El empresario y presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) entre 2004 y 2012, José María González Vélez, reconoció ayer que cedió derechos de parques eólicos en Montes Torozos (Valladolid) para que le dieran la autorización en los de Sahagún (León), como le planteó la Junta.

«Me dijeron que si quería tener parques en Sahagún tenía que ceder los Torozos, y así lo hice», manifestó en su comparecencia en la comisión de investigación de autorización de parques eólicos, donde confirmó lo que manifestó en su declaración en el juzgado como testigo y precisó que tenía una relación directa con el entonces vicepresidente y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, pero que no realizó ninguna intervención con el principal encausado en la ‘trama eólica’, Rafael Delgado, aunque sabía que «era el hombre de confianza» del primero.

El empresario explicó que presentó toda la documentación para la adjudicación de 350 megavatios en Montes Torozos y Sahagún pero el expediente estuvo paralizado «en el cajón» al menos durante dos años, sin que se pusieran en contacto con él cuando la ley da un plazo para responder. 

Sin embargo, cuando el fallecido Tomás Villanueva le planteó la cesión de derechos del parque de Torozos para tener la autorización en Sahagún manifestó que aceptó para que no le dieran «una patada en la espinilla» o tener que ir al juzgado, a la vez que indicó que los derechos no tenían valor más allá de gestiones o mediciones de viento.

Una vez que aceptó, se firmó un contrato de cesión con el empresario local González Vallinas, a quien no conocía. «A los dos meses de la firma del contrato, el expediente paralizado, se desatrancó», aseveró.

González Vélez consideró que este procedimiento para tener parques fue similar en Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia o Cantabria, según apuntó.

En relación a que los derechos cedidos tuvieran un valor de 15 millones, como se público, no se quiso pronunciar y solo indicó los 100.000 euros por megavatios que se pagaban entonces, por lo que «podría ser», pero insistió en que en todas las comunidades, gobernadas por todos los partidos, «hay cuestiones» que no se atreve «a publicar».

El empresario pidió que «no se hagan cosas en contra de la ley» y el popular Salvador Cruz le recordó que no se retrasó su expediente, sino que fueron un conjunto de ellos ante la avalancha por el «boom» de las eólicas, según informa Ical.

Cruz se acogió a la aseveración de que no era una práctica solo de Castilla y León, sino de más comunidades, para indicar que quisieron vincular una ‘trama eólica” con la presunta corrupción del PP, y la socialista Patricia Gómez replicó, tanto al popular como al empresario, que la comisión se ha abierto en la Comunidad y no en otras por una querella en la Fiscalía Anticorrupción de presunto pago en comisiones de 80 millones.

Se negaron a responder

También compareció el exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, quien negó su participación «en nada referido» a la compra del edificio conocido como la ‘Perla Negra’, defendió su inocencia y afirmó que se limitó a ejecutar «fielmente» acuerdos de la Junta.

Sacristán, uno de los imputados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid en el caso abierto por el edificio de soluciones empresariales de Arroyo, se acogió a su derecho a no declarar y solo negó su participación en las operaciones investigadas por la justicia.

Igualmente, el que exdirector financiero de Gesturcal y de la fusionada Ade Parques Francisco Armero declinó responder a los portavoces.

Gómez: «Se ha confirmado por qué se decía Sicilia y León» 

La portavoz socialista en la comisión, Patricia Gómez, dijo que se ha confirmado en las Cortes «por qué a esta tierra se la llamaba Sicilia y León», tras escuchar al empresario José María González Vélez que tuvo que ceder participaciones a socios locales para contar con autorización en otros parques eólicos.

La expresión «Sicilia y León» figura en el informe de la Fiscalía Anticorrupción, conocido en mayo de 2015, atribuida a empresarios que se vieron «extorsionados» por la cúpula de la entonces Consejería de Economía y Empleo de la Junta. 

Gómez acusó a PP y Cs de creer que esta investigación es «un cuento de Bambi». En tal sentido, valoró que, a preguntas de su grupo, el empresario acabó por reconocer que se «vio obligado» a prácticas no habituales.

Delgado: «Testimonios así justifican esta comisión»

«Pese a los intentos de bloqueo y los subterfugios de la oposición durante estos meses, testimonios como el que hemos escuchado justifican la necesidad de esta comisión», defendió el procurador de Ciudadanos por Burgos, José Ignacio Delgado.

Delgado recordó que fue su partido el que insistió en que declarara en esta comisión parlamentaria, «habida cuenta de sus declaraciones en sede judicial trasladadas por los medios de comunicación».

«Usted es uno de los empresarios afectados por la presunta trama eólica, pero además es uno de los pocos que ha tenido la valentía de señalar públicamente las prácticas irregulares que llevaron a cabo algunos responsables políticos», reconoció, ante la denuncia de «un nuevo indicio de irregularidades en la adjudicación de parques eólicos».