Vox exige protocolos para agilizar la concesión de licencias

Carlos H. Sanz
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El grupo municipal aboga por dar prioridad a los expedientes de más relevancia, utilizar la figura de declaración responsable o crear un consejo urbanístico

Vox exige protocolos para agilizar la concesión de licencias - Foto: Luis López Araico

Uno de los objetivos que se marcaron prácticamente todos los grupos municipales al comienzo de mandato fue el de poner fin al mal funcionamiento del departamento de Urbanismo. En estos seis meses, las quejas de particulares y empresarios se acumulan por la lentitud con la que se conceden las licencias y permisos, sin que haya habido resultados hasta el momento.
En la Junta de Gobierno Local de ayer, la edil de Vox, Sonia Lalanda, tomó la iniciativa para que se «revise con espíritu crítico lo que hay» en vez de «meter más empleados públicos y gastar más». «El tiempo que se toma el Ayuntamiento en conceder la autorización es inaceptable; la interpretación normativa se realiza siempre en el sentido más perjudicial para el ciudadano; y los administrados son considerados todos como infractores en potencia a los que hay que desenmascarar», recriminó Lalanda a la concejalía de Urbanismo.
Así, la edil de Vox solicitó, en primer lugar, dar prioridad a los expedientes de especial relevancia, a través de protocolos de tramitación considerando tres grupos de licencias: declaraciones responsables, expedientes de menos de 1.000.000 euros y expedientes de más.
«Hay que buscar la manera de que estos expedientes se resuelvan en unos plazos razonables, fijándose como objetivo de calidad en la prestación del servicio unos plazos máximos de resolución a ser posible inferiores a los legalmente establecidos», sostiene Lalanda.
En segundo lugar, aboga por la concesión de la licencia de primera ocupación mediante declaración responsable y, en tercero, por establecer uniformidad en los criterios entre los técnicos para «evitar contradicciones según el técnico que corresponda y adoptar como norma la interpretación más favorable».
La cuarta medida es reclamar la presencia de un representante municipal en la Comisión Territorial de Patrimonio cuando tengan que dictaminar algún expediente del Ayuntamiento. Y, finalmente, la creación de un consejo urbanístico que agrupe a los agentes del sector -Aecopa, API, colegios profesionales, etc.- «para analizar los problemas existentes y abordar soluciones desde el Ayuntamiento».