La Diputación dio ayer un paso más en su particular desescalada con la celebración del primer pleno semipresencial tras tres meses de sesiones virtuales. Fue una vuelta a medias, con tan solo siete corporativos en el salón de sesiones, en el que se encontraban la presidenta, Ángeles Armisén; los vicepresidentes Luis Calderón y María José de la Fuente (también portavoz del PP); y los portavoces Miguel Ángel Blanco (PSOE), Jorge Llanos (Cs) y Eduardo Hermida (Ganemos); amén del popular Urbano Alonso. El resto, hasta completar los 25, siguieron la sesión desde una plataforma virtual.

Más allá de estas particularidades, el pleno acordó por unanimidad, vía declaración institucional, instar a la Junta a que recupere la atención presencial, además de la telefónica, en los 310 consultorios locales repartidos a lo largo y ancho de la provincia, siguiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias para el manejo en Atención Primaria y domiciliaria del Covid-19.

A pesar del consenso político,  la moción fue ampliamente debatida por cada uno de los grupos, pues todos quisieron poner matices al acuerdo. «El cierre afecta a la salud de los ciudadanos de la comarcas más despobladas de Castilla y León y establece un nuevo nivel de palentinos de primera y segunda categoría, según el acceso a los recursos sanitarios y dependiendo del pueblo en el que se resida, incumpliendo el principio de igualdad», aseguró Hermida, quien pidió que se solucionen los problemas sanitarios y se mejore el sistema público. En lo referente a la proposición conjunta, destacó que «llegar a un acuerdo en esta petición nos hace avanzar en la dirección correcta».

Un acuerdo político del que también habló Llanos, quien aseveró que «ha llegado la hora del consenso, de la unión y de la gestión», aunque señaló que «no debemos generar miedos e incertidumbre entre la población, sino que es el momento de remar todos a una». «Eso es lo que solicita Palencia de nosotros», añadió. En paralelo, el diputado naranja afirmó que el virus «ha supuesto un reto para el sistema sanitario» y alertó de que los palentinos no pueden olvidar que «seguimos en una situación de pandemia» y que el Covid «continúa entre nosotros, declarándose casos nuevos cada día».

El socialista Miguel Ángel Blanco argumentó la petición atendiendo a la evolución de esta terrible enfermedad y denunció que «determinadas patologías no han sido atendidas como debiera durante estos meses». «Es el momento de empezar a recuperar esta atención de forma presencial, porque en el ámbito rural tenemos una población de edad avanzada que necesita un seguimiento de sus tratamientos», señaló.

Al respecto, De la Fuente, enfatizó que las personas que viven en el medio rural «han seguido recibiendo durante el estado de alarma una atención de calidad», aunque para ello tuvieran que solicitar cita previa. Igualmente, clarificó que los criterios que se han seguido «nunca han sido políticos y sí sanitarios y que los consultorios «no pueden reabrir sin condiciones de seguridad para los pacientes».

También en materia asistencial se debatió una moción del grupo mixto en la que se instaba a los gobiernos central y autonómico a impulsar un sistema de residencias «público, universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración, mediante diferentes fórmulas, con el tercer sector». En esta línea demandó una «eficiente» coordinación y asignación conjunta en las prestaciones entre Salud y Servicios Sociales, una mayor transparencia en la gestión, un programa de acreditación de calidad  y una «revalorización y dignificación» del trabajo del personal que se ocupa de los cuidados de los mayores. 

Asimismo, Ganemos pidió en el texto la colaboración de los municipios para garantizar suelos o equipamientos y reivindicó «mejorar la calidad de vida de los mayores en su propio hábitat, reforzar y mejorar el servicio de ayuda a domicilio e incrementar la atención en los centros de día». Sin embargo, la propuesta de Hermida no salió adelante al encontrarse con el no de los populares y la abstención de las bancadas de PSOE y Cs.

TRANSICIÓN JUSTA

Con el cierre de la central térmica de Velilla del Río Carrión cada vez más próximo, el reparto de los fondos europeos de Transición Justa se han convertido en una de las principales preocupaciones para los pueblos mineros de la Montaña Palentina.

En este contexto, PP, Cs y Ganemos sacaron adelante una moción conjunta en la que solicitaron la inclusión de todos los municipios de tradición minera en dichos convenios. Más concretamente, instaron al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que incluya, junto a Guardo, Velilla, Matinos y Villalba (estos dos últimos por proximidad con la central), al resto de municipios de grupo 1 y también a las localidades limítrofes a la cuenca. Es decir, Barruelo de Santullán, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, La Pernía y Santibáñez de la Peña, por una parte, y Aguilar de Campoo, Brañosera, Congosto deValdavia, Dehesa de Montejo, Mudá, Olmos de Ojeda, Payo de Ojeda, Polentinos, Respenda de la Peña, Salinas de Pisuerga, San Cebrián de Mudá y Triollo.

La moción se encontró con un detractor, el PSOE, cuyo portavoz les acusó de «intentar enredar a los municipios diciendo que todo es para todos. Es una actitud bastante irresponsable, porque nada tienen que ver los planteamientos de los fondos Miner con un nuevo modelo energético basado en la descarbonización». Ante tales acusaciones, Armisén, defendió su postura en contra de la delimitación geográfica de Moncloa, «entre otros motivos, porque creemos que hay que aprovechar las sinergias de toda la Montaña Palentina y ahí tenemos que estar y trabajar todos».

El PSOE requiere a Armisén un posicionamiento de la institución sobre el proyecto de macrogranjas

El grupo Socialista en la Diputación instó a su presidenta, Ángeles Armisén, a que desde la institución provincial se elabore un informe conjunto referente a la instalación de once granjas industriales en la provincia. Desde el PSOE se pidió que este documento haga constar de forma expresa el impacto que esta actividad pueda tener en los diferentes ámbitos sociales, turísticos, ambientales, económicos y poblacionales, y que ello propicie un posicionamiento concreto sobre la instalación de estas macrogranjas. Los diputados socialistas recordaron que la Junta está tramitando once expedientes o instalaciones de granjas industriales de cerdos «que afectan a gran parte de la provincia y cuyos promotores son Decamed Trading y Granja Lenos». Dada la envergadura del proyecto y el grado de concentración de la actividad en el ámbito provincial, desde el PSOE se considera que «esta problemática no debe de ser tratada individualmente en cada una de ellas, sino de forma colectiva, ya que, además de ser el mismo promotor en la mayoría, existe un planteamiento industrial conjunto». Para los socialistas, «la proliferación de estas explotaciones ganaderas conlleva que no afecte solo al lugar de asentamiento de cada una de las granjas, sino que supone una afectación mayor que se puede circunscribir al ámbito provincial».