El Consejo Consultivo de Castilla y León dictaminó en octubre de 2019 que «no procedía que el Ayuntamiento declarara la nulidad de pleno derecho de los actos aprobatorios del convenio expropiatorio y urbanístico suscrito con la Diputación, de sus prórrogas y de los demás actos relativos a la expropiación de los terrenos objeto del convenio» de la calle Jardines, lo que suponía un auténtico problema para el Consistorio de la ciudad, que debe hacer frente al pago de 25 millones de euros a la institución provincial.

Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León-TARCCYL, integrado dentro del Consejo Consultivo (constituido el 27 de marzo de 2012, conoce y resuelve los recursos especiales interpuestos en el ámbito de los procedimientos de contratación de las administraciones públicas), desestimó recientemente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Asociación Nacional de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano (Aselip) contra los pliegos que rigen la concesión del servicio público de explotación del Complejo Ambiental de Palencia CTR e instalaciones anexas, valorado en 61.293.180 euros, y que fue aprobado por el Consejo de Administración del Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Palencia.  

Se trata de dos ejemplos de auténtico calado de una institución, el Consejo Consultivo de Castilla y León, que durante el pasado año estudio 39 (52 se presentaron en 2018 y 42 en 2017) consultas de las distintas administraciones desde la provincia de Palencia dando como resultado otros tantos dictámenes que coadyuvaron al control previo de legalidad y control externo con el objetivo de que estas administraciones adoptaran las mejores decisiones posibles, generando con ello un plus de calidad democrática como acicate para el buen gobierno y mejores prácticas públicas. 

Desde el punto de vista estadístico, los 39 dictámenes supusieron el 6,7% del total regional y la media de 24,2 asuntos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la función consultiva, de las 39 peticiones presentadas por la provincia, 35 (43 en 2018) lo fueron por responsabilidad patrimonial (por mobiliario urbano, reclamaciones sanitarias y accidentes por el mal estado de la calzada), tres de revisión de oficio y un recurso administrativo, según los datos aportados a Diario Palentino por la propia institución.

En este sentido, 19 de los dictámenes emitidos resultaron a expensas de las consultas de las administraciones locales (especialmente el Ayuntamiento de Palencia con 12, y uno cada uno de los consistorios de Dueñas, Guardo, Magaz de Pisuerga, Villalba de Guardo, Frechilla, Cobos de Cerrato y Villarramiel) y  20 de las generadas por la administración autonómica a través de las distintas consejerías: uno de Educación,  uno de Empleo,  cinco de Fomento y Medio Ambiente y el resto (13) de Sanidad a causa de procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por cuestiones del ejercicio profesional y de supuesta mala praxis en el Complejo Asistencial.

Los 35 dictámenes sobre responsabilidad patrimonial totalizaron reclamaciones (daños y perjuicios por el mal funcionamiento de los servicios públicos) millonarias, aunque no todos fueron resueltos con el visto bueno. En cualquier caso, entre ellos, destacan los 12 de carácter sanitario, los 11 presentados por el mal estado del mobiliario urbano, dos por el mal estado de la calzada, otros dos por la fauna, una por actividades profesionales y siete por el concepto de otros.

Según los datos aportados por la institución a Diario Palentino, Palencia fue la sexta provincia de la región que más consultas trasladó a la institución, con sede en Zamora, en materia de reclamaciones patrimoniales. Encabezó el ranking Valladolid con 116, seguida de León (106), Burgos (64), Salamanca (58) y Zamora (49). Por detrás de Palencia se situó Segovia (31), Ávila (19) y Soria (2), además de otros dos asuntos sin definir a nivel provincial para totalizar 487.

Hay que recordar que el Consejo Consultivo es una institución encargada de velar, a través de sus dictámenes y resoluciones, por el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico. La importancia de la institución se la confiere como garantía de legalidad, buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos y de las entidades locales.

Bajo este prisma, el año pasado se aprobaron en Castilla y León 622 dictámenes, un 12% más que en 2018, y el TARCCYL resolvió 215 recursos, un 66% más que el anterior. Desde que comenzó a funcionar en 2012 el Consejo Consultivo hasta finales de 2019 se han dictaminado 15.397 asuntos, de los cuales más del 85% han sido de responsabilidad patrimonial (13.190).

