalmente, después de muchas sesiones, el juicio se resolvió de forma favorable», subraya el letrado, quien recuerda que los aceiteros recurrieron y fue el Tribunal Supremo el que conformó la sentencia. «Después hubo un procedimiento individual, que también se resolvió de forma favorable», añade el abogado. Se cerraba así en los tribunales uno de los capítulos más amargos de la historia reciente, si bien sus efectos secundarios aún perduran 40 años después.