Durante las última fechas, representantes de todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde los productores en origen a los lineales de la distribución, así como desde el Ministerio de Agricultura a la oposición, han participado en los debates el seno de la Comisión de Agricultura del Congreso de cara a elaboración de una nueva ley para la Cadena Alimentaria a la que se debe incorporar antes del uno de mayo el contenido de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales para su entrada en vigor en noviembre de este año. Sobre las posiciones mantenidas en relación con el texto presentado por el Gobierno y sobre el funcionamiento del actual real decreto-ley por el que se exige que los precios de venta cubran al menos los costes de producción en cada eslabón de la cadena, las posiciones fueron coincidentes: se trata de una disposición manifiestamente mejorable.

Disponer de una Ley de la Cadena Alimentaria para lograr un equilibrio entre los intereses de todos los agentes que forman parte de ella -productores, industria y distribución- ha sido uno de las demandas más largamente planteadas por el sector agrario en las últimas décadas al ser la parte más débil, el final de la cadena, que pagaba y paga los platos rotos entre la distribución y las industrias. En ese objetivo, cabe señalar como el inicio de este proceso la decisión de Miguel Arias Cañete de aprobar una Ley en 2014 que no se habían atrevido a sacar en la legislatura anterior los socialistas por la oposición de los hombres de Economía, en la que el punto fundamental era la exigencia de hacer contratos, pero donde no se abordaba la venta a pérdidas.

El pasado año, por estas fechas, con los tractores en las carreteras en demanda de precios justos, el Gobierno sacaba por urgencia un real decreto-ley en el que la novedad más importante era la obligación de que los precios de venta a lo largo de la cadena, comenzando por el campo, cubrieran, al menos, los costes de producción.

La nueva ley, según Agricultura, debe suponer un nuevo marco para las relaciones contractuales en defensa de la parte más débil que es el sector agropecuario, en base a una mayor transparencia en la formación de los precios y lograr así un mayor equilibrio entre los intereses de todas las partes. Se sabe es un proceso lento que no se puede lograr de la noche a la mañana, dada la posición de partida.

La actual propuesta de ley contempla novedades sobre la normativa actual, tanto a iniciativa de la Administración española como por las exigencias de la directiva comunitaria. En ese contexto se plantean modificaciones en aspectos como el valor y la calificación de las sanciones, la generalización de los contratos, se incorporan prácticas desleales como la modificación unilateral de los contratos o la devolución de los productos no vendidos, salvo que exista un pacto entre las partes, y, un dato importante, se incluyen las operaciones que se lleven a cabo con operadores comunitarios, así como de terceros países. Por el contrario, según las críticas del sector, sigue sin abordar claramente la venta a pérdidas en la distribución, no se incluye al sector de la restauración, canal HORECA, entre los operadores; las cooperativas que liquidan hoy a resultas siguen fuera de la exigencia de pagar los precios de coste si tienen una normativa interna a través de la cual fijen condiciones de entrega y de pagos a los socios.

No obstante la importancia de las incorporaciones a la nueva disposición, la realidad es que el eje de los debates de todas las partes se mantiene en relación con la obligación de que los precios de venta en cada eslabón de la cadena cubran al menos los precios de coste. Ello supone seguir poniendo sobre la mesa las dudas y los interrogantes que se mantienen entre los sectores afectados: campo, industria y distribución. De entrada, una petición general a la Administración es que se elaboren los estudios correspondientes sobre los precios mínimos de coste en las diferentes producciones y tipos de explotación y el control de las operaciones, todo ello con las dificultades que supone señalar un precio que puede tener múltiples variaciones según calidades, estructura de la explotación, el momento de la venta o un precio que reflejara la cotización media de una campaña.

En relación con la obligación de pagar los precios de coste, ASAJA, UPA y COAG coinciden en que, en los últimos siete meses, su aplicación ha sido prácticamente inexistente. Con la ley en el BOE, en sectores como olivar, viñedo, aceite o frutas y hortalizas, se han seguido haciendo contratos públicos por debajo de los costes de producción y en otros como el cereal, con un claro dominio de la ausencia de contratos. En concreto, desde los productores de hortalizas, la exigencia de pagar precios de coste se ha visto como una medida contra el sector donde los operadores, al tener que abonar esas cantidades, paralizaron compras abriendo la puerta a más importaciones ligeramente más baratas de Marruecos. En ese caso, la realidad es que el problema no estaría en la ley, sino en una mejor regulación de las importaciones.

Como ya han venido señalando en los meses precedentes, la industria alimentaria mantiene su oposición a una disposición que, en su opinión, les puede colocar en una permanente posición de inseguridad jurídica caso de comprar un producto por debajo de ese precio que se considere como coste de producción, aunque el vendedor lo asumiera en el contrato.

En la distribución, las dudas del sector se centran en los límites objetivos sobre las ventas de promoción y la necesidad de dar salida a productos con riesgo de deterioro. Una situación similar a la de un agricultor con un producto de campaña perecedero que tiene la opción de conservar con riesgo de perder o de vender por debajo de costes.

De cara a los intereses del sector agrario, para lograr una remuneración justa que asegure la rentabilidad de la actividad, obligar a pagar los costes de producción solo con el BOE en la mano, e incluso con los controles de la AICA, no pasa de ser una política voluntarista ante productos perecederos si la misma no va acompañada en paralelo de una mejor ordenación de las importaciones en volumen y precios y, sobre todo, de más mecanismos para la regulación del mercado interior, almacenamiento, retirada, etc. y de la potenciación de mayores estructuras en manos de los productores para lograr un equilibrio frente a las estructuras dominantes en la industria y la distribución.