Los importes solicitados en los expedientes de responsabilidad patrimonial dictaminados por el Consejo Consultivo ascienden a 78,2 millones de euros. El mayor número de dictámenes en asuntos de responsabilidad patrimonial pertenecen al ámbito sanitario y a los relacionados con accidentes en vías urbanas, derivados de defectos de distinta naturaleza en aceras, calzadas, parques y otras zonas de deambulación, o bien con la utilización de mobiliario urbano.  Los de mayor importe medio, excluyendo el concepto residual «otras causas», algunos de los cuales están relacionados con perjuicio derivados de modificaciones en el planeamiento urbanístico, son los de responsabilidad patrimonial sanitaria. 

Respecto al el ejercicio anterior, cabe destacar el importante incrementos de los dictámenes en expedientes relacionados con accidentes de circulación por la irrupción de animal en la calzada, que pasan de 7 a 17. Los dictámenes aprobados en el ámbito de la asistencia sanitaria, se han incrementado en la región un 14,7 % respecto al ejercicio anterior, y los relacionados con la movilidad peatonal urbana, por mal estado de aceras, calzadas, parques, o por la utilización de mobiliario urbano se han incrementado un 49,5% sobre los de 2018, pasando de 101 a 151.  Estos expedientes de ámbito sanitario tienen una media de 120.000 euros en cuanto a la reclamación solicitada, mientras que los de daños por fauna y mobiliario urbano no llegan a los 20.000 euros de media.

En la distribución por provincias de los dictámenes de responsabilidad patrimonial aprobados el Consejo Consultivo quiere hacer la salvedad de que una mayor frecuencia de un determinado tipo de asunto, «no puede llevar por sí sola a la conclusión de que en dicha materia la provincia afectada presente especiales problemas o déficits, ya que los expedientes que llegan al Consejo Consultivo son una pequeña parte, especialmente sesgada –desde un punto de vista estadístico-, de aquellas realidades provinciales. Es más, con frecuencia los datos que se registran están más relacionados con la diligencia y cumplimiento de las administraciones concernidas, que con la propia realidad provincial».

Por lo demás, la pandemia del coronavirus no ha impedido al Consejo Consultivo ni al  Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León seguir con su tarea. De hecho, entre enero y mayo de este año han aprobado 13 expedientes correspondientes a la provincia de Palencia, 11 de los cuales son de responsabilidad patrimonial (seis por daños del mobiliario urbano, tres sanitarios y uno educativo), una modificación del planeamiento urbanístico de Aguilar de Campoo y un recurso de las bases de régimen local, según datos aportados por el propio Consejo Consultivo a este periódico.

Agustín Sánchez de Vega, presidente del Consejo Consultivo

«La institución es referente nacional como órgano consultivo y tribunal administrativo»

El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, aseguró en declaraciones a Diario Palentino que durante el año 2019, «se ha incrementado significativamente el trabajo realizado por la institución respecto al año anterior. Hay que destacar que más de la mitad de los dictámenes son solicitados por administraciones locales y, por otra parte, la mayoría, concretamente el 78% corresponde asuntos de responsabilidad patrimonial».

Sánchez de Vega subraya que otro aspecto reseñable es que «de las comunicaciones oficiales recibidas durante el año 2019 sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las administraciones consultante,  el 95,5 % se han tomado de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo, porcentaje que pone de manifiesto la auctoritas (una cierta legitimación socialmente reconocida) de la institución».

«Subrayar asimismo la agilidad en la emisión de los dictámenes: más del 82% se hicieron en un promedio de 14,2 días hábiles lo que supone una importante reducción respecto al plazo de 20 días hábiles fijados en la ley reguladora», recuerda De Vega quien subraya que «los palentinos y todos los ciudadanos de Castilla y León pueden tener la seguridad de que trabajamos para garantizar sus derechos y defendemos desde el interés general la autonomía de las corporaciones locales. La institución es referente nacional como órgano consultivo y tribunal administrativo».