Milagros Marcos, diputada en el Congreso, fue nombrada el pasado 20 de agosto secretaria nacional de la Sectorial de Agricultura y Despoblación -área de nueva creación- a propuesta del presidente del PP, Pablo Casado. Según reconoce a Diario Palentino, tiene «mucho trabajo por delante en la búsqueda de consensos» tratando de escuchar a todo un sector y a agentes implicados cuyo futuro no solo depende de una  meteorología favorable para tener una buena cosecha, sino también de decisiones políticas y duras negociaciones dentro de la UE. La veterana política agradece a Pablo Casado su confianza para asumir un puesto de defensa del sector primario y el desarrollo rural «como un firme compromiso electoral de siempre», donde quiere estar a la altura de su antecesora y exministra Isabel García Tejerina, «que dejó el listón muy alto».

Cuenta con una dilatada experiencia política como consejera del ramo en el Gobierno de Castilla y León, del que también fue portavoz, hasta su llegada como diputada al Congreso. ¿Qué cree que puede aportar como secretaria nacional de la nueva Sectorial de Agricultura y Despoblación del PP?

Todo mi trabajo y experiencia de años para poder sacar al sector agrícola y ganadero de la complicada situación en la que se encuentra y que se pueda volver a esa inercia de crecimiento de la renta agraria que existía hasta 2018, con incrementos anuales en torno al 8%, ya que el último dato que se tiene es que ha bajado un 8% el beneficio que obtienen los productores. Por ello, y ya que en lugar de crecer se decrece, mi intención es hablar con todo el sector, escuchar y aportar aquellas cosas que pueden contribuir a mejorar.

El sector primario sigue siendo un pilar esencial en plena pandemia  con su esfuerzo diario para que los alimentos lleguen cada día a los ciudadanos. ¿Considera que su dedicación está siendo compensada o que precisan algo más que agradecimiento desde el Gobierno?

Yo creo que hacen falta menos loas y más realidades, menos aplausos y más iniciativas que puedan resolver sus problemas. Estamos viendo que existe mucha palabrería al respecto pero poca acción y eso no se traduce en resoluciones para atender las reivindicaciones que hicieron los agricultores y ganaderos en febrero, ni en una aportación  y apoyos a las iniciativas que precisan para paliar los efectos de la pandemia. 

Es verdad que dejaron de un día para otro de salir con los tractores a la calle y se dedicaron a ayudar en la labor de desinfección en muchos pueblos, pero sin respuesta del Gobierno para un sector, como tantos otros, muy afectado por las consecuencias económicas derivadas del virus. Hoy todavía no han cobrado ni un solo euro quienes tenían que vender lechazo y no pudieron como consecuencia del cierre de la hostelería durante el confinamiento, o el sector del vino que vio como se cambiaba el dinero de sitio cuando gobiernos de otros países sí aportaban ayudas para resolver los problemas del cierre de la comercialización. Insisto en que lo que hace falta son realidades, trabajo y coordinación, que es lo que yo comprometo y ofrezco en este momento.

Los bajos precios son el caballo de batalla de cada año. ¿Qué se puede hacer para que el margen de los distribuidores y vendedores finales no sea tan alto y se pague más en origen a los productores agrícolas y ganaderos para poder así rentabilizar  su trabajo?

"Se falla en la información y sobra ruido sobre el porcino" - Foto: Óscar NavarroHay que ver toda la cadena y trabajar en conjunto en cada una de las líneas del sistema agroalimentario español, desde el agricultor que cultiva hasta que se finaliza en el consumidor a través del supermercado y la hostelería, junto a la exportación o el turismo. Al final es el consumidor, de un tipo y de otro, el que tiene que estar relacionado en toda la cadena y se debe buscar un equilibrio entre todos los eslabones existentes, avanzando en el precio del contrato y el coste de producción, pero teniendo en cuenta además cómo evolucionan los mercados. Hay mucho trabajo pendiente por parte del Gobierno en la ley de la cadena y en el tema de los precios lo que hay que hacer es ayudar a los agricultores a reducir los costes de producción. 

