Será a partir de mañana cuando los 12 agentes de la Policía Local que desde hace siete años atienden las denuncias, quejas y protestas de los vecinos en las oficinas de atención al ciudadano de los centros sociales de la ciudad, los denominados policías de barrio, cierren sus despachos para regresar a la calle.

No lo ha conseguido la oposición ni las asociaciones de vecinos, que llevan años reclamando que lo agentes dejasen de pasar el 99% de su jornada al otro lado de una mesa para pisar más la calle. Ni siquiera el acuerdo entre el equipo de Gobierno y Ciudadanos alcanzado en 2018 para la «reimplantación del policía de barrio». El culpable de esta situación ha sido el real decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales.

El martes, 29 agentes, oficiales, subinspectores e inspectores de los 115 que conforman la plantilla, habían solicitado su jubilación, que será efectiva durante el próximo trimestre, por lo que muchos de ellos disfrutan durante estos días de vacaciones, acumulados, moscosos... Además, el Ayuntamiento espera que entre ayer y hoy lo hagan casi otra veintena, aquellos que se jubilarán durante el segundo semestre del año. Hay quienes, incluso, ya han entregado su arma reglamentaria poniendo fin a su carrera.

Esta situación ha obligado al equipo de Gobierno a reestructurar el servicio. La primera medida, la más inmediata, ya que entrará mañana en vigor, es sacar a los 12 policías de barrio de los centros sociales para que se incorporen a las operativas, es decir, a patrullar la ciudad. Además, cambiarán su horario -hasta hoy de mañana y tarde- para incorporarse a los turnos de trabajo establecidos.

 «Estos cambios no van a traducirse en que los barrios se queden desatendidos», asegura el concejal responsable de Seguridad Ciudadana, Luis Ángel Pérez Sotelo, que recalca que esta decisión «hará que se gane presencia policial en la calle».

«Más de 30 efectivos de Policía Local se jubilarán, lo que significa que habrá más de 30 agentes menos en la calle, por lo que estamos en una época de transición, reajuste y ordenación de todos esos servicios que presta», añade el edil.

La reorganización de la Policía Local será más profunda, pero la concejalía de Seguridad Ciudadana quiere contar antes con la opinión del nuevo intendente, Luis Miguel Palacios Arduengo, que tomará posesión de su puesto mañana. El objetivo, no obstante, es planificar, a partir de las bajas y altas que se produzcan -el Ayuntamiento deberá incorporar en los próximos dos años 50 agentes-, cambios en los dos departamentos: gestión administrativa y operativa.

«Dentro de esta reorganización, lo que tiene que primar es la seguridad ciudadana, por lo que los policías tienen que estar en la calle, de ahí que tengan que reincorporarse a la operativa», explica Luis Ángel Pérez Sotelo, quien recalca que la necesita «contar con todo el personal para cubrir los servicios,  ya que por mucho que se efectúen esas jubilaciones no habrá una reposición hasta pasado un tiempo prudencial».

«Los nuevos agentes tienen que formarse en la academia hasta que sean profesionales, y no podemos tirar del Ecyl para reclamar cinco policías de calle, hace falta un período de transición», recalcó el responsable de Seguridad Ciudadana.

efectos colaterales. La decisión del equipo de Gobierno tendrá, sin embargo, un efecto colateral en los centros sociales: la falta de conserjes. Cuando, recién llegado al Ayuntamiento, el Partido Popular ejecutó la reorganización del servicio de Policía Local, se eliminaron ocho plazas de conserje de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, de las que cinco, por aquel entonces, estaban ocupadas. 

Sus labores fueron asumidas por los propios agentes, los cuales tienen asignada la custodia de las dependencias municipales. Aunque el propio Luis Ángel Pérez Sotelo, ha reconocido que las funciones que han desempeñado estos 12 agentes «no son ajustadas al nombramiento que tienen», su eliminación supone un problema.

 Los cuatro Centros de Acción Social (CEAS) de La Puebla, José Mª Fernández Nieto, Miguel de Unamuno y San Juanillo; y los ocho centros socioculturales de mayores de La Puebla, Avenida de Madrid, Ave María, El Carmen, El Cristo, Pan y Guindas, Puentecillas y Santiago no tendrán conserjes, lo que puede ocasionar molestias a los usuarios que asisten a las decenas de actividades que allí se celebran, tal y como ha denunciado tanto el PSOE como las propias asociaciones de vecinos.

Por ahora, el equipo de Gobierno negocia con la Universidad Popular que asuman la responsabilidad de abrir y cerrar los centros, pero siempre de forma temporal, la menos mientras se valora también la contratación de ordenanzas.