La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, defendió hoy un reparto justo de los fondos europeos destinados a políticas de empleo entre las autonomías, así como la necesidad de simplificar la normativa laboral reduciendo las modalidades de contrato que existen a día de hoy y que contribuyen a profundizar en la dualidad del mercado laboral. 

Amigo participó esta mañana en la videoconferencia que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantuvo con los titulares de las consejerías con competencias en materia de empleo en las distintas comunidades autónomas. La consejera aprovechó el encuentro para pedir al Ministerio flexibilidad a la hora de reconocer como ERTES de impedimento los presentados por aquellas empresas que, como consecuencia de las restricciones sanitarias, solo puedan desarrollar actividades residuales.

El encuentro tenía como objetivo seguir avanzando en la elaboración de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, así como analizar los proyectos de inversión y reformas en materia de Políticas Activas de Empleo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En relación a la nueva estrategia, la titular de Empleo en la Junta de Castilla y León defendió la necesidad de fortalecer la prospección laboral como una herramienta necesaria para apoyar a las empresas  en este momento de máxima dificultad. En el momento actual, señaló Amigo, es "fundamental" la cercanía a las empresas para conocer sus necesidades y poder ofrecer un plan de apoyo a medida. 

Igualmente, la consejera apostó por la digitalización de los servicios públicos de empleo, un proceso de modernización en el que se han dado pasos importantes, pero en el que es necesario seguir avanzando desde todas las comunidades, en línea con los objetivos que persiguen los fondos europeos. 

Ana Carlota Amigo volvió a abogar por la transparencia y la eficacia de las políticas públicas, de ahí que defendiera como irrenunciable la evaluación de las políticas públicas de empleo, “desde la objetividad y la independencia”. Este control se lleva a cabo en Castilla y León a través de la  Airef, un  organismo  independiente que vigila la sostenibilidad y la adecuación de las políticas públicas. Es fundamental esa evaluación, dijo la consejera, para poder reforzar lo que funciona y cambiar aquello que no es efectivo.

La consejera incidió, además, en la necesidad de afrontar una reforma laboral que ponga fin a la "gravísima" dualidad del mercado laboral que existe en este país. En opinión de la consejera, esta dualidad está estrechamente vinculada a la existencia de 42 modalidades de contrato distintas. Amigo abogó por simplificar la normativa laboral reduciendo los tipos de contrato porque de lo contrario las políticas activas de empleo no serán efectivas. En coherencia con este planteamiento, reclamó “un nuevo contrato social que permita estudiar en profundidad este tema  y dar una respuesta adecuada al problema”.

El encuentro entre el ministerio y las comunidades autónomas sirvió además, para analizar los proyectos de inversión y reformas en materia de Políticas Activas de Empleo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ministerio señaló que las comunidades autónomas gestionarán en torno a 688 millones de los 2.000 millones asignados para este año a políticas de empleo. Estos fondos habrán de destinarse a proyectos territoriales de cohesión y reequilibrio, atención a colectivos vulnerablse, emprendimiento y microempresas.

Desde la Junta de Castilla y León, Amigo volvió a demandar un reparto justo en la asignación de esos fondos entre las comunidades. Este reparto, insistió la consejera, debe  tener en cuenta cuestiones como la despoblación, el envejecimiento o la dispersión geográfica. "En Castilla y León necesitamos esos fondos para hacer frente al desempleo y a las dificultades para apoyar a autónomos y empresas para que puedan dar continuidad al empleo”. En este sentido, la consejera de Empleo e Industria recordó que Castilla y León ya ha sido claramente perjudicada con el reparto de fondos REACT-EU, donde  el Ministerio de Hacienda asignó a finales de diciembre 335 millones a la Comunidad, un 3,35 por ciento del total del reparto autonómico, y 257 millones de euros menos de los que le habrían correspondido con el actual sistema de financiación autonómica.

Por último, Amigo aprovechó el encuentro para pedir al Ministerio flexibilidad a la hora de reconocer como ERTES de impedimento los presentados por aquellas empresas que, como consecuencia de las restricciones sanitarias, solo puedan desarrollar actividades residuales.