Acusado de estafa un matrimonio tras un accidente mortal en Palencia

ALBERTO ABASCAL
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La compañía de seguros contrató los servicios de detectives para averiguar la situación psíquica real del procesado

Imagen de archivo de la CL-613, que discurre entre Palencia y Villada. - Foto: óscar navarro

El Ministerio Fiscal ha solicitado para un matrimonio un año y ocho meses de prisión y multa, así como la devolución de la indemnización, como presunto responsable de un delito de estafa a una compañía de seguros, que les abonó más de 539.000 euros por unas supuestas secuelas psíquicas inexistentes del varón tras sufrir un accidente de tráfico en Villaumbrales en enero de 1999, que se saldó con una persona fallecida. La compañía de seguros promovió la querella contra los acusados tras contratar los servicios de una empresa de detectives que valoró el estado psiquiátrico del procesado.

El escrito de acusación provisional elaborado por el fiscal, al que ha tenido acceso Diario Palentino y por el que ha interesado la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Palencia, parte de unos hechos ocurridos el 12 de enero de 1999 cuando el acusado J.M.F.R. sufrió un accidente de circulación al colisionar frontalmente el vehículo que conducía con otro turismo, cuyo conductor falleció, en el kilómetro 7,750 de la CL-613 (Palencia-Villada), en término municipal de Villaumbrales.

Como consecuencia del accidente, el acusado sufrió diversas lesiones como fracturas de fémur, traumatismo torácico y artritis reumática de rodilla  y muñeca izquierda, si bien  no tuvo pérdida de conciencia.

El fiscal explica en su escrito que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Palencia incoó un procedimiento de juicio de faltas, siendo archivado en marzo de 1999 al extinguirse en la vía penal por el fallecimiento del conductor causante del siniestro, sin que el acusado llegase a ser reconocido ni examinado por el médico forense. El Ministerio Público recuerda además que, posteriormente, en la vía civil, tras varios actos de conciliación entre los acusados y la compañía de seguros del conductor fallecido, en marzo de 2000 se le entregó a la esposa, M.A.B.E, acusada también el este proceso, la cantidad de 4.698.720 de las antiguas pesetas en concepto de indemnización que correspondía a su esposo.

PSIQUIATRAS. El fiscal resalta en su informe que, tras sufrir el accidente, el matrimonio acusado había acudido a diversos profesionales sanitarios. De hecho, fue atendido inicialmente en el Hospital San Telmo donde fue tratado de las lesiones físicas y desde donde partió en marzo de 2002 un informe que hacía constar dichas secuelas físicas y un síndrome depresivo postraumático, que no fue valorado por el doctor que realizó dicho informe, remitiéndole para ello al Servicio de Psquiatría.

Los acusados –sigue el relato del fiscal-  acudió, por tanto, a la consulta de una profesional médica, a la que explicaron que él padecía síntomas como nerviosismo, insomnio, hiperactividad, pesadillas, étc. Transcurridos varios años de tratamiento  médico, la doctora diagnosticó en enero de 2001 que el varón padecía un trastorno por estrés postraumático y una depresión mayor, diagnóstico que reitera en un segundo informe fechado el 16 de noviembre de 2002.

Los acusados también acudieron a otras dos consultas médicas de psquiatría entre los años 2001 y 2002. En los informes elaborados se hizo constar que el acusado «necesitaba de la presencia de su esposa para mantener el curso del relato o aportar la información correspondiente, además de mantener una actitud  infantiloide, agresividad o alteración del sueño». Eso sí, en todas las entrevistas médicas, con los diferentes facultativos, el acusado «acudía siempre acompañado por la acusada, su esposa, siendo la misma quien manifestaba todos los síntomas que supuestamente padecía su marido», según sostiene el Ministerio Fiscal.

En cualquier caso, a instancias de la compañía aseguradora, el acusado compareció en la consulta de un nuevo psiquiatra. Éste emitió un juicio en el que no consideraba  que el  paciente que padeciera un trastorno psicoorgánico postraumático.

ELEVADA INDEMNIZACIÓN.  Así las cosas, el  fiscal sostiene en su escrito de acusación que «prevaliéndose de los informes médicos descritos, los acusados, movidos por la idea de obtener un ilícito beneficio, decidieron simular y exagerar las secuelas psíquicas que el acusado padecía, para conseguir de este modo el cobro de la aseguradora de una elevada indemnización, notablemente superior a la que les correspondía».

Y es que en julio de 2002 los acusados decidieron interponer una demanda contra la compañía aseguradora, cuyos autos fueron seguidos en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Palencia.

