La Junta de Castilla y León, a través del programa Rehabitare de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, destina 48.399 euros a las obras de rehabilitación de una vivienda en la localidad de Cisneros. El objetivo es destinarlo, una vez acondicionado, a alquiler social. Una alternativa para atraer a nuevos vecinos y poner freno a la sangría poblacional que adolece la provincia.

Se trata de un inmueble en desuso situado en la planta baja de un edificio de titularidad municipal. Las obras están encaminadas a recuperar esta vivienda, que se encuentra totalmente desmantelada y se realizará en dos fases para poder acometerla por completo.

En la primera de ellas, se procederá a una limpieza de canalones, retejo e impermeabilización bajo teja de la cubierta. En cuanto al interior del inmueble, la reforma consistirá en primer lugar en sustituir la obsoleta carpintería para adaptarla a las nuevas exigencias normativas en cuanto a eficiencia energética y aislamiento. Por otro lado, se procederá a tabicar el interior, y a revestir las paredes de yeso en todas las estancias a excepción de la cocina y los aseos, que quedarán pendientes para una siguiente fase. También se colocará un nuevo falso techo de placas.

En cuanto a instalaciones, se dotará a toda la vivienda de un sistema de calefacción y una instalación eléctrica, así como elementos de fontanería y saneamiento. También se contemplan las correspondientes partidas de seguridad, salud y tratamiento de residuos.

Rehabitare se enmarca dentro de las actuaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para promover el alquiler social como forma de solucionar el problema de acceso a la vivienda, especialmente en el medio rural. El proyecto, que surgió como programa piloto en el año 2008, consiste en la rehabilitación y puesta a punto integral de inmuebles de titularidad pública, con el objetivo de adaptarlas para el alquiler. 

Se trata de inmuebles en estado de abandono, lo que permite optimizar así las infraestructuras existentes y evitar el deterioro de patrimonio municipal. Su rehabilitación permite que se puedan incorporar al parque público de viviendas. Los propios ayuntamientos serán quienes determinen el precio del alquiler, que no podrá exceder de la tercera parte de los ingresos de la unidad familiar, teniendo preferencia los colectivos de especial protección que figuran en la Ley del Derecho a la Vivienda.

Rehabitare busca aumentar la flexibilidad de la Junta para adaptarse a las necesidades de las familias en un momento determinado y facilitar el cambio de vivienda ante las nuevas situaciones personales, sociales, laborales o económicas.