Agricultura presume de gestión y la oposición se la afea

SPC-Agencias
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El PP le acusa de modificar la aplicación del PAC los dos próximos años «sin diálogo» con las comunidades autónomas y VOX denuncia «la entrada de productos sin control de fuera de Europa»

Agricultura presume de gestión y la oposición se la afea

Luis Planas, ministro de Agricultura, se ha referido este martes al «trabajo intenso» que está llevando a cabo su Ministerio en coordinación con las comunidades autónomas y también con los agentes del sector desde febrero de 2019, y que ha continuado durante el pasado año «a pesar de la irrupción de la pandemia». También se ha referido a que el Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la próxima PAC será la principal herramienta para implementar y hacer posible las necesidades del sector agroalimentario español, en colaboración con el trabajo de las autonomías, las organizaciones agrarias y las cooperativas.

Respecto a este asunto, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha referido al real decreto, aprobado este mismo martes, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en 2021 y 2022 de los decretos que rigen la gestión de la PAC en España para dotar al sector de un «marco estable» a agricultores y ganaderos durante este periodo de cambio. Ha recalcado que «contribuirá a hacer una transición razonable entre las dos PAC, dando la máxima prioridad a agricultores y ganaderos que residen en los pueblos del conjunto de España».

Al mismo tiempo, y como «importantes avances» logrados recientemente, a juicio del ministro, con vistas al periodo 2021-2027, ha citado los 47.724 millones de euros alcanzados que «garantizan una financiación suficiente en estos siete años para acometer las transformaciones necesarias»; además de los fondos adicionales provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que van a suponer «una importante inyección de más de 1.000 millones para el sector».

Por otra parte, Planas ha defendido igualmente que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria pretende tener en cuenta y dedicar una «atención particular» a la agricultura profesional y familiar que «implica el conjunto de la agricultura» y que supone «la gran clase media de la agricultura y ganadería española», por la «necesidad de unos beneficios empresariales que tienen que darle rentabilidad, que tienen que darle futuro y en definitiva que tienen que darle oportunidades para todo ello».

Sin embargo, en el PP no están del todo de acuerdo con este balance. Los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas gobernadas por esta formación denunciaron antes de la aprobación de la norma que el Gobierno va a modificar con él la aplicación en España de la PAC para 2021 y 2022, dos años antes de lo exigido por la UE, de manera «unilateral sin negociación, ni diálogo, ni información con las comunidades autónomas ni con los sectores ni con los agricultores». La responsable de Agricultura y Despoblación de los populares, Milagros Marcos, manifestaba este lunes que «el Gobierno pretende aprobar un real decreto este martes sin que los responsables de la gestión, que son las comunidades autónomas, hayan debatido sobre él, ni alcanzado consenso sobre los cambios, ni atendido sus propuestas».

A pesar de que la propia Comisión Europea mantenía estos dos años como periodo de transición que prorroga las normas actuales de la PAC hasta finales de 2022, el PP denunciaba que el real decreto aprovecha para introducir cambios en aspectos claves como el relativo a las ayudas que reciben actualmente los agricultores y ganaderos, «acabando así con la seguridad de los productores». Los responsables autonómicos del PP denuncian «el ninguneo constante del Gobierno, el oscurantismo en la información sobre los cambios que pretende introducir en la PAC y la inseguridad que genera la constante propaganda variable del ministro Planas en función de la región en la que esté».

Con esta nueva norma, el Gobierno adelanta las modificaciones antes de que llegue la nueva PAC en 2023 de manera que los agricultores y ganaderos sufrirán los recortes poco a poco de dos formas diferentes, según el PP. Afirman que el real decreto modifica los actuales criterios de convergencia del valor de los derechos de pago básico en solo dos años, 2021 y 2022, y que elimina el límite máximo que existe actualmente para que nadie pierda más del 30%. El PP advierte de que hay sectores que se verán más directamente afectados por la convergencia y también por las nuevas normas de aprovechamiento de los pastos, como son el vacuno de cebo y el ovino-caprino.

Sector desprotegido.

Por otra parte, Agustín Rosety, diputado de VOX en el congreso, ha pedido al Gobierno que ponga en marcha medidas compensatorias para el sector primario al estar «desprotegido ante la situación de desventaja en la que se encuentran los agricultores, ganaderos y pescadores españoles respecto de los productos que llegan de terceros países sin control con el beneplácito de la Unión Europea». Rosety ha insistido en la necesidad de acometer una «profunda reforma» de la Política Agraria de la Unión Europea ya que «gracias a los tratados de libre comercio, se permite la entrada de productos, a bajo coste, que no cumplen con las mismas condiciones laborales ni con las mismas medidas sanitarias en frontera y de calidad que se les exigen a los que se producen en España».

En este sentido, ha añadido que «la situación para los productores se hace ya insostenible» si se habla de ganadería y agricultura ecológicas, que «conllevan un mayor gasto en el campo y, sin embargo, no reciben ayudas para competir con las grandes multinacionales». «Los productores que apuestan por el mercado ecológico tienen que trabajar al menos tres años sabiendo que no van a tener beneficios. Así es muy complicado que se pueda implantar la agricultura ecológica cuando al trabajador del campo no le compensa el esfuerzo realizado», ha afirmado el miembro de VOX.

Rosety ha abogado por impulsar el mercado de proximidad para que a los ciudadanos les lleguen productos nacionales, de calidad y que cumplen con los máximos requisitos sanitarios y de respeto al medio ambiente, así como reivindicar los principios de preferencia comunitaria y reciprocidad fitosanitaria. «Es una manera de luchar contra la competencia desleal mientras se contribuye a impulsar el sector primario en nuestro país, un sector fundamental como ha quedado demostrado durante la pandemia», ha concluido.