El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, avanzó ayer que un agricultor profesional, que cultive unas 130 hectáreas, resultará beneficiado en el pago básico de la nueva Política Agraria Común (PAC), que supone el 60 por ciento del cheque directo. Esto se producirá en virtud de la recompensa prevista para ellos en los «estratos» introducidos en los pagos redistributivos, una vez que la Comisión Europea no aceptó la petición de España.
Carnero, que participó por videoconferencia a la reunión sectorial de la PAC con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, explicó que las alegaciones que Castilla y León presentará en los próximos días al Plan Estratégico Nacional se centran en la figura del agricultor profesional, la degresividad en los ecoesquemas, así como en la petición de un plan nacional sectorial e integral para el ovino y el caprino.
En ese sentido, el titular de Agricultura defendió de nuevo que el plan, cuyo borrador España debe remitir a la comisión antes del 31 de diciembre, tras pasar por el Consejo de Ministros, debe hacer una referencia «imprescindible» al agricultor profesional, si bien admitió que en el país conviven diferentes agriculturas, por lo que más allá de exigir que esté dado de alta en las tres figuras posibles de la Seguridad Social agraria, al menos, se realice una discriminación positiva. Al respecto, Jesús Julio Carnero indicó que ya han conseguido incluir unos estratos en los pagos redistributivos para reconocer al agricultor profesional, lo que insistió supondrá un beneficio respecto al modelo de la PAC actual, algo que remarcó les parece «importante».
El consejero destacó que ya han logrado eliminar la degresividad en las ayudas asociadas, por lo que insistió que ahora Castilla y León pide al Ministerio que la suprima también en el caso de los ecoesquemas. Insistió en que si son voluntarios se debe recoger que no se aplicará siempre que haya dinero en la «caja», es decir, que se deje su implantación en el caso de que haya más peticiones que recursos.
Esto, indicó, juega a favor de los agricultores profesionales y supone, a su juicio, un punto de «apoyo» y «reconocimiento» para ellos, más allá de que se incluya de forma explícita y categórica como aquellos que están dados de alta en la «Seguridad Social agraria».