El personal sanitario de la Gerencia de Servicios Sociales ha pedido al presidente de la Comunidad Autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, que se le apliquen las mismas condiciones laborales que rigen para los mismos empleos en el Servicio de Sanidad de Castilla y León (Sacyl), tanto en lo que se refiere a retribuciones salariales como a la organización de las jornadas de trabajo. En un escrito remitido al presidente de la Junta, el colectivo profesional, adscrito a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, exige además la «implementación inmediata y por vía urgente de la carrera profesional» y la adecuada valoración y consideración de su formación y desempeño en los procesos selectivos de la Comunidad Autónoma.

Los firmantes del escrito piden a Mañueco que articule una solución a la «extrema dificultad» que sufren los centros residenciales de dicha gerencia para contratar médicos, enfermeros y fisioterapeutas con los que cubrir baja por enfermedad, vacaciones, reducciones de jornada y otras contingencias laborales, una situación que adquiere una especial gravedad durante los meses de verano. 

procurador del común. En una carta que también ha sido remitida a la oficina del Procurador del Común, dicho colectivo señala que las causas de esas dificultades para encontrar profesionales dispuestos a emplearse en las residencias radican en las poco atractivas condiciones laborales y retributivas que se ofrecen, en la «inoperancia o ausencia» de bolsas de empleo y en la falta de reconocimiento profesional que proporciona ese trabajo «por la falta de implementación de la carrera profesional». «Esta situación deriva en gran medida de la separación que existe entre los servicios sociales y la atención sanitaria en Castilla y León al ser dirigidos por consejerías diferentes», señalan. 

Los profesionales consideran que el enquistamiento de este problema constituye una «falta de respeto» y denuncian «la cercenación del desarrollo laboral de unos trabajadores que esta administración no reconoce, trata ni protege en las mismas condiciones que a otros con la misma formación e igual o semejante desempeño, a pesar de las consecuencias que está provocando en los ciudadanos de Castilla y León».

Finalmente, los profesionales de Servicios Sociales acusan directamente a la Junta, «conocedora de la situación de desamparo y desatención de los usuarios», de eludir su responsabilidad como garante de la prestación de una asistencia de calidad, lo que en su opinión genera desde hace años una “insuficiente calidad del servicio, señalada por los usuarios, familiares y el propio personal, sin que ni la Gerencia de Servicios Sociales ni la propia Junta actúen de manera efectiva en su solución».