Los 1,8M€ de ayudas a la industria consolidan 505 empleos

Rubén Abad
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La partida beneficia a 99 empresas, de las cuales 46 están dentro del Régimen de Autónomos y 53 son pymes

Los 1,8M€ de ayudas a la industria consolidan 505 empleos - Foto: Alicia Vallejo

Abrirse un hueco en el mercado laboral o dar el salto y emprender no es nada fácil, y mucho menos en el medio rural, donde las oportunidades escasean. Es ahí donde entran en juego instituciones como la Diputación, que allanan el camino a quienes deciden invertir y crear empleo en los pueblos.
En esta línea, ayer se aprobaron en el pleno ordinario correspondiente al mes de julio (celebrado de forma semi presencial)ayudas por valor de 1,8 millones al tejido industrial, lo que a la postre supondrá la creación de 127 nuevos empleos y la consolidación de otros 505 ya existentes. 
Dichas ayudas, que recibieron el apoyo unánime de los cuatro grupos con representación en el salón de sesiones (Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Ganemos), llegarán a 99 empresas. De este total, 46 están dentro del Régimen Especial de Autónomos -de ellas, 26 están capitaneadas por mujeres- y las otras 53 son pymes, de las cuales el 89 por ciento son micro y pequeñas empresas y 11 por ciento medianas industrias.
La presidenta de la Diputación agradeció el consenso alcanzado con respecto a estas ayudas, clave para afrontar la era post coronavirus en la provincia. «Estas peticiones eran anteriores a la pandemia y al Covid, lo que demuestra que eran apuestas en firme para mejorar sus propias empresas y negocios con inversión», afirmó Ángeles Armisén, para añadir que «esperamos que se ejecuten el cien por cien de las solicitudes, que es para lo que hemos dotado esta partida».
Posición similar defendió la vicepresidenta segunda y portavoz de la bancada popular, María José de la Fuente, quien afirmó que la unanimidad «es la mejor forma de ayudar a las empresas de la provincia, que están pasando un mal momento por la crisis del Covid». A renglón seguido, aseveró que se trata de sociedades que están «manteniendo y creado empleo». «Se ha decidido incluir a todas las empresas. No se deja a nadie atrás por falta de presupuesto», alegó.
Para el portavoz de la formación naranja, Jorge Llanos, «esta es la mejor manera de apoyar a las empresas asentadas en la provincia». Unas ayudas que, tal y como destacó su homólogo en las filas del PSOE, Miguel Ángel Blanco, han tenido una gran aceptación. «Nos sorprende y es grato que haya habido una petición tan amplia del fondo. Esperamos que todos lleguen a buen término», señaló el diputado socialista.
Llegados a este punto, cabe señalar que el 56 por ciento de los proyectos atendidos se concentra en el sector servicios, de los cuales corresponden al sector turismo el 36 por ciento; el 21 por ciento de las empresas beneficiarias pertenecen a la industria, de las cuales el 60 por ciento es de alimentación. El resto corresponde, básicamente, al sector de la construcción.
El 37 por ciento de los proyectos está situado en la zona de la Montaña Palentina; Tierra de Campos acumula el 32 por ciento; en el Cerrato se concentran el 17 por ciento de los proyectos y el 14 por ciento restante corresponde a actividades localizadas en la comarca de Páramos y Valles.
En total fueron 144 las solicitudes presentadas para esta convocatoria de ayudas que está integrada por tres líneas diferentes: la primera para la creación de nuevas empresas (568.640 euros), la segunda para consolidación de las ya existentes (1.192.911 euros), y tercera destinada al alquiler de espacios para la instalación de iniciativas empresariales (43.649 euros).

