El Gobierno de España llevará a la Junta de Castilla y León ante elTribunal Constitucional por el impuesto a Garoña al tratarse, según elEjecutivo nacional, de un tributo de sostenibilidad energética que ya se encuentra dentro de los impuestos estatales. De esta forma, el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez acordó ayer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto que grava el impacto medioambiental por el combustible gastado y depositado en las instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, en fase de desmantelamiento, por considerar que incurre en un supuesto de doble imposición, porque ya existía un tributo similar a nivel estatal.

Al respecto, la Junta destacó que «defenderá los intereses de Castilla y León y no el de las nucleares», tal y como lo señalaron a Ical fuentes del departamento que dirige Carlos Fernández Carriedo, la Consejería de Economía y Hacienda, que aclararon que harán un valoración más detallada del recurso, cuando conozcan en profundidad el documento de inconstitucionalidad. Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, acusó al PSOE de «perjudicar» a Castilla y León «en beneficio de Nuclenor» y aseguró que esos residuos «no están gravados por el impuesto nacional», ya que «son anteriores al mismo», además de que recordó que «están en nuestra comunidad».

El recurso del Gobierno de España se basa en el dictamen favorable del Consejo de Estado contra el artículo único cuatro de la Ley 6/2018 de 13 de noviembre de la Comunidad, donde la Junta incorporó al ya existente impuesto sobre la afección medioambiental una nueva imposición sobre el almacenamiento temporal de residuos radioactivos.

Por su parte, el Estado había establecido en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, un impuesto sobre la producción de combustible nuclear. Por ello, el Gobierno en funciones, que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, considera que la regulación contenida en la norma de Castilla y León incurre en un supuesto de doble imposición de financiación de las comunidades autónomas.

Ambos tributos recaen sobre el mismo hecho imponible, los residuos que genera una central nuclear. El pasado 18 de febrero de 2019, Junta de Castilla y León y Estado confiaron en alcanzar un acuerdo que permitiese evitar un recurso de inconstitucionalidad sobre el impuesto de Garoña, que tras la decisión tomada por el Gobierno se da por fracasado.