La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció hoy en las Cortes de Castilla y León que el próximo Acuerdo Marco de Servicios Sociales que regula la financiación que transfiere la Junta a las corporaciones locales de la Comunidad tendrá, a partir de 2020, una vigencia de cuatro años y aumentará la financiación “de manera progresiva” a los ayuntamiento de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales.

Durante su comparecencia en el Parlamento autonómico para exponer el programa de actuaciones de su departamento en la presente legislatura, Blanco aseguró que uno de los compromisos de la Consejería será garantizar la estabilidad y la calidad de los servicios en todo el territorio. De ahí, su deseo de ampliar la colaboración con las corporaciones locales, gracias a una mejora de los instrumentos de coordinación y financiación. Es por ello que el nuevo Acuerdo Marco tendrá una duración de cuatro años, uno más que en la actualidad y dos más que hasta 2016. “Vamos a empezar a negociar el mismo de manera inmediata con las entidades locales, con el objetivo de que antes de que finalice el actual Acuerdo, (febrero de 2020) tengamos ya el nuevo”, expuso en declaraciones recogidas por Ical.

El Acuerdo Marco se ha convertido en la principal herramienta de la Junta para prestar los Servicios Sociales al aprovechar la proximidad de los profesionales de las entidades locales a los usuarios y evitar duplicidades. Además, hablamos de importantes cantidades como los 106,2 millones de euros previstos para 2019, que sirven para financiar el servicio de ayuda a domicilio, de teleasistencia, servicios para las personas mayores, para las personas con discapacidad, formación para cuidadores no profesionales, para el mantenimiento de los equipos de promoción de la autonomía personal (EPAP) y para programas de envejecimiento activo y prevención de la dependencia de personas mayores, así como programas para personas con discapacidad.

La consejera de Familia confirmó la apuesta por el Diálogo Social como “cauce de entendimiento y participación” con los agentes sociales de Castilla y León, después de haber comprobado que ha dado “tan buenos” en materias como dependencia, red de protección, conciliación e igualdad, entre otras. Blanco incidió en que la Junta tiene la “obligación” de ofrecer los mismos servicios y prestaciones a todas las personas, independientemente del lugar donde residan. En ese sentido, destacó que todas las políticas y actuaciones de Familia tendrán una perspectiva rural, hasta el punto de hablar de una “discriminación positiva” para ese ámbito.

Isabel Blanco significó que una de las prioridades de su mandato será proporcionar la mejor protección social posible, “con más y mejores prestaciones, con más calidad, facilitando el acceso, para llegar a más personas y para llegar de la mejor manera posible”. Pese a reconocer que Castilla y León cuenta con uno de los mejores sistemas de protección social de España, que permite que miles de personas sean atendidas y cuenten con los apoyos necesarios, la consejera manifestó que estar “a la vanguardia” no es un punto de llegada, sino un “acicate”, un “reto”, para seguir mejorando y avanzando en la generación y ampliación de derechos.

La exposición de la consejera de Familia, que se prolongó durante menos de una hora, sirvió para conocer que una de las primeras medidas que su cartera será la aprobación y puesta en marcha de un Plan de Apoyo a las Familias, con medidas relacionadas con la maternidad y la paternidad, y que recogerá acciones específicas para las familias numerosas o para las que cuidan a personas dependientes. Además, declaró que propondrán, a nivel estatal, una Ley de Apoyo a las Familias que  garantice la igualdad de derechos de todas las opciones de familias.

“Apoyar a las familias es favorecer y propiciar la conciliación y la corresponsabilidad”, reconoció. En materia de conciliación, apostó por medidas para las familias que atienden a los niños, las personas con discapacidad o en situación de dependencia. En este sentido, señaló que el “desafío” en este momento consiste en romper con la percepción de la conciliación como problema de las mujeres, apostando por su reconsideración como problema de “toda” la sociedad.

En cuanto a la corresponsabilidad social, la titular de Familia manifestó que es necesario idear medidas que vayan dirigidas a repartir tareas y responsabilidades para que hombres y mujeres ejerzan los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Es por ello que la Junta aprovechará la Ley sobre medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género de Castilla y León, aprobada la legislatura pasada, para habilitar ayudas directas a las familias para sufragar el gasto de los centros infantiles; ampliar el Programa Conciliamos a los municipios de más de 3.000 habitantes; la puesta en marcha del programa ‘canguros’ de atención diurna en pequeños grupos, especialmente en el mundo rural, y fortalecer las ayudas al ejercicio de los derechos de reducción de jornada laboral y excedencia para el cuidado de hijos y  familiares dependientes.

