Ecologistas ve "inconstitucional" el blindaje de la caza

SPC
-
Una persona cazando en la Comunidad. - Foto: Agencias

El grupo ecologista pide la dimisión de Suárez-Quiñones, mientras que el consejero de Medio Ambiente responde que estará "muy firme" para trabajar "en contra de los que van contra los intereses de Castilla y León"

Ecologistas en Acción consideró hoy que la Proposición de Ley anunciada por el PP para “blindar” la caza vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y podría ser considerada inconstitucional. Por todo ello, y por las “graves” consecuencias ambientales, sociales y económicas de la “mala gestión cinegética” y de las sentencias recibidas en la materia desde 2003, Ecologistas en Acción volvió a solicitar la petición de dimisión del equipo directivo de la Consejería de Medio Ambiente.

La Proposición de Ley presentada ayer por el Partido Popular y respaldada por PSOE y Ciudadanos, no tiene como objetivo “mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad de la actividad o la conservación de las especies”, estimó Ecologistas en Acción, sino que es “una huida hacia delante de evidente tinte electoralista”. Además, el grupo ecologista consideró que puede ser considerada “inconstitucional” al vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, aspecto sobre el que existe sobrada jurisprudencia constitucional.

El grupo ecologista reiteró a través de un comunicado recogida por Ical que ya hace un año pidió la dimisión tanto del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como del director general de Medio Natural, Jesús Ángel Arranz, por elaborar y aprobar normativa cinegética “que había sido declarada ilegal” por los tribunales, además de por no haber adoptado medidas de estudio, censo y “correcta” conservación de las especies y poblaciones cinegéticas para garantizar el carácter sostenible de la actividad.

Desde Ecologistas se insistió en que los propios cazadores, propietarios de terrenos y titulares de cotos de caza conocían “desde hace años” que el soporte jurídico y técnico de su actividad “estaba en el aire” por carecer de estudios poblacionales y ecológicos, pero en lugar de ser “exigentes” con la Junta, prefirieron “callar y aprovecharse de una laxa, cómoda y favorable normativa”, denunciaron.

"Voy a estar firme"

Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respondió hoy a la petición de dimisión de Ecologistas en Acción que, “obviamente”, no lo va a hacer. “Precisamente, tengo que estar muy firme para trabajar en contra de los que van contra los intereses de Castilla y León como puedan ser quien ha hablado y ha pedido mi dimisión”.

Suárez-Quiñones aseguró hoy en Ávila, donde acudió a la firma de un convenio de abastecimiento de agua con Acuaes y el Ayuntamiento, que su departamento trabaja “a favor de los intereses generales y otros a favor de otros intereses que no son los generales de Castilla y León y han intentado por todos los medios perjudicar la economía, las tradiciones y la sostenibilidad del medio ambiente”. “Van por delante con la disculpa de que es para proteger a la naturaleza y lo que hacen es perjudicarla y poner el riesgo la salud animal y la de las personas”.

“No solo no dimito, sino que trabajaré con más ahínco para evitar que este tipo de iniciativas perjudique los intereses de Castilla y León”, defendió el consejero, que ante la consideración de Ecologistas en Acción de inconstitucionalidad de la propuesta de Ley de PP, PSOE y Cs registrada ayer en las Cortes, comentó que “es una opinión jurídica respetable como todas”. “Yo creo que las Cortes de Castilla y León representan a la soberanía popular, ejercen sus competencias conforme al Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, y hará lo que tienen que hacer. No creo que haya ningún tipo de infracción y en consecuencia el poder legislativo adoptará las decisiones que estime oportuno desde la Ley. Hay un trámite parlamentario que terminará como tenga que terminar, y lo lógico es que termine con una aprobación de la modificación de la Ley en el ejercicio de las competencias legislativas”, sentenció.