Ecologistas en Acción avisó ayer a las Cortes de Castilla y León que la proposición de Ley anunciada por el PP para «blindar» la caza vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y podría ser considerada inconstitucional. Una alerta que llegó antes de que se conociera que dicha propuesta que modifica la ley de Caza de la Comunidad para dar seguridad al catálogo de especies cinegéticas se aprobará en el último pleno de las Cortes de esta legislatura, el próximo 27 de marzo, por lectura única y con una amplía mayoría, toda vez que PSOE, Ciudadanos y UPL ya han garantizado su apoyo a la propuesta popular, mientras que Podemos ha pedido tiempo para analizarla.
Sin embargo, desde el colectivo ecologista, ante las «graves» consecuencias ambientales, sociales y económicas de la «mala gestión cinegética» y de las sentencias recibidas en la materia desde 2003, la organización volvió a solicitar la petición de dimisión del equipo directivo de la Consejería de Medio Ambiente. La proposición presentada ayer por el Partido Popular, aseguran, no tiene como objetivo «mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad de la actividad o la conservación de las especies», sino que es «una huida hacia delante de evidente tinte electoralista». Además, Ecologistas enAcción consideró que puede ser considerada «inconstitucional» al vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, aspecto sobre el que existe sobrada jurisprudencia constitucional.
De esta forma, el grupo ecologista reiteró a través de un comunicado que ya hace un año pidió la dimisión tanto del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como del director general de Medio Natural, Jesús Ángel Arranz, por elaborar y aprobar normativa cinegética «que había sido declarada ilegal» por los tribunales, además de por no haber adoptado medidas de estudio, censo y «correcta» conservación de las especies y poblaciones cinegéticas para garantizar el carácter sostenible de la actividad.
Desde Ecologistas se insistió en que los propios cazadores, propietarios de terrenos y titulares de cotos de caza conocían «desde hace años» que el soporte jurídico y técnico de su actividad «estaba en el aire» por carecer de estudios poblacionales y ecológicos, pero en lugar de ser «exigentes» con la Junta, prefirieron «callar y aprovecharse de una laxa, cómoda y favorable normativa», denunciaron.
No son los representantes.
Tras conocerse el aviso de Ecologistas en Acción, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respondió al colectivo que quiénes se creen que son para criticar «a los que representan» al pueblo de Castilla y León, a los procuradores y las Cortes, que pueden proponer lo que consideren oportuno «conforme a sus competencias y el Estatuto». «Hasta ahí podíamos llegar», afirmó sobre la postura de la organización sobre la posible «inconstitucionalidad» de la Proposición de Ley para blindar la caza».
Durante un acto en Segovia, Suárez-Quiñones dejó claro que él y su equipo no sólo no van a dimitir sino que «trabajarán más que nunca» y «con toda la fuerza» contra aquellos que «trabajan en contra Castilla y León», en referencia a Ecologistas en Acción.
El consejero sostuvo que hay que evitar a los colectivos que pretenden perjudicar los intereses económicos, sociales, de las personas, la propia salud y seguridad vial porque «lo intereses generales» están por encima.