Si algún tema está dando que hablar en el ámbito de la educación es el del denominado pin parental que propone Vox, una medida que algunos critican por considerar que va en contra de los derechos de los docentes y los menores, y otros defienden esgrimiendo razones como que los padres deben tener libertad para elegir los «contenidos ideológicos» que reciben sus hijos.

La proposición también genera malestar entre asociaciones LGTBI, feministas y sindicatos de estudiantes y profesores. «Prácticamente estamos todos de acuerdo en que el pin parental va en contra de la autonomía de los centros y la libertad de cátedra de los profesores», señala la presidenta de ANPE, Almudena Cortés. «Muestra de que esta propuesta no tiene mucho sentido es que la comunidad educativa no ha visto en ningún momento conflicto en torno a este tema. También me gustaría recordar que en este tipo de actividades complementarias el profesor siempre está presente», añade. 

Pero, ¿en qué consiste exactamente esta medida que, por el momento, solo ha sido implantada en Murcia? Pin parental es el término que ha acuñado la formación liderada por Santiago Abascal para definir una solicitud dirigida a los directores de los centros educativos para que informen a los padres a través de una autorización expresa sobre cualquier «materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de los menores».

El Ejecutivo de Sánchez ya ha declarado la guerra al pin parental y ha advertido a la Región de Murcia que llevará a sus responsables ante los tribunales de no retirarlo. También los consejeros de Educación de nueve comunidades autónomas donde gobierna el PSOE se han movilizado en su contra. El colectivo LGTBI, por su parte, ha pedido blindar los contenidos afectivo-sexuales en la educación, recordando que estos talleres están recogidos en la Ley de Educación.Su propuesta la apoyan varios colectivos y sindicatos, que han convocado una huelga el próximo 6 de marzo.

En Castilla y León, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha rechazado la implantación de esta propuesta al entencer que «no existe ningún tipo de adoctrinamiento en las aulas de la Comunidad». De cualquier forma, y en el caso de que los padres detecten cualquier tipo  de vulneración de las leyes, insta a los progenitores a acudir a la inspección educativa para que esta actúe «en consecuencia». Asimismo, y en contestación a Vox, Lucas pidió hace algunos días «dejar la educación al margen de polémicas innecesarias para centrarse en mejorar la calidad y la educación del alumnado».

En esta misma línea se manifiestan los sindicatos de profesores. «La sociedad debe confiar en los docentes y dejar la política fuera de las aulas», continúa Almudena Cortés, de ANPE, a la vez que acusa un aumento de la «desmotivación» entre los profesionales de la educación cuando surgen polémicas de este tipo. «Lo que sí nos gustaría es que los partidos políticos se pusieran de acuerdo para desarrollar un pacto de Estado con un eje vertebrador que sea independiente de los cambios», añade Cortés.

MADRID. La última noticia con respecto a este tema la protagoniza la Comunidad de Madrid, donde igual que en Murcia, el PP gobierna con el apoyo de Ciudadanos y Vox. De ahí que esta última formación haya puesto como condición para aprobar los presupuestos la implantación del pin parental. En este sentido, y según una circular enviada hace algunos días, para el curso 2020/2021 todos los centros educativos madrileños sostenidos con fondos públicos deberán informar a los padres de su proyecto educativo, normas de convivencia y de todas las actividades complementarias y extraescolares que ofrecen antes de que comience el plazo de admisión.