«Seguimos trabajando para llegar a un acuerdo que pueda ser aceptado por ambas partes lo antes posible, que salvaguarde los intereses de nuestros empleados y a la vez sea sostenible para SEDA». Esta fue la respuesta de la cafetera a las movilizaciones que sacaron ayer a la calle a los empleados de los dos centros de trabajo que opera la compañía: uno en la capital y otro en la vecina localidad de Villamuriel de Cerrato.

El motivo central de las protestas que se iniciaron ayer y que continuarán todos los jueves entre las 13 y las 15 horas a las puertas de ambas factorías, no es otro que la negociación del convenio colectivo, «bloqueado en la actualidad y sin fecha para la próxima reunión», se lamentó el presidente del comité de empresa, Alfredo Solla, quien aseguró que las posturas entre empresa y trabajadores, por el momento, «siguen muy alejadas».

Solla recordó que la plantilla de SEDAya asumió en su momento una bajada salarial del 7,5 por ciento. Al respecto, apuntó que «lo que planteamos ahora con este nuevo convenio colectivo es que los trabajadores recuperemos lo perdido, que ya es hora». En este punto, y tal y como explicó el presidente del comité de empresa, su propuesta pasa por una subida del 2,5 por ciento más el IPC para 2019 y de un 2 por ciento más el IPC para el resto de años hasta 2023, pues será un convenio vigente por cinco años.

Por el contrario, según concretó Solla a las puertas de la factoría de la capital, la empresa ha planteado dos escenarios: uno en el que se mantendría el actual convenio con la propuesta de subida «solo del IPC» y otro con un aumento del 1,3 por ciento en 2019 y un tres por ciento para el resto de los años, hasta los cinco de vigencia del nuevo convenio.