Se puede ganar más porque te cueste menos producir o porque te pagan más por tu trabajo. Este último aspecto depende de los mercados, de la producción y de cómo se vaya desarrollando la ley de la cadena. Sin embargo, bajar los costes de producción es una obligación del Gobierno y contribuir a ello a través de la investigación – ya que por desgracia se ha despedido a buen parte de sus valedores en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)- además de invertir en tecnología y, como en el caso de los regadíos, contribuir a reducir el consumo de agua, junto a los costes energéticos con esa doble facturación eléctrica que viene demandando el sector. Hay mecanismos para que el agricultor puede ganar más ahorrando en costes o vendiendo más a mejor precio.

Se reduce el apoyo desde la UE a los productores y luego se firman acuerdos de libre comercio con terceros países, permitiendo así importaciones de alimentos que no cumplen con los estándares de calidad.

¿Qué se puede hacer frente a ello y la última subida de aranceles que impone EE.UU.?

Se puede y se debe, otros países lo han hecho, pero la falta de negociación y de socios colaboradores a nivel internacional está generando serios problemas a los productores agroalimentarios españoles. En el caso de EEUU, la subida de aranceles al queso, vino y aceites español supone pagar un 25 por ciento más que antes, mientras que países como Italia, Francia y Portugal han negociado y están pagando un 5 por ciento. Lo que tiene que hacer el Gobierno es insistir y hablar en la UE para abrir vías de negociación bilateral como han hecho en otros sitios y seguir apoyando a los sectores que tienen este problema. Así actúan los países cercanos con los que competimos para poder vender más.

España dejaría de ingresar cerca de 585 millones anuales en ayudas directas de la PAC con una pérdida del 9,1%, unos 90 millones en Castilla y León. ¿Qué supone este nuevo revés para una autonomía y una provincia netamente agraria como es la palentina?

Se trata de un problema muy serio porque no solo se recorta el dinero que van a recibir agricultores y ganaderos, sino que en el mismo documento, aplaudido por el Gobierno de España, se están exigiendo más requerimientos ambientales, más inversiones y más gasto a los agricultores y ganaderos para poder percibir los fondos comunitarios. Los productores quieren seguir mejorando en este ámbito de sostenibilidad, pero para ello necesitan financiación y así poder cumplir y reducir el impacto de la agricultura en el medio ambiente. Hace falta que el Gobierno lidere este capítulo porque no se puede decir que te voy a pagar menos y luego te voy a exigir más, ya que esto actualmente no anima a seguir desarrollando la actividad productiva agrícola y ganadera.

La mayor pérdida se produce en el apartado de fondos de desarrollo rural, un 12%, y a ello se añade las nuevas pretensiones medioambientales de la UE, que pasan, entre otros aspectos, por destinar el 25% de los cultivos para productos ecológicos. ¿Cómo afectará a Castilla y León esta reducción?

Primero, nadie sabe de dónde salen esos porcentajes sobre producciones y lo que hemos pedido desde el PP al Ministerio es que elabore un análisis serio y riguroso del impacto que puede tener este tema desde el punto de vista económico, ambiental y social. No sabemos si es mejor  o peor el porcentaje de ese 25 por ciento de producción ecológica, o reducir el uso de fitosanitarios, o si esto va a motivar que mucha gente abandone la agricultura en Castilla y León o una provincia como Palencia que tienen hasta un 11% del PIB vinculado al sector agroalimentario.

El que salga la ideología por delante de los derechos de los ciudadanos tiene sus inconvenientes si no hay datos que corroboren las decisiones que se adoptan. Intentar avanzar y que al final se lleve a cabo una producción ecológica en lugar de un 25 de un 50% podría ser bueno, pero al final nada se sabe de esto ni existen informes que digan que eso se puede cumplir, qué hay que hacer y cómo materializarlo, además de fijar y aportar la financiación necesaria.

Tras años de bonanza y de recepción de fondos comunitarios hay que seguir siendo competitivos. ¿Están preparados los agricultores y ganaderos y sus explotaciones modernizadas para afrontar un mercado cada vez más globalizado?

