La Unión General de Trabajadores (UGT) confía hoy en que los castellanos y leoneses "piensen mucho lo que votan" el próximo 13 de febrero, en las elecciones autonómicas, y deseó que la gente acuda a las urnas "pensando en que un gobierno tiene que ser serio en la canalización de los problemas y en su resolución". Al respecto, el secretario general de FeSP-UGTCyL, Tomás Pérez, profundizó en que el "principal problema" al que deberá hacer frente el nuevo Ejecutivo es la despoblación, "contra la que no se lucha cerrando consultorios y escuelas"; y le instó a "recuperar la credibilidad y el dialogo de las instituciones con sus trabajadores y representantes" y que asuma el compromiso de las 35 horas laborales en la Función Pública, uno de los "incumplimientos más flagrantes" que Alfonso Fernández Mañueco "no ha querido asumir del gobierno anterior".

Pérez fue el primero en exponer las reivindicaciones motivada por la "incertidumbre" que provocan los comicios del 13 de febrero entre los trabajadores del sector público. Por eso, UGT Servicios Públicos ha solicitado una reunión con cada grupo parlamentario en las Cortes para explicar las propuestas aprobadas y pendientes, las "promesas incumplidas por parte del Ejecutivo de Mañueco y las necesidades futuras de los trabajadores de la Administración". "Esta pandemia ha demostrado que los servicios públicos son esenciales y no se puede trabajar contra ellos. Queremos mayor implicación de la Administración con el desarrollo y los derechos de los trabajadores de cada sector público", sostuvo.

Además, vaticinó que cuando finalice la sexta ola de la pandemia llegará "la de las listas de espera, pues se están anulando intervenciones quirúrgicas de otras dolencias". "Mucha gente está esperando sus operaciones ajenas al Covid. Necesitamos un plan de shock para atender estas listas. queremos que se tomen en serio la sanidad, la educación y los servicios sociales", detalló Pérez.

Por su parte, el secretario de sanidad de UGT Servicios Públicos, Miguel Holguín, apeló al nuevo gobierno a que deberá saber "qué hacer para salvar la sanidad pública en el mundo rural, cómo adecuar plantillas y recursos económicos a unas necesidades conocidas y olvidadas durante años; cómo potenciar y poner en valor los servicios públicos como vertebradores del territorio". A su juicio, "son preguntas que solo se pueden resolver juntos, sin soberbia, como se ha visto en esta legislatura, sin oídos sordos y tactismos políticos; la ideología de lo colectivo, la rentabilidad de los social y de lo público deben primar y construir un cordón sanitario contra privatizaciones, enriquecimientos ilícitos y fascismos", se despachó.

En este sentido, apeló a la "memoria" de todos los trabajadores de la sanidad pública de Castilla y León a la hora de acudir a votar. En este punto se refirió a los más de 40.000 profesionales que "se sumaron a la primera huelga de empleados públicos en la historia de la Comunidad contra aquellos que robaron las 35 horas"; y a los sanitarios que "pidieron la dimisión de Mañueco con su ignominioso decretazo que robó derechos y hurtó la capacidad de diálogo y negociación de los representantes de los trabajadores". "A todos ellos, memoria", reclamó.

Pelear cada centímetro

Holguín aseguró "lo difícil que es anticipar qué se espera de la siguiente legislatura: "Podemos encontrarnos con unas fuerzas en la Junta que nos empujen, ya no a exigir y a reivindicar la defensa y la potenciación de la sanidad pública de la Comunidad, sino a pelear y defender cada centímetro del camino recorrido en la conquista de derechos laborales, sociales y económicos de la sociedad castellana y leonesa y de sus trabajadores y trabajadoras del servicio público de salud", alertó el responsable sindical.

Igualmente, incidió en que "más allá de un acuerdo "histórico vergonzante", en esta legislatura corta "no ha habido ni un nuevo modelo de Carrera Profesional que dignifique la labor del personal de Sacyl ni un avance en la integración del personal de Área en los equipos de Atención Primaria tan necesarios para mantener nuestra sanidad rural, ni un movimiento en el reconocimiento del grupo B para los técnicos superiores sanitarios, ni un paso en la aprobación de la categoría profesional de técnico en emergencias sanitarias".

En la misma línea, el secretario de Administración autonómica de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, recordó que la Junta suscribió una serie de acuerdos con los representantes de los trabajadores para recuperar una gran parte de los derechos que habían sido arrebatados a los empleados públicos a raíz de la crisis de 2008, "ahora incumplidos". Entre otros, incluían la recuperación de la jornada laboral a 35 horas, y acusó a Fernández Mañueco de "maltratar a sus empleados con sus políticas privatizadoras, con su negativa a plasmar en acuerdos el reconocimiento de diversos derechos de los trabajadores y con su nefasta política de personal".

También detalló que la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades "ha sido excluida de la aplicación de las normas que en su día se publicaron en aras de evitar los contagios por la pandemia". Al respecto, denunció que "no se sustituyen las bajas médicas cuando éstas se producen y, por el mismo motivo, les ha denegado permisos y vacaciones, además de la posibilidad de acudir a cursos de formación".

Por otro lado, según Arenas, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente mantiene los servicios de prevención y extinción de incendios con contratos "de cortísima duración" (muchos de ellos de 3 o 4 meses al año) y, además, "no les dota de los recursos materiales necesarios para el desempeño de su labor". De esta Consejería depende también el mantenimiento de las carreteras que, advirtió Arenas, "apenas disponen de medios y, los que existen, son escasísimos y obsoletos, por lo que se ven obligados a trabajar en unas condiciones casi tercermundistas".

Carlos Arenas denunció igualmente "una práctica muy habitual en la Junta: el extremado abuso de las comisiones de servicio y de las interinidades". Recordó que UGT ha denunciado en varias ocasiones que "estos abusos permiten que el 70 por ciento de las plazas de esta administración no estén ocupadas por sus titulares".

El último en intervenir fue el secretario del sector de Enseñanza, Juan Ignacio Vargas, quien apeló también a las promesas "incumplidas" de Mañueco porque, además de la jornada de 35 horas obligada por una moción aprobada en las Cortes, "son varios los acuerdos firmados desde 2006 que aún no se han llevado a efecto", Entre ellos enumeró la homologación retributiva respecto a otras comunidades autónomas, la reducción de la interinidad al cinco por ciento, que en la actualidad es superior al 20 por ciento, o que los interinos con más de cinco meses y medio trabajados en el curso cobren los meses de verano (julio y agosto).

Asimismo, Vargas consideró "necesario" establecer mecanismos para facilitar puestos de trabajo a los interinos con discapacidad y aludió de nuevo al "acuerdo trampa" ofrecido por la Junta de "hacer compatible la carrera profesional y los sexenios, algo "irrenunciable" para UGT. Por último, reivindicó la necesidad de reducción de ratios, la implementación de enfermería escolar en todos los centros educativos y una menor burocracia para todos los trámites relacionados con el sector.