Marzo es el mes decisivo en el Reino Unido. No solo porque el próximo día 29 es la fecha prevista para que se produzca el Brexit, sino porque en dos semanas el Parlamento deberá decidir el futuro de ese divorcio. Y con el tiempo pegado a los talones, los partidos mueven ficha para que la primera ministra, Theresa May, acepte determinadas exigencias a cambio de conseguir su apoyo en la Cámara de los Comunes.

Es el caso de los laboristas, que planean presentar una enmienda al acuerdo de ruptura pactado con Bruselas por el Gobierno de Londres el pasado noviembre que condicionaría su aprobación a que fuera sometido a votación en un segundo referéndum.

Según fuentes de la formación que lidera Jeremy Corbyn, la estrategia, que debería contar con el respaldo de buena parte de la bancada conservadora, es llevar a la sesión del próximo día 12 la propuesta, que pretende «suspender el apoyo» de Westminster al documento hasta que se celebre un plebiscito al respecto.

La idea es que los laboristas se abstendrían en la votación del tratado negociado por la primera ministra con la Unión Europea para la salida del Reino Unido de este bloque, facilitando así su aprobación, con la condición de que se sometiera a la opinión pública, junto con otras opciones, en una nueva consulta.

Por presiones internas y tras la marcha de varios diputados, el Partido Laborista anunció esta semana que apoyará oficialmente la celebración de un segundo referéndum sobre la permanencia, después del de junio de 2016.

No obstante, la dirección del bloque progresista insiste en que continuará trabajando también para lograr otros desenlaces, como la celebración de unas elecciones generales que desbanquen a los tories del poder.

Pero no solo hay condiciones desde la oposición. El exministro del Brexit Dominic Raab mandó también sus premisas a May para respaldar el acuerdo con la UE, del que exigió que cuente con cambios «sustanciales y jurídicamente vinculantes».

Entre ellos, y como le exigen el resto de integrantes del ala más euroescéptica de su partido, modificaciones en la salvaguarda irlandesa, ideada para evitar el restablecimiento de una frontera dura entre las dos Irlandas. Este mecanismo prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que ambas partes establezcan una nueva relación comercial.

Fue precisamente esa cuestión una de las que hizo a Raab presentar su dimisión como responsable del Brexit en noviembre, un día después de que Londres y Bruselas llegaran a un consenso.

«Si apoyamos este acuerdo como está, sin ningún cambio, el problema se volverá peor e iremos a la siguiente votación, potencialmente atrapados en la salvaguarda, suplicándole a la UE que nos deje salir y sin haber cumplido las promesas hechas a los británicos», aseguró el conservador.

eurotunnel. May continúa determinada en tratar de convencer a las autoridades europeas de introducir los cambios que requiere el acuerdo para salvar el trámite parlamentario, aunque estas, por el momento, se niegan.

Mientras tanto, su Gobierno llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa francesa Eurotunnel por el que pagará 33 millones de libras (38 millones de euros) a cambio de que retire la demanda que le interpuso por la adjudicación «opaca» de contratos de transporte relativos al divorcio del bloque.

El Ejecutivo de May precisó que, como parte del acuerdo extrajudicial, la compañía se compromete a hacer mejoras en sus terminales «que asegurarán que el túnel del Canal (de la Mancha) puede continuar» sus servicios tras el Brexit.

El titular de Transporte, Chris Grayling, afirmó que el pacto ayudará a asegurar que la sanidad pública británica «tiene medicinas esenciales en caso de una ruptura sin acuerdo».