Los 47 miembros del frente de makos de ETA, entre ellos la abogada Arantza Zulueta, la edil de Bildu Amaia Izco y el exsenador Iñaki Goioaga, se han conformado con penas leves de cárcel, con lo que solo dos irán un breve tiempo a prisión, a cambio de reconocer su labor para mantener la cohesión de los presos.

Las mayores penas (tres años y medio y dos años y siete meses de cárcel, respectivamente) han recaído en Zulueta y el abogado Jon Enparantza, considerados los responsables del órgano KT, coordinador del conocido como frente de makos o de cárceles de la banda terrorista. Los dos se enfrentaban a una petición de la Fiscalía de 14 años de cárcel por participación activa en organización terrorista en grado de dirigente.

Tras serles descontados los años que estuvieron en prisión preventiva después de ser detenidos en enero de 2014 por estos hechos en la llamada operación Jaque, los dos deberán ingresar un breve tiempo en prisión para cumplir los cinco meses que les quedan para completar la condena, según han informado fuentes jurídicas.

Cuando fueron detenidos, los dos estaban en libertad tras un arresto anterior en 2010 como responsables del llamado frente jurídico de ETA, Halboka, procedimiento que aún está pendiente de juicio.

El resto de los acusados -para los que el fiscal pedía desde ocho a 11 años de cárcel- también ha alcanzado un pacto con la Fiscalía y las acusaciones populares AVT y Dignidad y Justicia para ser condenados por participación activa en organización terrorista a penas de dos años o un año y medio de cárcel (la mayoría).

Al aplicar a los 47 la atenuante de confesión tardía las penas han quedado sustancialmente rebajadas con respecto a las inicialmente solicitadas por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo.

En cuanto a la inhabilitación para cargo o empleo público, que en la petición del fiscal oscilaba entre 10 y 15 años, los acusados se han conformado con penas de tres años, tres años y medio y en el caso de Zulueta y Enparantza con cinco y cuatro años, respectivamente, de inhabilitación absoluta.

La concejal de Bildu en Pamplona Amaia Izco ha sido condenada a un año y medio de prisión y a tres años de inhabilitación absoluta para empleo público, lo que implica que debe abandonar ese cargo, según las fuentes consultadas.

"Puertas al futuro"

A la salida del juicio, que se ha limitado al reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, Izco ha explicado a los periodistas que la voluntad de los acusados al aceptar el acuerdo ha sido la de dejar atrás "fórmulas del pasado" y "contribuir a abrir puertas al futuro" y a "impulsar que se abran verdaderas vías de soluciones".

Ahora la prioridad para Izco es "la resolución urgente y necesaria de la cuestión de los presos y presas vascas".

Otro motivo para el pacto, ha sido, según la concejal, las "peticiones fiscales enormes" y "fuera de toda lógica" que les hizo "temer" que "las condenas pudieran ser muy graves", por lo que el objetivo era evitar "entrar en prisión", si bien ha lamentado que deban hacerlo Zulueta y Enparantza.

Además de las penas de cárcel e inhabilitación, los 12 considerados máximos responsables del frente de makos, como Zulueta o Enparantza, han aceptado también estar sometidos a un año de libertad vigilada.

Para alcanzar este acuerdo, los 47 han admitido uno a uno ante el tribunal los hechos por los que se les acusaba, lo que implica el reconocimiento de su integración o vinculación al KT/Koordinazioa taldea.

Es un ente organizativo en el que, bajo la dirección de la banda terrorista, se agrupaban varias organizaciones que trabajaban sectorialmente a favor de los presos y huidos de ETA con el fin de complementar su actividad terrorista.

Según la calificación de la Fiscalía, con la que se han conformado los 47, "la realización de esas actividades convertían al Colectivo de Abogados en uno de los principales instrumentos, tanto de ETA como del "KT y de "Askatasuna".

En el KT estarían representados el propio EPKK (Colectivo de presos) "a través de miembros del KT y las organizaciones y colectivos del entramado de apoyo a los presos de ETA (Herrira, Etxerat, Jaiki Hadi y el 'colectivo de abogados-BL')".

Al término de la vista, la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara, ha manifestado que este acuerdo es un "logro importante" para la asociación de víctimas en términos "jurídicos y de relato".

Para la AVT, ha añadido, "era importante" una resolución judicial que declarara probado la existencia del frente de cárceles bajo las directrices marcadas por ETA a lo largo de los años.

Así, "ha quedado acreditado cómo a partir de 2012" los presos "adquieren un papel considerable como agente aglutinador y como medida de presión para posibles negociaciones con los estados", y cómo los acusados se encargaban de "mantener y garantizar la unidad entre el colectivo de presos evitando cualquier tipo de disidencia que se saliera de las directrices marcadas".