El Partido Socialista exprimió ayer la pérdida de la mayoría absoluta de PP y Ciudadanos en las Cortes tras la fuga de María Montero de la formación naranja para hacerse fuerte en el Parlamento regional y reimpulsar la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias durante la pandemia y para arrebatarle a Ciudadanos la presidencia de la comisión que investiga las concesiones eólicas, el edificio de Arroyo de la Encomienda, los terrenos de Portillo y las sedes en el exterior. Ante la falta de acuerdo entre PP y Cs con Por Ávila para devolver estabilidad a los grupos de Gobierno en las Cortes, el PSOE, la procuradora no adscrita, María Montero, y la mayor parte de los del Grupo Mixto –sólo falta VOX– presentaron ayer la nueva petición para la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia del coronavirus, con el «único afán» de conocer la verdad de lo sucedido para que no se vuelva a repetir y no se vuelva a ver «tantísimo sufrimiento como el que se ha visto durante meses y meses».
Según explicaron en una rueda de prensa conjunta el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, y la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, el objetivo de esta nueva petición –la comisión de investigación fue rechazada en diciembre por PP y Ciudadanos que contaban entonces con mayoría absoluta en las Cortes– es «un acto de justicia» con los más de 4.000 fallecidos por covid o por síntomas compatibles con el coronavirus, una cifra «más que suficiente», a su juicio, para conocer la verdad.
«Las mayorías han cambiado, lo tienen que entender», recordaron Tudanca y Domínguez a los dos grupos que sustentan al Gobierno y, apelando a su conciencia, hicieron un llamamiento expreso a que «esta vez» no boicoteen ni pongan «más palos en las ruedas» y permitan la constitución de esta comisión de investigación. El socialista se mostró convencido de que la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, vuelva a votar a favor de la creación de esta comisión de investigación. «No tenemos duda», aseveró la procuradora de la formación morada que negó que pueda haber un problema de «excesivo trabajo» en las Cortes.
Una decisión aplaudida por la Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias de Castilla y León, que consideró que la creación de una comisión de investigación «era, es y será una necesidad urgente». Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, afirmó que están dispuestos a la investigación de la gestión en las residencias, pero advirtió que debe servir para que «se sepa todo» y la transparencia se extienda también a las decisiones del Gobierno dado que tuvo el mando único. Criticó que el PSOE utilice «el dolor y la muerte», afirmó que hace «una política basura», dado que no existe ningún hecho judicial y añadió que los socialistas «se sienten cómodos en el lodazal en que han convertido la política».
Ana Sánchez, presidenta
También ayer, el Grupo Socialista arrebató a Ciudadanos la Presidencia de la comisión de investigación de las eólicas al convertir en presidenta a Ana Sánchez, en sustitución del burgalés José Ignacio Delgado, que renunció el 11 de marzo al cargo por enfermar de covid-19 y ser hospitalizado. En la reunión de ayer se abordó la elección del presidente, con la presentación de la candidatura de Ana Sánchez y José Ignacio Delgado, que empataron en votos, por lo que se deshizo con el voto ponderado de los socialistas, que son el grupo mayoritario en la cámara. Tras resultar elegida, la socialista Ana Sánchez insistió en que su intención es que se sepa «todo» lo ocurrido, a su juicio, con las tramas de corrupción del PP de Castilla y León durante décadas y anunció una reestructuración del calendario de comparecientes y la posibilidad de cambiar el orden o de citar de nuevo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
Con distinto semblante comparecieron ante los medios el ya expresidente de la comisión, el parlamentario de Cs José Ignacio Delgado, y el popular Salvador Cruz, quienes acusaron a los socialistas de utilizar algo tan bajo como la enfermedad del anterior presidente para hacerse con las riendas de la comisión. En esta misma línea, Francisco Igea, censuró «la catadura moral» de la oposición socialista por haber aprovechado la enfermedad y el transfuguismo para hacerse con la presidencia.