La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 tuvo lugar en Iguala (México) uno de los casos más sonados de desaparecidos de América Latina. La Policía del estado de Guerrero interceptó a un grupo de estudiantes que acudía a una protesta y que fueron confundidos con los miembros rival al cártel Guerreros Unidos. Varios de ellos murieron y a otros 43 se les perdió la pista. Ahora que se cumplen seis años de aquel trágico suceso que aún sigue sin aclararse -no hay procesados ni condenados y, aunque se han encontrado algunos restos óseos que podrían pertenecer a alguno de los capturados, la mayoría sigue teniendo un destino desconocido-, la comunidad internacional vuelve a recordar estas ausencias forzosas que, por desgracia, suman cientos de miles de personas en toda América Latina. Una cifra inexacta que alimenta más si cabe el profundo dolor de una tragedia perpetrada tanto por grupos delictivos como por autoridades y en el que fenómenos sociales y económicos como la migración juegan también su papel.

Desde hace ocho años, Julieta Toscano busca a su hijo Oliver, un joven campeón de taekwondo al que le perdió la pista un 10 de julio de 2012 en la ciudad de Tlajomulco.

Al principio, la investigación indicaba que había sido un secuestro, aunque las pesquisas dieron un giro al sospechar su madre que están involucrados tres primos, envueltos supuestamente en «negocios sucios». Julieta y sus hijas han sido objeto de amenazas por diferentes vías, hostigamiento, vigilancia afuera de su casa, por lo que viven escondidas por miedo. Su esposo, Sergio, murió sin haber encontrado a Oliver, uno de los más de 73.000 desaparecidos en México desde 1964, si bien la inmensa mayoría de ellos se han registrado desde 2006.

Rafael Barrantes, coordinador del programa de desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central, explica que una gran variedad de causas han llevado a la región a tener decenas de miles de desaparecidos. Por conflictos armados internos, como en Colombia o Guatemala, por la mala acción de las autoridades o debido a choques entre fuerzas de seguridad y bandas armadas, como en México, o, de manera más reciente, por motivos económicos y sociales que empujan a miles a migrar hacia Estados Unidos, un fenómeno especialmente centroamericano.

En el contexto actual, surgen nuevos peligros: «Una inadecuada gestión de cadáveres puede producir la desaparición de personas en el marco de la enfermedad de la COVID», apunta. Uno de los mayores problemas radica en que faltan cifras claras sobre la magnitud de la tragedia en la región. Ello se debe a una fragmentación de datos por parte de las autoridades, y a que en muchos países es la propia sociedad civil la que encabeza las búsquedas.

Hogares rotos 

«Cristina quería ser médica, era una niña muy soñadora . Era muy dada con ayudar a la gente», asegura Paulina Mahecha, quien lleva más de 15 años buscando a su hija María Cristina, torturada, violada, desmembrada y desaparecida por paramilitares en Guaviare en abril de 2004. Su historia es similar a la de miles de colombianos pues se calcula que entre 1958 y 2018 fueron víctimas de este delito en el país más de 120.000 personas. El Instituto de Medicina Legal apunta que solo entre 2008 y 2017 se notificaron 73.000 casos, de los que más de 27.000 son menores de edad.

La situación de Colombia en este aspecto es mucho más complicada que en el resto de la región, pero desde hace cuatro años y gracias al acuerdo de paz que firmó el Gobierno con la guerrilla de las FARC fue creada la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Sin embargo, según datos de la Cruz Roja, en Colombia se han registrado al menos 466 desapariciones relacionadas con el conflicto y la violencia armada desde el 1 de diciembre de 2016, cuando se implementó el acuerdo de paz, lo que muestra que este es un asunto que aún está lejos de terminar en el país.

Un pozo de dolor

Guatemala registra más de 41.000 personas desaparecidas en los últimos 18 años y su historia se asimila a la de otros países centroamericanos donde fenómenos como la migración, la violencia o los conflictos armados dispararon las cifras, según datos oficiales recogidos en un informe de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), surgida en 1984 en la época más cruenta del conflicto armado interno (1960-1996) que dejó una cifra similar, con 45.000 ausencias forzadas.

Uno de los casos emblemáticos es el de María Isabel Véliz, que tenía 15 años cuando desapareció. Al poco de comenzar a trabajar en una tienda de ropa, uno de los clientes comenzó a hostigarla. El 16 de diciembre de 2001, no volvió a casa. Su madre, Rosa Franco, decidió denunciar la desaparición. Dos días después, su hija fue encontrada muerta, con el cráneo fracturado y violada. Su caso pasó de un juzgado a otro sin seguimiento de las autoridades, hasta que en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado de Guatemala por el delito de femicidio y se sentó jurisprudencia a nivel nacional. El proceso penal que ha impulsado Rosa en los juzgados locales, entró a su etapa final el año pasado cuando una jueza de fase intermedia decidió enviar a juicio a Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, presunto asesino de María Isabel, y también al expolicía Jorge Mario Ortiz Maquiz.

La sentencia saldrá, previsiblemente, a principios del próximo año. Entonces Rosa podrá descansar, todo un lujo que muchos otros aún no pueden permitirse.