Un hombre identificado como V.S.P. asumirá una condena global de tres años de prisión, dos años como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales sobre un discapacitado, circunstancia que conocía el acusado, y otro año por un delito de corrupción de menores, después de que reconociera hoy los cargos durante la celebración de la vista oral en la Audiencia Provincial.

Dado que aceptó los cargos, la Fiscalía, que inicialmente pedía para él un global de diez años y medio de cárcel, decidió finalmente modificar su escrito de acusación provisional e introdujo los atenuantes de reparación del daño y el arrepentimiento. Aún así, deberá afrontar una multa de 7.400 euros, diez años de alejamiento sobre la víctima y otros tantos de libertad vigilada.

Según el escrito de acusación pública, V.S.P., desde aproximadamente el mes de marzo de 2016, mantuvo contactos personales con un varón, que está tutelado por una institución después de que fuera declarado discapaz por orden judicial por sentencia de 25 octubre de 2013.

Según la versión del Ministerio Fiscal dichos contactos que eran incentivados por el procesado al ofrecerle a la víctima pequeñas cantidades de dinero, desde al menos los últimos meses de 2016, se producían normalmente en el domicilio del procesado en la localidad de la provincia en la que ambos residen y en algunas ocasiones en un local donde el procesado guarda los útiles de limpieza con los que habitualmente trabaja. 

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que el procesado proponía a la víctima tener contactos íntimos de índole sexual consistentes en darle besos y tocamientos corporales, a los que la víctima accedía y que culminaban con la realización de felaciones mutuas. Asimismo, según el Ministerio Público en algunas ocasiones el acusado también le proponía hacerle fotografías y grabar vídeos de sus órganos genitales realizados con su teléfono móvil. 

No obstante, el fiscal recuerda que dichas imágenes no constan que hayan sido transmitidas a terceros, siendo borradas por el procesado una vez visionadas. El representante del Ministerio Público pormenoriza en el hecho de que el procesado, al parecer, conocía las circunstancias de la víctima relativas a su falta de capacidad, ya que padecía retraso mental. De hecho, sufre un retraso mental moderado con un grado de minusvalía del 66%. 

Presenta un déficit intelectual que le ocasiona una valoración defectuosa y parcial de la realidad y un déficit del freno volitivo con tendencia a conductas impulsivas. 

El Ministerio Fiscal abundaba en el hecho de que la víctima tiene sus capacidades para decidir o elegir anuladas o muy limitadas, al carecer de recursos y habilidades personales para entender su situación y afrontar los requerimientos vitales básicos.