Los agricultores y ganaderos vienen esforzándose desde hace mucho tiempo en ser competitivos y en seguir viviendo y sobreviviendo a una difícil situación. Precisamente, una de las líneas estratégicas debe ser la modernización de las explotaciones para reducir los costes de producción y, para ello, hacen falta inversiones en regadíos y que los jóvenes se puedan incorporar al sector, investigación, innovación, comercialización a través de Internet e instalación satélites para así tratar de digitalizar todo el proceso de producción. Es decir, no puedes hacer un planteamiento de modernización y de competitividad , a la vez que los fondos de desarrollo rural se reducen un 12% desde la UE y, además, que se exija mayor financiación por parte de la comunidad autónoma y el Gobierno de cada país. Habrá que ver quién asume este gasto y los muchos millones que dejarían de llegar desde Europa al sector primario, precisamente en un momento donde se le exige cumplir con cosas que no puede pagar.

Dada su experiencia en Castilla y León, ¿cree que se han hecho los deberes para que el relevo generacional esté garantizado en el campo y los jóvenes vean en esta actividad una oportunidad de futuro?

Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho en este aspecto en la comunidad autónoma. Las explotaciones están bien dimensionadas y son competitivas siempre y cuando se siga avanzando. A los jóvenes les tiene que resultar atractiva la incorporación al campo y, estando yo de consejera, se fue consiguiendo el que hubiera cuantías económicas para que estos productores tuvieran un proceso de tramitación ágil para iniciar la actividad, adelantando un porcentaje de la ayuda y aportando fondos que no hubiera que justificar hasta que se finalice la inversión en una explotación.  En este sentido, se intentaron poner todas las facilidades y el número de jóvenes agricultores y ganaderos creció sustancialmente, pero sin ser suficiente y hay que trabajar más en ello. Se necesita además que se cedan tierras para su cultivo por quien deje la actividad y que se pague por ello un precio razonable o que existan fórmulas para poderlas alquilar. 

El relevo generacional en el campo es precisamente una de las claves de lucha contra la despoblación y en la estrategia nacional y europea se trata de uno de los planteamientos principales que mantiene el PP.

En la década de los 90, Palencia fue referente en remolacha. Hoy en día la producción es testimonial y se cerraron dos plantas azucareras. El exconsejero José Valín dijo que los productos autóctonos y la industria derivada debía impulsarse a toda costa . ¿Qué se hizo mal?

La remolacha es de los cultivos más sociales y que más población asienta. Queda mucho trabajo en este tema y, sobre todo, seguir potenciando  la política de modernizar los regadíos, que es donde más se asienta este cultivo, y en Palencia se ha retrasado bastante. Esperemos que lo retome este Gobierno, ya que lleva paralizado dos años. También hay que seguir diversificando cultivos cuando se vea buenos rendimientos, como este año ha sucedido con el cereal. A su vez, hay que apoyar a la ganadería que arraiga tanta población.

Las explotaciones de porcino, con presencia en la provincia desde hace años, son de nuevo motivo de polémica. La comarca del Boedo-Ojeda está siendo especialmente beligerante contra la instalación de 14 macrogranjas. ¿Cree que  son sostenibles ambientalmente y pueden ayudar a fijar empleo y población?

Si no se ajustan a la normativa ambiental simplemente no se autorizan, ya que los criterios para este tipo de instalaciones son de los más rigurosos a nivel nacional. Quizás aquí todos hemos fallado en la transmisión de información a los ciudadanos. Las macrogranjas, que de por sí ya es un término que asusta, no existen, al estar limitado el número de madres que puede tener cada explotación. Falta información y creo que sobra ruido en torno a todo esto y habría que valorar a quién le interesa la polémica. Lo que debe saberse es que allí donde hay una explotación de porcino viene anexionada una población que duplica a las zonas donde no la hay, y a una actividad ganadera se puedo sumar una industria transformadora y envasadora que, al final, generan tejido  productivo y empleo que es lo que hace falta para promover el desarrollo rural. Por ello, toda esta animadversión general contra el sector ganadero no se entiende.

Los temporeros son claves en la recogida de alimentos, pero también un peligro potencial por la Covid-19 al proceder en su mayoría de otros países. ¿Cómo se está gestionando desde el Gobierno y las autonomías la existencia de contagios entre estos trabajadores? 