En dicha demanda se narraba que, tras el accidente, el acusado comenzó a padecer una sintomatología ansioso-depresiva, por lo que había seguido un tratamiento psiquiátrico durante más de tres años y tras narrar las entrevistas médicas, se indicaba que padecía un síndrome orgánico de la personalidad y estaba incurso en incapacidad para funcionar en todas las áreas, necesitando ayuda y supervisión continua de una tercera persona, incluso para las funciones más elementales de la vida.

En base a esta argumentación, los acusados reclamaron por daños físicos, síndrome orgánico de la personalidad, daños morales, incapacidad permanente, supervisión de una tercera persona, por perjuicios morales para la familia (esposa e hija) e intereses la cantidad global de  640.610,02 euros.

«ERROR» DE LA compañía ASEGURADORA. El fiscal subraya que la compañía aseguradora  «sufrió un error» al creer que el acusado varón padecía dichas secuelas psíquicas y a tenor de los informes médicos remitidos, la compañía promovió alcanzar un acuerdo extrajudicial, que fue homologado judicialmente, poniendo punto final al proceso.

En base a este acuerdo, la aseguradora abonó al acusado la suma global de 539.099,69 euros, incluidos los 28.239,40 ya percibidos con anterioridad.  

El acuerdo fue homologado mediante un auto del Juzgado Número 2 de Palencia el 18 de octubre de 2002.

LAS SOSPECHAS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS. Fue a partir de aquí  cuando surgieron las «serias sospechas» sobre las secuelas psíquicas del acusado,  que «podían ser  simuladas o exageradas».

Por ello, la aseguradora decidió contratar los servicios de la empresa de detectives Clavenna Eirogrupo SL a fin de intentar averiguar la situación psíquica real del procesado.

A la vista del informe de seguimiento de la agencia de detectives, la aseguradora solicitó un nuevo informe psiquiátrico del acusado como consecuencia del accidente, un informe que fue elaborado por el propio presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Lorenzo J. Llaquet Baldellou.

Su informe concluye  que los informes médicos aportados por los acusados contienen anomalías técnicas «más que suficientes» como para invalidar sus diagnósticos. Que el acusado no padece ninguno de los trastornos mentales diagnosticados; de hecho, sostiene que el procesado «no padece trastorno mental alguno» y que  «tampoco parece estar en situación de incapacidad y que no precisa en absoluto ayuda de una tercera persona».

Igualmente, fue  examinado el acusado por un equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real y Toledo, que concluye que  «no presenta deterioro intelectual significativo, ni deterioro en el funcionamiento mental que le incapacite para su vida diaria», incluso, como indica el fiscal, ha renovado su permiso de conducir.

Con todo, este caso se verá próximamente en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Palencia.

 

El seguimiento del detective

El informe de la empresa de detectives se inicia en junio de 2004. En esa fecha, pudo comprobar cómo el acusado sake de un garaje privado conduciendo un vehículo. Posteriormente, se dirige a un supermercado ubicado en Almadén (Ciudad Real) y en su interior se comporta «con toda normalidad». De hecho, el matrimonio, según el informe del detective, realiza diversas compras, «saludando a algunos vecinos y conversando con ellos». «J.M.F.R. hablaba por su teléfono móvil mientras mira algún producto, descarga el carro al llegar a la caja y paga con tarjeta de crédito». El detective también suscribe que en septiembre de 2004 pudo comprobar cómo el acusado recoge a su mujer y a su hija para trasladarse al colegio. Una vez que la niña ya está en clase, el matrimonio, «conduciendo el acusado», se dirige a un bazar donde el propio detective le pregunta cómo llegar a Pozoblanco (Córdoba). El acusado, amablemente, sale del establecimiento y da al detective toda clase de explicaciones detalladas. «Compra tabaco, saca dinero de un cajero automático y entra en un bar donde solicita que le sirvan un café con leche y, tras pedir cambio, se dedica a jugar en una máquina tragaperras, recoge el dinero ganado, comprueba que efectivamente lo ha cogido todo y escoge las monedas para seguir jugando», asegura el informe del detective contratado por la aseguradora para demostrar que el procesado no padece las secuelas mentales que argumentó. En el informe se incluye un pasaje de cómo tras comprar tabaco en un estanco, cuenta un chiste sobre las actitudes dominantes de las mujeres.  El día 25 de noviembre, el detective entabla con él una conversación, interesándose por el alquiler de pisos en la localidad. El acusado da razón de los precios en pesetas y con relativa rapidez. Además, le explica al detective las características de unas y otras viviendas. Por lo demás, lleva a su hija con regularidad al colegio y al conservatorio en una localidad cercana.



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