El primer Consejo de Gobierno, que llega casi un mes después de las elecciones autonómicas, inició ayer su actividad con el estudio de un borrador del primer proyecto de ley que acometerá la Junta en esta nueva etapa liderada por Fernández Mañueco. El portavoz, Francisco Igea, explicó que ya cuentan con un texto sobre los derechos y garantías de las personas al final de su vida, que regulará el derecho a la sedación de los pacientes terminales y a recibir unos cuidados paliativos «de calidad» que mantengan la «dignidad vital» en los últimos días de una persona.

Igea reconoció que el texto forma parte de los acuerdos sellados entre el PP y Ciudadanos y se trata de la adaptación autonómica de la ley aprobada en el Congreso de los Diputados, pero que decayó al final de la legislatura anterior tras ser bloqueada en el Senado.

El vicepresidente defendió la necesidad de contar con una ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida y argumentó que es bueno «empezar con los derechos» la legislatura con el objetivo además en este caso de superar la situación de «bloqueo» que se vive a nivel nacional.

El borrador de este anteproyecto de ley deberá iniciar ahora su tramitación legal y posteriormente la parlamentaria, aunque Igea aseguró que existe bastante consenso político, para que pueda ser aprobada definitivamente en el plazo de un año. 

El texto, aportado por la Junta de Castilla y León tras su reunión, busca garantizar que «toda persona disfrute de la misma dignidad en sus últimos días», aunque el portavoz resaltó que no se trata de una regulación de la eutanasia. Lo que sí concretará serán las condiciones en las que se desarrollan los denominados cuidados paliativos por parte de los médicos y el respeto hacia la decisión de los propios afectados, los pacientes y en su defecto sus representantes.

Respuesta legal

Este proceso es «muy complejo, difícil y con una alta incertidumbre», pero en todo momento se ha de «respetar la dignidad de la persona», con el objetivo añadido de que los «dilemas» a los que se enfrentan las administraciones y los profesionales sanitarios en estos casos tengan una respuesta legal concreta, según manifiesta el borrador del anteproyecto.

«Los cuidados paliativos, dirigidos al abordaje integral de las necesidades de los pacientes, incluso cuando ello pueda acortar su vida, pueden ser la opción más adecuada y, a la vez, la más humana para garantizar que puedan afrontar el proceso final de su vida de manera digna», plantea la normativa que pretende aprobar la Junta en los próximos meses.

El portavoz del Gobierno autonómico, médico de profesión, explicó que el documento reconoce el deber de pleno respeto hacia la voluntad de los enfermos terminales, cuando exista un pronóstico vital irreversible y reducido en el tiempo causado por una dolencia «incurable» o por un «deterioro extremo que provoque trastornos graves, irreversibles o incontrolables en quienes lo padecen».

El derecho a la información asistencial «completa, clara y comprensible», así como la manera de designar a sus representantes en caso de no poder decidir sobre su tratamiento, junto con los deberes de los profesionales sanitarios a la hora de limitar el esfuerzo terapéutico, que evite la denominada «obstinación terapéutica», completan las situaciones que aborda el documento.

Miles de afectados

El vicepresidente de la Junta aseguró que es «urgente solucionar un problema que tienen miles de personas al enfrentarse al final de sus días sin cuidados paliativos y sin información», defendió. Francisco Igea resumió en que se trata de «garantizar a las personas que son ciudadanos de pleno derecho hasta el último de sus días, y que podrán decidir cuándo suspender un tratamiento, cuándo solicitar cuidados paliativos, y saber cómo seleccionar la información que damos de los pacientes en esos casos, y garantizar el apoyo y acompañamiento que necesitan. Es una ley de derechos y garantías».

Asimismo, indicó que la norma autonómica tendrá dos diferencias con el texto nacional, «la introducirá un sistema de régimen sancionador y la evaluación de su cumplimiento”, una cuestión que será una auténtica «obsesión» para la Junta, que pretende «evaluar todas las medidas y leyes».

Finalmente, el portavoz indicó que este proyecto de ley es «una urgencia para los ciudadanos», más si cabe después de que en lugares como Burgos haya habido «sentencias recientes derivadas de la inexistencia de una normativa clara».