Consciente que el concepto de familia ha evolucionado, anunció que se extenderán los beneficios existentes para las familias numerosas a las familias monoparentales con dos hijos. Por ejemplo, tendrán una consideración especial en los criterios para el acceso a los servicios públicos.

Ley del Tercer Sector

Isabel Blanco señaló, según recogió Ical, que la Junta aprobará una Ley del Tercer Sector, como órgano de participación y coordinación en materia de política social y reconocimiento a la labor que realizan los profesionales. Se busca promocionar y fortalecer a las entidades e impulsar la cooperación y la colaboración entre sí y con el sector público. También se impulsará un proyecto de ley de Derechos y Garantías de continuidad de cuidados y atención a lo largo de su ciclo vital. Además, durante la legislatura, habrá una Ley de Atención Residencial, que incorpore el modelo de atención personalizado ‘En mi casa’, mediante la adaptación de los centros y la formación de los profesionales que trabajan en los mismos y que regule la eliminación de las sujeciones mecánicas y químicas en los centros de mayores y de personas con discapacidad.

La consejera también aprovechó su comparecencia para recordar que Castilla y León se sitúa “a la vanguardia” en atención a la dependencia pero apostó por mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios y prestaciones. De ahí, que a partir del 1 de enero de 2020, se reducirán los plazos para reconocer el derecho a las prestaciones de dependencia a tres meses, desde la presentación de la solicitud y proporcionará prestaciones de dependencia nuevas a más de 80.000 personas.

Además, se transformarán, al menos, 200 plazas de válidos en plazas para personas dependientes en las residencias de titularidad de la Junta e incrementarán las plazas de convalecencia sociosanitaria en colaboración con diputaciones y, en caso necesario, con el sector privado.

Isabel Blanco hizo una mención especial para las 176.000 personas con discapacidad en Castilla y León, para los que la Junta debe centrar “esfuerzos” para mejorar su calidad de vida. Como principal medida para este colectivo, la Junta aprobará un proyecto de Ley de Derechos y de Garantías de continuidad de cuidados y de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital. Será una ley basada en el compromiso con las personas con discapacidad en clave de derechos, para el desarrollo de sus proyectos vitales, de apoyos orientados a la calidad de vida y a la participación comunitaria. Además, incluirá una amplia batería de medidas fundamentadas en la igualdad y la plena inclusión, en la promoción del empleo y en la accesibilidad.

Violencia de género

Otro de los compromisos “incuestionables” de la Consejería y del Ejecutivo autonómico será la lucha contra la violencia de género. En primer lugar, la consejera aseguró que denunciar es “fundamental” para que las autoridades policiales y judiciales puedan actual. Además, expuso que promoverán, a nivel estatal, la revisión de los protocolos para estudiar la posibilidad de actuar de oficio en algunos casos.

En cuanto a la Ley autonómica contra la Violencia de Género, declaró que se revisará  que siga siendo innovadora y pionera, realizando las adaptaciones necesarias de acuerdo a la realidad actual y a los futuros servicios y prestaciones que se pongan en marcha para dar una respuesta cada vez “más integral y eficaz” a las víctimas.

Apostó por extender el modelo de ‘Objetivo Violencia Cero’ para que los recursos, prestaciones y procedimientos lleguen a todo el territorio. Por ejemplo, crearán en el medio rural –gracias a la colaboración con el tercer sector- una red de detección y alerta ante casos de maltratos. Blanco aseguró que la Junta garantizará a todas las mujeres víctimas “en situación de riesgo” un alojamiento alternativo al domicilio habitual.

Por último, anunció que promoverán una estrategia autonómica contra la violencia sexual  que aúne esfuerzos de todas las administraciones y profesionales implicados. De esta manera, se actuará de forma coordinada para avanzar en la erradicación de este delito y prestar la mejor atención a las víctimas. Es por ello que la Junta firmará un protocolo con las entidades locales para la prevención de agresiones sexistas en las fiestas patronales, con teléfonos de ayuda, espacios de encuentro informativos y coordinación con los recursos del modelo ‘Objetivo Violencia Cero’.