El pleno más madrugador de la década aprobó de forma definitiva -la inicial fue el pasado diciembre- el presupuesto de 2020 tras la inadmisión de las alegaciones presentadas por el grupo municipal del PSOE y la Federación de Asociaciones de Vecinos con los votos a favor de PP, Cs y Vox.

Enmiendas que no tenían recorrido jurídico alguno, ya que tal y como se encargaron de recordar los partidos del bloque del centroderecha municipal, el artículo 170 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local deja claro que solo hay tres motivos para presentar reclamaciones contra un presupuesto aprobado, y ninguna de las presentadas por el PSOE y la Favpa se incluyen en esos tres apartados, al menos, no de forma argumentada. 

Esto hizo que fueran despachadas con críticas de los portavoces de PP, Ciudadanos y Vox por ser «una artimaña sin ningún trasfondo para entorpecer la labor del equipo de Gobierno» o, directamente, «ganas de enredar».

Más allá fue el alcalde de la ciudad, Mario Simón, que llamó a las asociaciones de vecinos a «despolitizarse» para prosperar porque «en cada barrio hay gente de izquierdas, de centro, de derechas y apolítica. De todo tipo». Nunca hasta ahora, o al menos no de forma tan clara, un primer edil de la ciudad había dicho tan alto y claro algo cien veces insinuado en el pasado y que tienen por dogma de fe las formaciones de centroderecha: que los colectivos vecinales son brazos armados de los partidos de izquierdas.

La primera en decirlo en el pleno de ayer fue la edil de Vox, Sonia Lalanda, que aseveró que «la Federación de Asociaciones de Vecinos forma parte del satélite de asociaciones del PSOE», pero Mario Simón dio un paso más para leer la cartilla a los colectivos vecinales.

«Desde el momento en que a una asociación se la identifica con una determinada dirección política hace que haya personas que no se vinculen a ella, porque el fin común del bien del barrio lo compartimos todos», sostuvo el primer edil, que acusó a la Favpa de «tergiversar mediáticamente» o «hacer declaraciones falsas».

«Incluso hay asociaciones que han pedido la dimisión de concejales del equipo de Gobierno y eso es política», aseveró Mario Simón, que criticó que estos colectivos hagan «crítica política generalizada» y luego, insinuó, no se atiendan las llamadas de los concejales. 

Sin derecho a réplica, en el salón de actos del pleno escuchaba estas palabras el presidente de la Favpa, Sergio de los Bueis, así como otros presidentes de colectivos vecinales. A ellos y al resto invitó Mario Simón a «evitar la politización en todos los sentidos» y a «primar los intereses y fines comunes». «Cuando os etiquetan [políticamente] os debilitan», añadió.

Asociaciones. La participación fue, sin duda, el leitmotiv del debate, sobre todo, la decisión del equipo de Gobierno de someter a concurrencia competitiva la concesión de subvenciones y ayudas a colectivos. Un cambio de modelo, de nuevo, muy criticado, por el PSOE, que duda de la falta de capacidad y ánimo de Simón y su equipo para sacar las convocatorias en tiempo y forma.

«En realidad, su intención es mermar las cantidades que se destinan a la participación ciudadana», les recriminó la portavoz socialista, Miriam Andrés, que recordó cómo el PP y Cs «han cerrado los ojos incluso a subalquileres de unas asociaciones a otras» o que, recientemente, han aprobado un convenio de 15.000 euros para arreglar la sede de una cofradía «de manera discrecional». «Hay que ser más serios y si exigen concurrencia, que la haya para todos», sentenció Andrés.

La defensa firme de la participación ciudadana fue compartida también por Ganemos, que abogó por «unos presupuestos participativos para impulsar el trabajo social comunitario, fomentar el asociacionismo, la cohesión social y el empoderamiento ciudadano».

En definitivas cuentas, que sean «las personas que trabajan en los barrios» las que marquen el camino y no «cuatro iluminados, entre ellos, algunos aquí presentes, quienes decidan el futuro de las inversiones de la ciudad».

Sonia Lalanda, de Vox, recordó a Ganemos que este es «un régimen representativo y no asambleario». «Los que aquí nos sentamos somos representantes de los ciudadanos, no unos iluminados, y tenemos la legalidad y legitimidad para manifestarnos en este pleno. No se puede ir a golpe o a impulso de lo que nos digan desde fuera», sentenció.