El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido esta semana la elaboración de la Política Agrícola Común (PAC) en diálogo con las comunidades autónomas, pero respetando siempre las reglas europeas. Así lo ha expresado en su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para informar del estado del Plan Estratégico Nacional de aplicación de la próxima PAC para el periodo 2023-2027. Con las autonomías «hemos tenido un dialogo profundo y extenso, y la cooperación ha sido muy buena», ha destacado el ministro. Y ha añadido que «hay que presentar antes del 31 de diciembre el Plan para que se apruebe a lo largo del primer trimestre de 2022. Si la Comisión Europea no lo aprueba, aquí no cobra nadie».
Respecto a este asunto, Planas ha afirmado ha afirmado que «va bien avanzado» y ha confiado en estar en disposición de cumplir los plazos y entregarlo en Bruselas antes de finalice 2021. «El acuerdo por consenso alcanzado en julio prefigura que podamos concluir en tiempo y en forma este plan», declaraba antes de su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Sin embargo, la realidad es tozuda y no deja nada claro que esto vaya a ser así. A pesar de que los consejeros regionales del ramo expresaban su voluntad de llegar de llegar a un acuerdo la semana pasada, la reunión sectorial del mes de julio dejaba más sombras que luces. En ese encuentro el Ministerio presentaba un documento sobre el que basar el acuerdo con puntos que no dejaban satisfecho a casi nadie. Muchos de los asistentes se quejaban de propuestas difusas y falta de concreción. Los pagos redistributivos, los ecoesquemas o la definición de agricultor activo o profesional no contentaron a los implicados.
Además, en la comparecencia de este lunes, los grupos políticos de la oposición se quejaban de la falta de transparencia en cuanto a lo que ocurrió en esa reunión de julio. La diputada ‘popular’, Milagros Marcos, ha lamentado carecer de información de lo ocurrido en esa sectorial de agricultura, por lo que ha pedido, al igual que VOX, el acta de la reunión que tuvo lugar el pasado día 14 de ese mes en la sede del Ministerio de Agricultura.
«A tres meses de tener que enviar el plan a Bruselas, en España seguimos sin saber el impacto que tendrá en los bolsillos de ganaderos y agricultores españoles. Plantear que se alcance un acuerdo sin información no es un ejercicio de respeto y el fracaso estaba servido en la sectorial», ha indicado Marcos, que ha añadido que «la cultura del acuerdo la tienen todos y el PP también. Pero el acuerdo no supone que uno proponga y el resto acate sin rechistar, todos tienen que ceder». En la misma línea se ha manifestado Ricardo Chamorro, diputado de VOX, que ha preguntado a Planas «¿por qué se oculta el acta de la sectorial de julio? Lo que están haciendo en Bruselas y Madrid arruinará al campo español». Planas ha respondido a estos requerimientos que «me han pedido la grabación y la transcripción de la sectorial, pero señorías, esto no es el ‘caso Kitchen’ donde son necesarias las transcripciones».
Mientras tanto, en el sector no saben a qué atenerse y tienen dudas. No está nada claro en qué se va a concretar la consigna que Planas pronuncia periódicamente desde hace meses cuando habla de una PAC «más justa, más sostenible y más social»; o en qué se va a traducir que «hay que ayudar a quien lo necesita» y «apoyar a la clase media de los agricultores»; o qué va a suponer para los profesionales el supuesto fomento de «la innovación y la digitalización».
Pedro Barato, máximo responsable nacional de ASAJA, ha resaltado la incertidumbre que existe en el sector por la aplicación de la nueva Política Agrícola Común y el incremento de las exigencias ambientales que conlleva porque, a su juicio, mermarán la competitividad de las explotaciones europeas frente a otras de terceros países que harán frente a las producciones locales, a pesar de que éstas gozan de los más altos estándares de calidad y sostenibilidad. Respecto a las negociaciones entre Gobierno y autonomías para concretar el Plan Estratégico, Barato entiende que cada uno «defienda lo suyo», pero reivindica que, en general, se prime al agricultor profesional y se cuide el empleo.
Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, ha expresado que su organización está especialmente atenta al acuerdo que se pueda alcanzar en lo que se refiere a la aplicación de los escoesquemas. Espera que «no suponga ningún trauma» para los productores y hace un llamamiento a la Administración para que «sepa entender y tenga en cuenta» que el sector lleva «años» adaptando sus formas de producir a prácticas más sostenibles. Para Ramos es importante además que las ayudas redistributivas vayan a parar a la agricultura familiar y a los productores «más profesionales».
Miguel Blanco, secretario general de COAG, también ha expresado su inquietud por el apoyo al agricultor profesional. Ha señalado que una «línea roja» para la próxima PAC es la definición de «agricultor genuino» porque «de ahí se deriva el reparto de las ayudas». «Hay que establecer criterios de prioridad para que sólo los profesionales» reciban las ayudas necesarias. En cuanto a los ecoesquemas, tampoco se muestra muy tranquilo porque no los ve «inclusivos» y denuncia que «no resultan incentivadores» para el productor, «sino penalizadores».
Respecto a este punto, el ministro ha explicado en que en su diseño se contemplan prácticas que serán sencillas de aplicar, pero con una aportación medioambiental clara, y que no será necesario acumularlos en una misma superficie, con lo que se evita que unos agricultores tengan ventajas sobre otros en función de las características de sus explotaciones.