El juzgado de lo mercantil, en un auto de 37 páginas, ha inhabilitado al que fuera presidente de SEDA Solubles, Luis Serrano Martín, durante un periodo de dos años para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar bienes a cualquier persona durante el mismo periodo, tras declarar como culpable el concurso de acreedores asumido el 5 de diciembre de 2011. 

La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario Palentino, exime de responsabilidad a los otros dos miembros del consejo de administración, Raúl Serrano Díaz y Luis Serrano Díaz, que fueron acusados por  el Ministerio Público.

El dictamen judicial exime de responsabilidad a los dos últimos , mientras al que fuera presidente del Consejo de Administración, Luis Serrano Martín, la autoridades judicial ha decidido «mantener  la solicitud de inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante el período mínimo previsto por la norma de dos años». No así en lo que se refiere a su responsabilidad patrimonial concursal, al no poderse establecer, de forma razonable, la relación causa-efecto entre las irregularidades contables imputadas y la generación o agravación de la insolvencia. 

La autoridad judicial mantiene que no se tiene por acreditado que «la praxis» contable contribuyera claramente a la generación a agravación de la insolvencia de SEDA, «pues no es razonable establecer causalmente que las irregularidades contables identificadas condujeran a dicha insolvencia o a su agravamiento. Ni, lo que es más importante, el que tales fondos se hayan utilizado en beneficio propio (administradores o terceros), pues conforme a la prueba practicada no se sabe cuál era el destino final de los mismos».

 Como ya publicó este periódico, la Fiscalía argumentó en su informe para solicitar la culpabilidad del concurso que SEDA Solubles, supuestamente se habría cometido «irregularidades relevantes» para la comprensión de su situación patrimonial y financiera.

Dichas irregularidades, a juicio del Ministerio Público, se habrían materializado en las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2008, 2009 y 2010, cuyos activos, fondo de maniobra, pasivos y patrimonio neto estarían «desajustados» con lo que la comprensión de la auténtica situación patrimonial y financiera «se habría alterado sustancialmente».

Por lo demás, SEDA Solubles SL presentaba a fecha de 30 de noviembre de 2011 un balance contable negativo de 10.683.880 euros, frente a una pérdida de 1.862.000 euros que acreditó en el ejercicio de 2010.

El montante que reclamaron los acreedores a la extinta empresa palentina ascendía a 145.371.801,14 euros a fecha de 31 de enero del año 2012.

 Asimismo, conviene recordar que tras no aprobarse el convenio de acreedores en 2013, el juez cerró la fase de convenio para abrir la fase de liquidación de la sociedad. En este sentido, hay que subrayar que se liquidó lo que quedaba de SEDA Solubles, puesto que la unidad productiva con los trabajadores, maquinaria e instalaciones se encuentran protegidos porque ya no pertenecen a esta sociedad, sino a SEDA Outspan, que desde comienzos de 2013 es propiedad de la multinacional asiática Olam Internacional tras adquirirla por 38,2 millones de euros.

Mientras tanto, la sentencia que acaba de dictar el juzgado de primera instancia número 1, que hace las veces del juzgado de lo mercantil, es recurrible.