Los ayuntamientos y la Diputación estarían en disposición de prestar al Gobierno una cifra cercana a los 64,5 millones de euros si se quieren beneficiar de la principal propuesta recogida en el acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincial (FEMP) y el Ministerio de Hacienda para impulsar medidas de recuperación tras la pandemia. 

Tras años de ajustarse el cinturón, con recortes en el gasto a costa de renunciar a reforzar sus plantillas, de avanzar en la prestación de servicios o de acometer inversiones para la mejora de sus municipios, la mayor parte de los ayuntamientos alcanzó una estabilidad económica que les proporcionó un colchón en forma de ahorros para tiempos peores.

Ha sido en 2020 cuando esas vacas flacas han irrumpido en los consistorios en estampida por el Covid-19, y ahora que necesitan tirar de esos ahorros para financiar el sobreesfuerzo económico de la gestión de la crisis sanitaria y en la posterior reconstrucción social y económica se encuentran con que no lo van a poder utilizar o, al menos, no de la forma en la que pretenden.

La clave está en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la FEMP este lunes por el que, en términos generales, se establece que los ayuntamientos que entreguen sus ahorros al Gobierno de España, recibirán financiación para acometer esa reestructuración. 

Cuando se habla de ahorro, en realidad se habla de los remanentes de tesorería para gastos generales, una variable que refleja la situación de liquidez de la entidad al cierre del ejercicio presupuestario. Si es positivo, como es el caso de 164 de los 191 municipios de la provincia, más del 85%, la solvencia financiera a corto plazo de la entidad local es buena, y el consistorio destina el superávit a la reducción del endeudamiento, la realización de inversiones financieramente sostenibles o, en su caso, la realización de gastos en el ejercicio siguiente. Con este pacto, los ayuntamientos y la Diputación deben poner a disposición de la Administración General del Estado la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales -descontados algunos conceptos- antes del 15 de septiembre  y hasta el 31 de diciembre de 2021.

Una especie de préstamo al Gobierno que pese a ser voluntario sí es condición sine qua non para recibir una ayuda de como mínimo, el 35% de los fondos aportados y que se aumentará hasta cubrir un importe global de 5.000 millones de euros en dos años, la cual podrán utilizar para lo que deseen dentro de tres áreas prioritarias: Agenda Urbana y Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad y Cultura. Además, a partir de 2022 y durante 10 años, los ayuntamientos recibirán del Gobierno la totalidad de los remanentes cedidos y podrán utilizarlos sin incurrir en déficit. 

los cálculos. No hay, por ahora, un cálculo exacto sobre cuánto dinero pueden o deben entregar los ayuntamientos de la provincia al Gobierno para beneficiarse de estas condiciones. Los consistorio más grandes de la provincia, sí han liquidado el ejercicio de 2019 y tienen un cálculo aproximado.

Así, por ejemplo, la capital calcula que debería prestar a la Administración General del Estado «más de 625.000 euros» de sus remanentes de tesorería, según cálculos del concejal de Hacienda, Luis Miguel Cárcel. El consistorio de Aguilar cree que debería renunciar a unos 870.000 euros, y es que aunque cerró el presupuesto de 2019 con 1,34 millones de remanente, se llevó a cabo una amortización de toda la deuda del consistorio por 520.000 euros. 

Mientras, Villamuriel cifra su remanente de tesorería para gastos generales en 1.916.365,36 euros, según explica su responsable, Roberto Martín. Las cuentas del Ayuntamiento de Guardo pasan por ceder unos 2,5 millones de euros, mientras que en el otro gran consistorio de la provincia, el de Venta de Baños, no tienen posibilidad de acceder a estas ventajas porque el año pasado no tuvieron remanentes de tesorería. Para casos como este, el Consistorio ha habilitado otro tipo de ayudas.

En cuanto a la Diputación, cerró 2019 con un remanente líquido de tesorería de 16.450.568,65 euros, aunque a esta cantidad hay que restarla varios conceptos para conocer exactamente la cifra que podría poner a disposición de la Administración General del Estado. A falta de saber una cifra global, sí se puede hacer una estimación aproximada. 

Según los datos publicados por el propio Ministerio de Hacienda, las liquidaciones de los ejercicios presupuestarios de 2018, 2017 y 2016 arrojaron un remanente de tesorería para gastos generales ajustado de 63,4, 69,17 y 61,14 millones de euros, respectivamente. Una media de estos tres últimos años dejaría a los ayuntamientos de la provincia con mejor situación económica y a la Diputación la posibilidad de prestar al Gobierno hasta unos 64,5 millones de euros.

El Partido Popular critica un reparto «injusto»

Si hubo acuerdo entre la FEMP y el Gobierno fue gracias a los votos del PSOE y la abstención de IU. El resto de partidos votó en contra del pacto, y, entre ellos, es especialmente crítico el Partido Popular, que recalca que «persigue, desde el primer momento de la pandemia, que estos recursos pudieran ser empleados para paliar las consecuencias del Covid-19, en beneficio de los ciudadanos cuando el Gobierno de Sánchez e Iglesias limitó al 20% el porcentaje del superávit que se podía destinar a este fin».

Para los populares, el acuerdo supone que los recursos fruto del ahorro de las entidades locales sean «confiscados por el Gobierno», y expresan su malestar por esta decisión. «En primer lugar, porque supone dinamitar el consenso que ha estado presente en la FEMP a la hora de alcanzar los acuerdos de mayor calado. En su lugar, el PSOE se ha posicionado frente a todos los demás grupos políticos, adoptando la decisión en solitario», aseveran.

«En segundo lugar, porque supone articular un nuevo rescate al Gobierno de Sánchez e Iglesias con el dinero de los ayuntamientos palentinos y de la Diputación: unos remanentes de tesorería fruto del cumplimiento escrupuloso de la normativa de estabilidad presupuestaria. Para recibir una ayuda del 35% del remanente las entidades locales deberán entregar el 100% de sus ahorros y el Gobierno se lo devolverá a 10 años», recalcan.

Para el PP, esta propuesta, «en lugar de ayudar a todas las corporaciones locales, da dinero a quien ya lo tiene pero no se lo deja gastar; excluye a las que no tienen remanente; y endeuda por el 100% del remanente a 10 años a los Ayuntamientos y Diputaciones a favor del Gobierno». 

«El dinero del fondo está condicionado, excluyendo las ayudas a colectivos que lo necesitan como comercio, hostelería, etc… Es una propuesta inasumible», aseveran los populares. En tercer lugar, desde el Partido Popular consideran que «genera una gran desigualdad». En palabras de Ángeles Armisén, presidenta de los populares palentinos, «el PSOE crea ayuntamientos de primera y de segunda categoría, ya que deja de lado a las entidades endeudadas». «Esta propuesta está muy lejos de la planteada por el PP en la FEMP, y ratificada inicialmente por este organismo, para que el Gobierno habilitara un fondo de 5.000 millones», sentencian.