La renuncia al nacido ofrece a la madre una salida legal

Carlos H. Sanz
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Entregar al bebé en adopción desde el mismo momento del parto no es una opción habitual en la provincia, aunque al menos una progenitora recurrió a esta vía en los últimos ocho meses

La renuncia al nacido ofrece a la madre una salida legal - Foto: Luis Vizcaino

Acabar con la vida de un recién nacido nunca debería ser una opción para ningún padre o madre. La administración ofrece recursos más que suficientes cuando se trata de un embarazo imprevisto o no deseado que van desde el apoyo a las mujeres durante su embarazo y maternidad, hasta, en el último caso, la renuncia al neonato.
Este último recurso legal y anónimo no es habitual en la provincia, aunque sí existen casos. Desde la Gerencia de Servicios Sociales confirman que en los últimos ocho meses, una madre renunció a su bebé. «Cuando se detectan con antelación este tipo de situaciones, desde los servicios de salud se procede a ofrecer información y asesoramiento sobre los pasos a dar para una posible renuncia en el momento del parto», comentan desde la Gerencia. 
Cada caso se estudia con detenimiento. «En el caso de que la decisión esté relacionada con dificultades que pudieran ser solucionadas con la ayuda de los Servicios Sociales, se deriva a los CEAS y/o a la Gerencia de Servicios Sociales al objeto de promover los recursos y actuaciones necesarios», comentan. 
En el caso de que la madre tenga claro que renuncia a su hijo o hija, en los momentos previos o inmediatamente posteriores al nacimiento, el hospital comunica esta circunstancia a la Gerencia de Servicios Sociales, que envía a dos técnicos de la sección de Protección a la Infancia al centro hospitalario para entrevistar a la madre. 
Durante la entrevista, se procede a explicarle los aspectos que conlleva la renuncia y los pasos a dar, y responden cualquier duda que puedan albergar los progenitores. «En todo momento, se asegura el mantenimiento de la confidencialidad de la renuncia, así como los datos sobre la identidad de los progenitores. Una vez finalizada esta entrevista, si la madre mantiene su propósito, firmará un documento de renuncia». 
El proceso contempla que la madre pueda cambiar de opinión, para lo que se establece un plazo de seis meses. «Por eso, deberá firmar de nuevo ese documento mostrando fehacientemente su renuncia seis semanas después. Hasta entonces, la renuncia no tiene efectos definitivos», comentan desde la Gerencia.
protección al menor. A partir del momento de la renuncia, la Gerencia de Servicios Sociales procede a proteger al menor a través de su tutela, pasando el bebé a convivir temporalmente con una familia de acogida a partir del momento en el que el hospital acuerde su alta.
Pasadas las seis semanas, solo si la madre ratifica su decisión mediante la firma de un segundo documento denominado Asentimiento, se procede al inicio de los trámites para la adopción del menor, que en un breve plazo pasa a convivir de forma estable con su nueva familia.
A lo largo de todo el proceso se garantiza la confidencialidad de los datos sobre familia del menor.

 

La interrupción voluntaria del embarazo, otra opción
La ley vigente, la Ley Orgánica 2/2010, establece los supuestos en los que una gestante puede interrumpir su embarazo. Así, puede hacerlo de forma libre en las 14 primeras semanas de gestación. Dentro de las 22 primeras semanas se podrá realizar si existe «grave riesgo para la vida o salud de la embarazada»; y en cualquier momento de la gestación si se detectan «anomalías fetales incompatibles con la vida» o cuando se detecte en el feto una enfermedad «extremadamente grave e incurable».
Según la Encuesta de Fecundidad 2018 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) -la última disponible-, el número de abortos registrados en Palencia en 2017 fue de 163, la segunda cifra más baja desde la última reforma.
Es cierto que las palentinas que toman la decisión de interrumpir el embarazo, se ven obligadas a desplazarse hasta Madrid para someterse a la operación voluntaria, una situación que deriva de que todos los ginecólogos del Sacyl tengan declarada objeción de conciencia, según la consejería de Sanidad. Una situación muy criticada por PSOE y Cs, además de colectivos por el derecho al aborto.