La Guardia Civil destruyó 428 armas en la provincia durante el transcurso del año pasado.  Dentro del total, 38 eran armas cortas, 365 largas y 25 de otro tipo. 

Actualmente, la competencia del Estado en materia de armas y explosivos se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Dichas unidades controlan el acceso legal a las armas y vienen reguladas dentro de los requisitos del Reglamento vigente. 

Entre los requerimientos más importantes se encuentra  la carencia de antecedentes penales, así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo de armas. Asimismo, para evitar que la misma sea utilizada indebidamente una vez que el titular deja de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas. 

Desde el año 2011, la invalidación de armamento está regulada por una estricta normativa, de tal modo que es sometida a un proceso que afecta completamente a sus piezas, siendo imposible volver a utilizarla con plena capacidad de funcionamiento. 

Periódicamente, la Guardia Civil lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas. Algunas de ellas están implicadas en actos ilícitos de forma penales o administrativos que después del procedimiento correspondiente,  se determina  su destrucción. Además, aquellas que por finalizar el derecho a la tenencia y uso por parte de los  titulares y  no hayan sido adjudicadas en subastas, tienen el mismo fin. 

El proceso establecido permite que las armas sean reducidas mediante la utilización de una técnica de fundición con el objetivo de convertirlas en chatarra. 

Rasgos generales. Durante el 2020, la Guardia Civil destruyó, un total de 60.083 armas, entre las cuales más de 49.100 eran de fuego dentro del territorio español.Estas actuaciones están enmarcadas dentro de la normativa vigente en España y se suman al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, el cual tuvo origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras celebrada en julio del 2001.

En la citada conferencia, se puso de manifiesto, entre otras cuestiones, la preocupación por la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y ligeras y por su acumulación excesiva y proliferación incontrolada en muchas regiones del mundo. Esto tiene consecuencias humanitarias y socioeconómicas de muy diversa índole y supone una grave amenaza para la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en los planos individual, local, nacional, regional e internacional. Es por ello que la ONU estableció que cada 9 de julio se celebraría el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego con el fin de promover acciones para la eliminación del armamento proveniente de un origen ilícito.

En promedio se estima que cada año, para la fecha establecida, se destruyen ochocientas mil armas de fuego. Para evitar consecuencias generadas por el uso indebido de armamento,  las organizaciones no gubernamentales como Oxfam, Amnistía Internacional y la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas  establecen centros de recolección y destrucción de armas de fuego. Además, organizan conferencias con el objetivo de  concienciar a los ciudadanos sobre la realidad que representan las armas de fuego para la seguridad civil.