Reconocen la incapacidad permanente para una mujer violada

SPC
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Fachada del Tribunal Superior de Justicia, en Burgos - Foto: Luis López Araico

Los jueces declaran probado que las secuelas psicológicas del ataque le impiden afrontar cualquier tipo de trabajo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de declarar firme la resolución que reconoce la incapacidad permanente a una mujer secuestrada y violada en Zamora en 1997, desde entonces en tratamiento y padeciendo un “calvario psíquico” que le impide “llevar a cabo cualquier actividad laboral de forma eficiente”.

La mujer fue víctima de una agresión sexual en octubre de 1997 en Zamora a punta de pistola por parte de un hombre recién salido de la cárcel tras matar a dos personas. Ya entonces la Audiencia de Zamora reconoció que la víctima padecía un “trastorno de estrés postraumático de curso crónico” y fue en 2017, tras 20 años de tratamiento en los servicios de psiquiatría y psicología de la Junta de Castilla y León, cuando pidió que reconociese su incapacidad permanente para trabajar por las secuelas del ataque.

Una incapacidad permanente que no le fue reconocida en un primer momento por la Seguridad Social pero sí después por un juzgado de lo Social de Zamora y ahora de forma definitiva por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Según explicó ella misma, “una llamada al timbre o encontrarse a una persona en la escalera le provoca un cuadro de ansiedad, temor y terror, incluso con ataques de pánico, que anulan cualquier actividad y que le impiden incluso salir a la calle”, según informa Ical.

La sentencia, de la que fue ponente José Manuel Riesco y que no ha sido recurrida, rechaza el recurso de la Seguridad Social y confirma el reconocimiento de la incapacidad permanente a esta mujer por las secuelas psicológicas de la violación. Fuentes del Tribunal Supremo reconocieron que su sala de lo Social nunca ha estudiado un caso de estas características, recordando también la dificultad de que este tipo de reclamaciones lleguen hasta el alto tribunal en casación.

Los jueces explican que la mujer padece un “calvario psíquico desde 1997” con un estado clínico que interfiere “en su vida personal, social y familiar” y que por tanto es ajustado a derecho reconocerle la incapacidad permanente, un cuadro que se agudizó cuando supo que su agresor iba a quedar en libertad tras cumplir condena, produciéndole “ansiedad generalizada, hipervigilancia, evitación, escape y sintomatología vegetativa”.

Su afectación psicológica “le impide llevar a cabo cualquier actividad laboral de forma eficiente y conforme a los mínimos requerimientos imprescindibles en cualquier profesión”, explica la sentencia, y que, en definitiva, “no puede desempeñar ningún tipo de actividad laboral”.