La Junta garantizará a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) seguir recibiendo esta prestación hasta que perciban el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno (IMV) y la cobertura económica mínima que tenían las familias a través del subsidio de la Junta. Así lo acordaron ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y los integrantes del Diálogo Social, durante un encuentro en el que decidieron poner en marcha una reforma normativa para que sea posible.
Isabel Blanco presidió la mesa de Renta Garantizada de Ciudadanía, constituida en el Marco del Diálogo Social y en la que participaron los representantes de CCOO, UGT y Cecale, en un encuentro en el que la consejera de Familia trasladó los datos facilitados por el Ministerio respecto a los perceptores de Renta que han cobrado el Ingreso Mínimo Vital.
En concreto, en un primer momento, esta prestación se concedía de oficio a los beneficiarios de la prestación con hijo a cargo, lo que supone un total de 4.300 familias perceptoras de la RGC en Castilla y León, de las que tan solo 1.470 han recibido el IMV del Gobierno central y de ellas 452 han obtenido una nómina inferior a la que percibían en la Renta.
Estas familias están recibiendo en este momento de media un importe de 332 euros del Ejecutivo, mientras que con la Renta de la Junta cobraban 565 euros, como informa Ical. En la mesa se puso de manifiesto que la Junta seguirá abonando la RGC hasta que los perceptores reciban el IMV aprobado por el Gobierno central.
Para ello se está trabajando en un mecanismo normativo que permita llevar a cabo esa medida, ya que la Renta es subsidiaria de la ayuda del Estado y por lo tanto debe reconocerse una vez resuelta la concesión del Ingreso Mínimo Vital. Además, Isabel Blanco recordó que, de los 4.300 perceptores de RGC con hijos, sólo han percibido el IMV 1.470, lo que supone una cobertura del 34 por ciento.
«Esto obliga a seguir avanzando en cuantas medidas sean precisas para adaptarlas a las necesidades reales de las familias más vulnerables de nuestra Comunidad. Se pretende de esta forma que esas 452 familias mantengan al menos la misma cuantía económica que venían recibiendo por parte de la Junta de Castilla y León para que puedan hacer frente a sus necesidades básicas», destacaron desde el Ejecutivo autonómico.
Por otra parte, las 1.018 familias de Castilla y León que percibieron el Ingreso Mínimo Vital, por cuantía igual o superior a la Renta, empezarán a recibir exclusivamente esa ayuda del Estado, ya que la prestación de Castilla y León es subsidiaria y constituye por lo tanto la última red de protección respecto a cualquier prestación. El resto de perceptores que venían recibiendo la RGC seguirán ingresándola hasta que el Estado resuelva el IMV.