La Junta de Castilla y León ha informado hoy a los sindicatos de la Función Pública su pretensión de convocar el 15 de abril el concurso abierto y para 15.000 funcionarios de la Administración autonómica, después de que la semana pasada fuera anulado por una sentencia judicial.

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, se reunió esta mañana con los representantes de los sindicatos en un encuentro informativo en el que se explicó las adaptaciones de la relación de puestos de trabajo (RPTs) tanto a la sentencia como al decreto de catálogos tipo aprobado el pasado 7 de marzo, y el calendario para la convocatoria del nuevo concurso.

Presidencia prevé llevar la adaptación de la relación de puestos de trabajo en el Consejo de Gobierno del 4 de abril, una vez que haya pasado por la Mesa y el Consejo de la Función Pública, para convocar el concurso abierto y permanente el próximo 15 de abril y tener antes del verano una resolución provisional, según informaron a Ical fuentes sindicales presentes en la reunión.

De esa manera, la Junta de Castilla y León convocará un nuevo concurso abierto y permanente para funcionarios con todas las vacantes que permita la normativa. El decreto de catálogo de puestos tipo marca en una de sus disposiciones adicionales el plazo de un mes para acomodar la relación de puestos de trabajo (RPT), que es lo que se va a hacer para su aprobación en el Consejo de Gobierno del 4 de abril.

Los sindicatos pidieron a la Junta seguridad jurídica y que todos los cambios se ajusten a derecho para evitar que asociaciones o sindicatos puedan recurrir y ganar en los tribunales, si bien expresaron “reservas” al considerar que, con lo aportado, faltan informes, datos y claridad. El consejero si asumió como error, según las mismas fuentes, que el mérito contabilizara un 48 por ciento, cuando por ley no puede superar el 40 por ciento, algo que ahora se corrige.

“El objetivo es que salga el concurso, que hay casos que llevan ocho o diez años sin concursar”, explicó el representante de Función Pública de CCOO, Ernesto Angulo, quien lamentó que el cuerpo de letrados, formado por 86 miembros -unos 30 de libre designación-, tuviera capacidad para frenar un concurso para 15.000 funcionarios, al que habían optado casi 6.000.