La soledad entre las personas mayores es uno de los «grandes retos» a los que se enfrentan las administraciones y la sociedad. Por este motivo, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció ayer en las Cortes una red social para detectar casos de la soledad entre los mayores y así poder actuar. Para ello, señaló que contactarán con las entidades del tercer sector en el mundo rural, las asociaciones de vecinos, las farmacias y los comercios de proximidad en los barrios de los núcleos de mayor población para controlar a las personas que viven solas, sobre todo en las ciudades.

Durante su comparecencia para dar a conocer el programa de actuaciones de su departamento en la presente legislatura, Blanco apostó por potenciar los programas de ayuda en el hogar y por el envejecimiento activo, a través del Club de los 60, para retrasar la edad de dependencia entre los mayores. También se potenciará la Universidad de la Experiencia, con un incremento de los matriculados y con una versión ‘on line’ del programa de formación. De esta manera se busca extender la iniciativa al medio rural con la Universidad de la Experiencia Rural.

Además de este asunto, Blanco anunció que el próximo Acuerdo Marco de Servicios Sociales que regula la financiación que transfiere la Junta a las corporaciones locales de la Comunidad tendrá, a partir de 2020, una vigencia de cuatro años y aumentará la financiación «de manera progresiva» a los ayuntamiento de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales.

La consejera aseguró, en declaraciones recogidas por Ical, que uno de los compromisos será garantizar la estabilidad y la calidad de los servicios en todo el territorio. De ahí su deseo de ampliar la colaboración con las corporaciones locales, gracias a una mejora de los instrumentos de coordinación y financiación. Es por ello que el nuevo Acuerdo Marco tendrá una duración de cuatro años, uno más que en la actualidad y dos más que hasta 2016. «Vamos a empezar a negociar el mismo de manera inmediata con las entidades locales, con el objetivo de que antes de que finalice el actual acuerdo, (febrero de 2020) tengamos ya el nuevo», expuso.

La consejera de Familia confirmó la apuesta por el Diálogo Social como «cauce de entendimiento y participación» con los agentes sociales de Castilla y León, después de haber comprobado que ha dado «tan buenos» en materias como dependencia, red de protección, conciliación e igualdad, entre otras. Blanco incidió en que la Junta tiene la «obligación» de ofrecer los mismos servicios y prestaciones a todas las personas, independientemente del lugar donde residan.

Ley de Diversidad Sexual

La consejera también anunció que el Gobierno autonómico presentará una ley que garantice el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género para garantizar los derechos del colectivo LGTBI. Blanco explicó que la orientación sexual o la identidad de género de cada persona «nunca puede derivar en desigualdad o discriminación» y quieren «garantizar» los derechos del colectivo LGTBI, que pasa por «erradicar totalmente» cualquier situación de discriminación, por visibilizar a este colectivo y garantizar su igualdad en todos los ámbitos.  Por ello aseguró que la Junta va a presentar en las Cortes una ley para garantizar, «en el ámbito de sus competencias», el principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. 

Apoyo a las familias

Por otra parte, Blanco significó que una de las prioridades de su mandato será proporcionar la mejor protección social posible, «con más y mejores prestaciones, con más calidad, facilitando el acceso, para llegar a más personas y para llegar de la mejor manera posible». Pese a reconocer que Castilla y León cuenta con uno de los mejores sistemas de protección social de España, manifestó que estar «a la vanguardia» no es un punto de llegada, sino un «acicate», un «reto», para seguir mejorando y avanzando en la generación y ampliación de derechos.

La exposición de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que se prolongó durante menos de una hora, sirvió para conocer que una de las primeras medidas que su cartera será la aprobación y puesta en marcha de un Plan de Apoyo a las Familias, con medidas relacionadas con la maternidad y la paternidad.

Caso Sara

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, avanzó que los protocolos de atención a menores víctimas de malos tratos tendrán rango de decreto para su obligado cumplimiento y evitar así casos como el de la niña de cuatro años Sara, maltratada, violada y asesinada en Valladolid en agosto de 2017. En concreto, Blanco indicó que se revisarán estos protocolos con el objetivo de que ningún niño con lesiones que puedan indicar malos tratos pueda ser dado de alta hospitalaria sin que previamente se haya evaluado el riesgo de su entorno familiar. «No puede volver a producirse lo que pasó con Sara», señaló la consejera, quien insistió en que se trata de que no se escape ninguna situación de este tipo, aunque quiso recordar que cuando ocurrió el caso de Sara ya se revisaron inicialmente los protocolos.

Violencia de Género

La titular de Familia, Isabel Blanco, reiteró la apuesta del Ejecutivo regional contra la violencia de género, y anunció que se revisará la Ley de violencia de género para adaptarla a la realidad, creará una red de detección y alerta de casos y desarrollará una estrategia contra la violencia sexual. Blanco afirmó que la lucha contra la violencia de género será un compromiso «incuestionable» y una «prioridad» para la Junta. La consejera señaló que se incidirá principalmente en la prevención de la violencia de género y en la concienciación a toda la sociedad, con especial atención a los jóvenes y adolescentes. La titular de Familia incidió en el modelo ‘Objetivo Violencia Cero’ y afirmó que el compromiso es «asentar, consolidar y extender» por el territorio, al medio rural, los distintos recursos, prestaciones y procedimientos del mismo.