 

TRANSPORTES

El consenso político fue más allá de las ayudas al tejido industrial. Los corporativos también dieron el visto bueno de forma unánime a una proposición conjunta en la que se insta a Renfe, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a recuperar todos los servicios ferroviarios regionales y de Media Distancia con parada en la provincia suprimidos durante el estado de alarma y que no han sido restablecidos en la nueva normalidad. 
La petición incluye también los servicios de Alta Velocidad, así como la inclusión de la línea León-Madrid dentro de los servicios de Avant. Asimismo, la Diputación solicita que se dé traslado de estos acuerdos al ministerio que capitanea José Luis Ábalos (quien visitara el pasado lunes las obras de restauración de la catedral, financiadas con el Programa del 1,5% Cultural), a Renfe y a la Mesa del Congreso y la del Senado.
Por otro lado, también prosperó una moción que tiene que ver con el transporte colectivo por carretera en el Cerrato. En ella se insta a la Junta a que realice un estudio «pormenorizado» de la situación y las necesidades del ámbito del transporte público de viajeros en esta zona de la provincia. Se insta también a la administración regional a que incorpore «las líneas de transporte necesarias para dar cobertura a esta comarca, incorporándolas a su próxima propuesta para la elaboración del mapa de ordenación del transporte público de viajeros por carretera».

 

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, se aprobó la propuesta de ampliación del plazo previsto en el convenio con el Ayuntamiento de Palencia de cesión de las instalaciones deportivas en la Ciudad Asistencial San Telmo por un periodo de cinco años, justificada por la realización de la obra de mejora del césped artificial del campo de fútbol en el complejo deportivo San Telmo.  
Asimismo, se ratificó de forma definitiva la Cuenta General de 2019 una vez que el documento ha concluido su exposición pública, junto a la Cuenta del Consorcio del Canal de Castilla y del Consorcio de Residuos para remitirla al Consejo de Cuentas. Paralelamente, se dio luz verde a la propuesta de adquisición de una acción de Tragsa a la Dirección General de Patrimonio del Estado, por su valor patrimonial de 8.225 euros, con el fin de adquirir la condición de medio propio personificado y servicio técnico de la Diputación y adherirse a sus estatutos.
Por último, se aprobaron las proposiciones presentadas por el Grupo Popular para instar al Gobierno de España, por un lado, para que incremente la oferta de empleo público para la cobertura de puestos de funcionarios de administración local con habilitación nacional y, por otro, para que «no se apropie de los recursos de las entidades locales». 

 

Piden el estudio conjunto del impacto ambiental de las macrogranjas porcinas

La instalación de 14 macrogranjas porcinas en diferentes municipios de la comarca del Boedo-Ojeda proyectada por la empresa Decamed Trading sigue envuelta en la polémica. Al rechazo mayoritario de los ayuntamientos de la zona y de los vecinos de los pueblos afectados, se suma desde ayer un requerimiento más, en este caso desde la Diputación. Y es que todos los grupos políticos (PP, PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto) dieron luz verde a una proposición conjunta en la que solicitan a la Junta la evaluación de impacto ambiental acumulativo para todos los proyectos de granjas industriales porcinas de la citada empresa.
Asimismo, se pide dar traslado del citado acuerdo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, además de a los portavoces de todos los grupos políticos con representación en las Cortes Regionales.
En el argumentario de la propuesta, populares, socialistas, liberales y Ganemos hacen alusión al tamaño de las naves, su diseño y su situación en pueblos muy pequeños, muchos de ellos pedanías o juntas vecinales. «Su impacto no solo es en esas comarcas, sino en las aledañas y en todas las ribereñas aguas abajo, y la experiencia acumulada de este tipo de explotaciones de ganadería súper-intensiva y sus posibles repercusiones en las zonas donde se instalan, hacen que se deba analizar su impacto de manera conjunta», reza el citado documento.
En concreto, el proyecto habla de 113.000 animales en un radio no superior a los 40 kilómetros, lo que hace que «el impacto en toda la comarca de los ríos Ojeda y Boedo, y por ende a la zona superior del río Pisuerga y el Canal de Castilla, pueda tener consecuencias medioambientales que debemos evitar», defienden PP, PSOE, Cs y el grupo mixto.
 «Esta concentración en esas ubicaciones, la promoción por parte de una sola empresa y la igualdad tan absoluta de los proyectos hace que se deba considerar el estudio de los impactos acumulativos», defienden.