Con una media de uso de tan solo una llamada cada tres días, las cabinas telefónicas se mantendrán en España como un servicio universal obligatorio como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021, a la espera de que el Parlamento se ponga de acuerdo y logre aprobar antes una normativa que permita su supresión.

Telefónica será de nuevo el operador que se encargará de mantener estos espacios públicos, en virtud de una orden ministerial, aunque la intención «clarísima» es eliminarlos antes del servicio universal obligatorio, detalla el director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Roberto Sánchez.

Las cabinas, que comenzaron a instalarse en las calles españolas en el año 1928, «no se utilizan. Estamos convencidos de ello», apunta el experto, quien reconoce que ya se intentó en 2018 suprimir la obligatoriedad de este servicio, pero no se pudo porque el Consejo de Estado dictaminó «a última hora» que debía hacerse por ley. «El año ha sido un poco difícil y aprobar leyes ha sido complicado», teniendo en cuenta la fragmentación del Parlamento, explica.

Año tras año se publica en el BOE un concurso para prestar este servicio, un hecho que en los últimos tiempos ha quedado desierto, ya que ninguna empresa quiere hacerse cargo de estos históricos elementos que, según fuentes de Telefónica, registran una media de uso de 0,37 llamadas al día.

El coste de mantener las cabinas es de unos 4,5 millones de euros anuales, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que revisa las condiciones de la prestación del servicio y que se refieren al año 2016.

Para 2020 la situación no es distinta y ningún operador ha querido hacerse cargo de estas estructuras, según publicó recientemente el BOE, por lo que será de nuevo Telefónica el que lo ofrezca.

A día de hoy existen unas 15.450 cabinas en la vía pública en todo el territorio nacional, aunque llegaron a sumar las 65.000 unidades a finales de los 90, según estima la multinacional española.

De acuerdo con estos datos, cada cabina supone un coste medio de 291,3 euros al año, por lo que una llamada de teléfono registrada sale de media a 2,5 euros.

La demanda se ha reducido drásticamente en los últimos años debido a la alta penetración de la telefonía móvil en todos los segmentos de la sociedad, según Telefónica, que advierte de que la escasa demanda ha encarecido los costes de esta prestación al igual que ha ocurrido en muchos otros países del entorno.

Actualmente existe una cabina en cada municipio de más de 1.000 habitantes, y está establecido que haya instalada al menos una por cada 3.000 personas, según cuenta la operadora.

Para superar esta obligatoriedad, se debe aprobar una ley específica o, «lo más lógico», según Sánchez, una transposición de la directiva europea del Código de las Comunicaciones Electrónicas, que ya suprime estos elementos como servicio universal obligatorio, aunque tampoco impide mantenerlos. La idea es hacerlo a lo largo de 2020, según el director general, quien apunta que se está trabando en los borradores de la normativa.

La CNMC ya ha recomendado que se retire la obligatoriedad de esta prestación al haberse constatado un progresivo abandono de su utilización a lo largo de los últimos años. «No es que lo hagamos porque se nos haya ocurrido», afirma el experto, convencido de que estos espacios están llamados a «desaparecer».

Países como Francia, Bélgica, Dinamarca y Estonia han ido suprimiendo el elemento del servicio universal de cabinas.

Cabe destacar que Telefónica es la encargada de mantener, no solo las cabinas, sino el conjunto del sistema universal de telecomunicaciones que garantiza el acceso a la red telefónica pública desde cualquier ubicación geográfica o una velocidad de conexión de al menos 1 megabit por segundo.

No obstante, esta red es financiado de forma proporcional en función de sus ingresos por los operadores que facturan más 100 millones de euros.

Según datos recientes de la CNMC, un total de 14 operadores han sido los encargados de financiar el sistema universal de 2016, que supuso un coste total de 16,78 millones de euros en España, de los que Telefónica aportó 5,2 millones, Vodafone, 2,86, y Telefónica Móviles, 2,86, entre otros.

En la nueva norma que se apruebe, también se revisará la velocidad mínima de las conexiones a internet, que se remontan a un reglamento que data de 2005, según finaliza el director general.