Seis meses después de su aprobación por el pleno, la comisión especial sobre el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Tejera se cerrará en el pleno de la próxima semana con la única conclusión de que el Ayuntamiento debe articular fórmulas que permitan su participación durante la ejecución de proyectos de ese calado, así como una dirección de obra compartida.

Este órgano, creado a petición del grupo municipal de Ciudadanos, ha sido incapaz de determinar tras cuatro meses de trabajo a qué se destinaron los 7.268.317, 96 euros que finalmente se ejecutaron de los 9.729.176,80 euros en los que se presupuestó la obra.

La comisión sí ha logrado confeccionar un relato temporal conforme a la escasa documentación que guarda el Ayuntamiento, si se tiene en cuenta que no participó ni en la adjudicación ni en el seguimiento de la obra.

El proyecto arranca oficialmente el 10 de marzo de 2005, cuando se publica el anuncio de licitación de las obras por un importe de 6.490.468,25 euros, las cuales se adjudicaron en agosto de ese mismo año a la UTE Construcción y Diseño SA (Condisa) y a Construcciones y Proyectos Ortiz en 5.656.443,08 euros. El contrato se firmó el 23 de enero de 2006 y las obras arrancaron el 1 de marzo de ese año.

El coste de la obra, según el compromiso firmado por las instituciones, fue sufragado por el Ministerio de Fomento (50%), el Ayuntamiento (20%), la Junta de Castilla y León (20%) y la Diputación (10%).

Tras la aparición de «problemas técnicos, ocultos e imprevisibles» en las cimentaciones de la estructura, el noviembre de 2008 se suscribió un nuevo convenio con el Gobierno de España por el que se hacía cargo del coste de una modificación del proyecto que ascendió a 4.072.73372 euros, un 72% más de lo previsto inicialmente.

En opinión del arquitecto municipal estos problemas de las obras pudieron haberse evitado si se hubiese contado con un estudio geotécnico, pero cuando se redactó el proyecto no era obligatorio.

En febrero de 2012, el Ministerio de Fomento propuso al Ayuntamiento un nuevo modificado del proyecto, valorado en 4.576.894,42 euros, en el que se dejaba fuera las instalaciones eléctricas, acústicas, iluminación, butacas, equipamientos, etc. El Consistorio, ya gobernado por Alfonso Polanco, se negó porque el Gobierno exigía que este cambio se pagase conforme a lo acordado en el convenio (50-20-20-10). La negativa paró las obras hasta que en febrero de 2016, el Ministerio de Fomento propuso al Ayuntamiento, la Junta y la Diputación un protocolo para financiar los 4.625.000 euros que se supone se necesitan para acabar la obra, en las mismas condiciones del anterior acuerdo. 

Sin embargo, la comisión de investigación advierte de que a día de ese protocolo no derivó en la firma de ningún convenio y su vigencia era de dos años, por lo que caducó en febrero de 2018. Desde el Ayuntamiento se asegura, no obstante, que el protocolo es «una declaracion de intenciones y lo importante es el convenio, que está enviado al Ministerio y a las otras administraciones para ser firmado».

falta información. A lo largo del relato que ha construido la comisión durante su investigación, se pone de manifiesto que en el Ayuntamiento no hay ni un acta ni una certificación de la obra realizada, y es que el Ayuntamiento no tiene competencias para el control en la ejecución de la obra, siendo solo el receptor final del inmueble y responsable de su mantenimiento.

Todo lleva a la recomendación de que en proyectos de este calado la dirección de la obra se lleve de forma conjunta entre las administraciones participantes. «El Ayuntamiento es más eficiente a la hora de realizar las obras, por lo que sería conveniente que se realicen desde la administración local a través de una transferencia de fondos», finaliza el dictamen de la comisión.