Es imprescindible, primero, poner en valor el trabajo en el campo y, segundo, asegurarnos de que hay mano de obra suficiente para recoger la producción. En ese sentido, en cuanto a la normativa, el Gobierno no solo no ha permitido a los partidos mejorarla, sino que la ha sacado por decreto ley saltándose al Parlamento. No es de recibo que el mayor problema en este momento en todos los sectores vinculados a la mano de obra intensiva en un momento determinado sea el que nadie recoja la cosecha cuando hay muchos parados que, seguramente, desearían trabajar. Algo tendrá que hacer el Gobierno en esto y, desde luego, para garantizar la seguridad de los trabajadores. No tiene sentido que en otros países les hagan a los temporeros al llegar todo tipo de pruebas y en España no. Tampoco se habilitan procedimientos ni se resuelven los problemas y solo nos aplaudimos y decimos que está todo fenomenal.

Muchos ponen ahora al mundo rural como un espacio idílico para residir y poder teletrabajar sin las aglomeraciones de las grandes urbes, que son un riesgo añadido de contagios por la Covid-19. ¿Están preparados los pueblos o es algo utópico a corto plazo?

En otros países, vivir en un entorno rural se considera algo fantástico o un valor añadido como calidad de vida y, sin embargo, en España no se ve como algo positivo. Creo que lo primero que hay que cambiar es esta mentalidad y hace falta poner los medios para que sea sencillo residir en los pueblos y resulte fácil desplazarse a la capital. Hay que aprovechar esta imagen favorable de lo rural que ha surgido por la pandemia del coronavirus para que la gente se acerque y vea las ventajas que tiene vivir en un pueblo.

Como nueva responsable política del área de Agricultura y Despoblación del PP, ¿ qué hace falta y puede proponer como iniciativas  para frenar el  éxodo demográfico? 

El principal problema es la escasa natalidad, no solo en el mundo rural sino también en las ciudades. El primer reto es facilitar  esta faceta, y más en tiempos duros, ya que si falta el empleo las familias no deciden crecer. Lo primero que hay que hacer son políticas de sostenibilidad económica que es lo que luego permitirá decidir y avanzar en lo familiar y tener hijos. En lo rural, con una  despoblación grande en España y en Europa, no hay una varita mágica. Es cierto que para el PP se trata de algo estratégico y una de las grandes preocupaciones, y el objetivo que figura en el programa electoral es facilitar que se pueda vivir en un pueblo manteniendo los servicios esenciales. Para ello, lo primero que se precisa es que el Gobierno modifique el sistema de financiación autonómica y que se adapte al coste de los servicios allí donde se prestan y al final no se mida por la población. No cuesta lo mismo la ayuda a domicilio en una ciudad donde un mismo edificio residen 300 personas que atender a este mismo número en diez pueblos dispersos. El facilitar una vivienda accesible y con trámites ágiles a la hora de adquirirla debe ser otra de las prioridades.

El acceso a Internet ayuda a generar empleo en los pueblos y mejorar el rendimiendo de las explotaciones agrícolas, pero la conectividad es aún muy escasa...

Se trata de una aclamación imperiosa y no se puede seguir sin Internet ni conectividdad adecuada en los entornos rurales. Estaba aprobado y licitado que hubiera 300 megas de velocidad de conexión en el 100 por 100 de los municipios en 2018. Se paralizó por el Gobierno cuando costó mucho llegar a este punto y el expresidente Mariano Rajoy había logrado convencer a las operadoras para dar el servicio. ¿Quién va a ir a vivir a un pueblo si no puede montar un negocio, vender productos online o teletrabajar? Tampoco es lo mismo trabajar en una explotación manejada con un teléfono móvil y poder conectar el riego, cerrar la puerta de una nave agrícola y tener el control de alimentación del ganado que estar pendiente en todo momento de lo que tienes que hacer. Contar con conectividad va a ser la primera exigencia que ya estamos planteando al Gobierno.

Mantiene una buena relación con la diputada y nueva portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que sustituye a Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cómo ve su designación?

Siempre he trabajado fenomenal con todo el mundo y en Castilla y León lo hice hasta en cinco áreas del Gobierno regional, incluida la portavocía, y tengo amigos en todas partes. Lo que hace falta es mirar al futuro en una labor de equipo dentro de un partido potente y grande, estar unidos y preocuparnos por resolver los problemas de los ciudadanos como hemos hecho siempre. Siempre digo que ni eres el mejor cuando te nombran ni dejas de ser bueno cuando te cesan. Los momentos son los momentos y ahora toca organizar foros y hacer propuestas y que el Gobierno las escuche y apoye las inquietudes del sector agroalimentario.